Análisis del arbitraje y la relación jurídica con el Código Orgánico General de Procesos (COGEP)=

Analysis of arbitration and the legal relationship with the General Organic Code of = Processes (COGEP)

¹	Gabriel Alejandro Err= eyes Saá	https://orcid.org/0009-0001-4816-4579
	Universidad Católica de Cuenca, Cuenca, Ecuador.<= /span> gabriel.erreyes.63@est.ucacue.edu.ec
²	Mónica Piedra Sarmiento	https://orcid.org/0000-0002-9421-0636
	Universidad Católic= a de Cuenca, Cuenca, Ecuador. mpiedra@ucacue.edu.ec

=	Artículo de Investigación Científica y Tecnológica Enviado: 21/03/2024<= /o:p> Revisado: 18/04/2024= Aceptado: 09/05/2024= Publicado:05/06/2024= DOI: https://doi.org/10.33262/= ap.v6i2.3.506
<= span style=3D'mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:115%;mso-fareast-font-fami= ly: Calibri;mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:blue'>
Cítese:		Erreyes Saá, G. A., & Piedra Sarmiento, M. (2024). Análisis del arbitraje y la relación jurídica con el Código Orgánico General de Procesos (COGEP). AlfaPublicaciones, 6(2.3), 1= 37–154. https://doi.org/10.332= 62/ap.v6i2.3.506
	<= /b>	ALFA PUBLICACIONES, es una revista multidisciplinar, trimestral, que= se publicará en soporte electrónico tiene como misión contribuir a la= formación de profesionales competentes con visión humanística y crítica que sean capaces de exponer sus resultados investigativos y científicos en la misma medida que se promueva mediante su intervención cambios positivos en la sociedad. https://alfapublica= ciones.com <= span style=3D'font-size:8.0pt;line-height:115%;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"'>La revista es editada por la Editorial Ciencia Digital (Editorial de prestigio registrada en la Cámara Ecuatoriana de Libro con No de Afiliación 663) www.celibro.org.ec
	<= /b>	<= span style=3D'font-size:8.0pt;line-height:115%;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"'>Esta revista está protegida bajo = una licencia Creative Commons Attribution Non Commercial No Derivatives 4.0 International. Copia de la licencia: http://creativecomm= ons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Palabras claves: arbitraje, solución de confl= ictos, acuerdos, tribunales, sistemas jurídicos.	<= /b>	Resumen Introducc= ión. Las normas del arbitraje e= n el Ecuador son insuficientes para efectivizar el proceso con respecto al Cód= igo Orgánico General de Procesos. Objetivo: Relacionar el proceso arbitral y lo dispuesto en el COGEP. Metodolog= ía: Para cumplir con el objetivo propuesto se aplicó la metodología descriptiva, histórica con enfoque mixto (cualitativo, cuantitativo), con= el apoyo de la revisión bibliográfica y la aplicación de un cuestionario a abogados en libre ejercicio de Cuenca. Resultado= s: Derivó en encontrar que se conoce del procedimiento arbitral, las semejanzas favorables y diferencias que desmerecen la finalidad con la qu= e se creó el arbitraje, destacando la necesidad de motivar la creación de norm= as propias en este procedimiento. Conclusión: Al no encontrarse el camino adecuado para regular de manera clara los procedimientos arbitrales la finalidad está en riesgo, porque no cumpliría ser un mecanismo que garantice la efectiva tutela de derechos en esta alternativa de mediación. Área de estudio general: Derecho. Área de estudio específica: Derecho procesal
Keywords: arbi= tration, conflict resolution, agreements, courts, legal systems.		Abstract Introduction: The arbitration rules in Ecuador are insufficien= t to make the process effective with respect to the General Organic Code of Processes. Objective: Relate the arbitration process and the provisions of the COGEP. Methodology: To meet the proposed objecti= ve, the descriptive, historical methodology with a mixed approach (qualitativ= e, quantitative) was applied, with the support of the bibliographic review a= nd the application of a questionnaire to free practicing lawyers in Cuenca.<= b> Results: It resulted in finding that the arbitration procedure is known, the favor= able similarities and differences that detract from the purpose for which the arbitration was created, highlighting the need to motivate the creation of its own rules in this procedure. Conclusion: By not finding the appropriate way to clea= rly regulate arbitration procedures, the purpose is at risk, because it would= not serve as a mechanism that guarantees the effective protection of rights in this mediation alternative.

Introducción<= /b>

Es nec= esario, establecer que el arbitraje se diferencia de la mediación, porque se vincula con la función del Tribunal Arbitral (3 árbitros) para resolver el conflict= o, mediante decisiones que obligan a las partes a su cumplimiento (Arteaga &am= p; Rodríguez, 2020); es decir, para alcanzar la seguridad del proceso, es impo= rtante que los involucrados tengan un proceso cultural de cambio; hacia una efecti= va cultura de paz.

En el = proceso de arbitraje existe una canalización diferente de los intereses presentes e= n la disputa, al considerar que el Tribunal Arbitral resolverá el problema (Carnelutti, 2015). Como consecue= ncia el arbitraje en derecho tiene una orientación procedimental privada para resolver causas jurídicas, siempre que se enmarquen el elemento con libre disposición.

En Ecu= ador se reconoce al arbitraje, tal como lo seńala la Asamblea Nacional Constituyente (2008) la opción para solucionar conflictos, busca aportar a mitigar los problemas de ineficiencia e ineficacia presentes en la administración de justicia, problemas que son reconocidos por el sistema judicial ecuatoriano, teniendo elevadas críticas de actuación por la sociedad que demanda celerid= ad en los procesos que lo requieren.

A todo= esto, pese a la regulación del procedimiento en el Código Orgánico General de Procesos (COGEP) (República del Ecuador, 2015), se observa discrepancias, d= esde la aplicabilidad, encontrando inconvenientes para asociar la justicia constitucional con el arbitraje, en particular, por ejemplo, lo vinculado c= on la anulación del laudo, al violentar los derechos consagrados en el texto constitucional (Rodas, Almeida, & Correa , 2020). La infracción= de un derecho fundamental justifica derogar o no hacer efectiva la ejecución del laudo arbitral, por la actualización de la causal de orden público, enfatiz= ando que ello trastoca, además, principios elementales de justicia y moral (González, 2014)

En cam= bio, con la relación al COGEP, es necesario puntualizar que el procedimiento de la justicia ordinaria es aplicable al procedimiento arbitral cuando se regulen= aspectos no contemplados en el acuerdo arbitral, en la LAM o su reglamento (Aguirre, 2018, pág. 45).

Bajo e= ste escenario los procedimientos arbitrales no tienen excepción ante la justicia ordinaria, son los del arbitraje. O sea, no se asocia a una mezcla de regla= s de la justicia ordinaria y la de los árbitros; tampoco son las que dicen las partes. El solo hecho de que intervenga un tribunal, ya aclara enseguida qu= e de una u otra forma, los árbitros siempre ejercerán labores de dirección del proceso (Aguirre, 2018, pág. 45). Pretender que= solo los involucrados verifiquen la pauta, sin que el tercero ecuánime dirija el proceso, conduzca a escenarios poco imaginados, donde se puede dar pie a la indefensión.

Por tal motivo, la carencia de normas propias (imperativas) del arbitraje, en otras palabras, tiene contenido, en donde los sujetos jurídicos no pueden prescin= dir, es limitante para efectivizar al mecanismo como alternativa idónea en la resolución de litigios, porque al observarse que las normas que rigen al arbitraje son insuficientes para el trámite del proceso, se afianza la limitación de los avances de derechos, contrariedad en las normas que lo regulan y la aplicación otros mecanismos para solventar conflictos.

Con lo= expuesto, la formulación del problema se plantea a través de la siguiente interrogante żLas normas del arbitraje en la legislación ecuatoriana son suficientes par= a el efectivo trámite del proceso con relación al COGEP?

Al res= pecto, la investigación pretende aportar a una solución al problema planteado a tr= avés del aporte académico necesario para contrastar los diferentes postulados teóricos que se relacionan con el proceso arbitral, sumado a las experienci= as y conocimientos adquiridos en la formación universitaria que lleven a contras= tar las teorías y establecer otros criterios jurídicos que ayuden a mejorar los procedimientos; hechos que justifican la aplicación del presente artículo.<= /p>
Metodología

El dis= eńo de la investigación fue no experimental, que se relaciona con no manipular de forma deliberada los datos recolectados (Zurita, Márquez, Miranda, & Villasís, 2018). Según el alca= nce es de tipo descriptiva, porque se fundamenta en indagar sobre aspectos específicos, a través de recoger las características y propiedades (Alban, Arguello, & Molina, 2020). Es de corte transversal, ya que está definido un tiempo de estudio en el 2023. La propu= esta de metodológica se muestra en la Figura 1 que representa las características del modelo mixto, las técnicas y consideraciones investigativas necesarias = para el análisis del fenómeno de estudio

Figura 1

Caracterización del enfoque cualitativo y cuantitativo

        Nota: esquema metodológico establecido para cumplir los objetivos y técnicas de estudio

Como se muestra en la Figura 1, según el enfoque es mixto, es decir cuantitativa y = cualitativa, el primero utiliza aspectos cuantificables y el segundo la descripción de situaciones. En cuanto los métodos se aplicaron el inductivo-deductivo, pro= ceso que ayuda primero a generalizar los resultados, por consiguiente llegar a procesos particulares; también se aplicó el método analítico – sintético, p= roceso aplicado para relacionar los hechos aislados que lleven a una formulación unificada (Díaz, Palma, & Hernández, 2017);.

Las técnicas de investigación se aplicar= on de acuerdo al enfoque, así en el caso del cuantitativo fueron encuestas y desd= e el cualitativo: teoría fundamentada y bibliográfico. De la misma forma, el pro= cedimiento para los datos cuantitativos comprende la presentación de la frecuencia y porcentaje en tablas, mientras que en el cualitativo se realiza un contraste con los aportes bibliográficos, teóricos y jurídicos.

Bajo e= ste particular y al ser no experimental y descriptivo tuvo una muestra en particular con base al muestreo no probabilístico a conveniencia, es decir = la muestra se definió por la facilidad de acceso a los encuestados por parte d= el investigador. Así, la muestra se constituye por 30 abogados que se seleccionaron de forma aleatoria según los siguientes criterios de inclusió= n: juristas profesionales de la ciudad de Cuenca que firmaron el consentimiento informado, en el que se detalló el propósito académico de los resultados. <= /p>
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Resultados

En el = derecho romano el pater familias (padre de familia) se encargaba de resolver= o conciliar los problemas entre las partes involucradas en el conflicto. Pero= en una fase distinta, se asignó tales funciones a un árbitro, al cual de manera voluntaria se exponían las causas del enfrentamiento, que se acompańaban de rituales con un apego religioso importante; luego con el devenir del tiempo, las partes escogían a un tercero para resolver sus controversias (Maldonado & Montańa, 2017).

Es así= que, en la Ley de las XII Tablas asoma el procedimiento, a través del que, el juris= ta asigna pactos entre los seńalados en el conflicto y con base a los reclamos= se hace el fallo. Según lo destaca Zappata (2010) con posteriori= dad a esto se crea un sistema oficial de solución de problemas, bajo los principi= os del procedimiento arbitral, no obstante, la figura del arbitraje no se elim= inó.

Por ot= ro lado, en la edad media el arbitraje se conoció como un mecanismo para tratar controversias usado con frecuencia, pues a criterio de Aguilar (2020); este particular se dio por el comercio y la presencia de organismo gremiale= s de la época, los que se acercaban a los comerciantes para resolver sus litigio= s, de hecho, Feldstein (2008) sostiene que la gente pudiente encontró en tal mecanismo una forma acertada y rápida para resolver conflictos comerciales propios de la época y que generaban tension= es entre quienes comercializaban una variedad de productos.

Hay una variedad de historia por detallar en la transición de la época romana y edad media, a pesar de ello, en Francia y su revolución se encuentra un hito importante a partir del siglo XVII que marca este procedimiento. Zappata (2010) seńala que el papa Francisco II hizo del arbitraje obligatorio en algunas materias, por ejemplo, los aspectos comerciales, los conflictos entre parientes, así como la tutela y administración.

A part= ir de la evolución historia de la visión del arbitraje, se desarrollan diferentes teorías que se plasman en la Tabla 1:

Tabla 1(2015) y Ayala (2010).

De acu= erdo con lo expuesto en la Tabla 1 la teoría contractualista del arbitraje cuestiona= la idea tradicional de la jurisdicción al afirmar que el arbitraje no debe ser considerado como un proceso jurisdiccional, sino como una cuestión contract= ual entre las partes involucradas. Según esta perspectiva, el arbitraje se basa= en la libre voluntad de las partes para someter su disputa a un tribunal arbit= ral y acatar su decisión (Ledesma, 2015).

Pese a= que, el contractualismo resalta la relevancia del acuerdo entre las partes, se gene= ra un enfoque limitado, lo cual expone una comprensión parcial del arbitraje, obviando la importancia del reconocimiento estatal y del marco legal en el = cual se desarrolla el proceso arbitral. Por tanto, para una comprensión más comp= leta y precisa de la naturaleza del arbitraje, es necesario considerar múltiples factores que interactúan en este ámbito jurídico (Alvarado & Olórtegui, 2020)

De acu= erdo con esta perspectiva, el árbitro no es un funcionario estatal con jurisdicción propia, sino que sus facultades y poderes derivan de la voluntad expresada = por las partes de acuerdo con las formalidades legales. Razón por la cual, se b= usca que el árbitro no es un juez y no posee facultades jurisdiccionales independientes de la voluntad de las partes, ya que se mantiene la función = es la de administrar el conflicto y resolverlo de acuerdo con los términos acordados entre las partes (Sequiera, 2017).

Por ot= ro lado, la tesis jurisdiccional seńala al arbitraje como una forma de justicia garantizada por el Estado y que se asemeja a la jurisdicción ordinaria en muchos aspectos. A diferencia de la tesis contractualista, que considera al arbitraje como un mandato sui generis, donde el árbitro actúa como un verda= dero juez para un caso específico, ya que no representa a ninguna de las partes y sus decisiones tienen carácter de título ejecutorio (Ayala, 2010).

En sim= ilar apreciación, Sequiera (2017) la teoría jurisdiccionalista enfatiza la finalidad-función del arbitraje y del árbitr= o en el marco de la función jurisdiccional estatal, donde los árbitros actúan co= mo administradores de conflictos que imparten justicia de manera privada, en función de ello se considera una concesión que el Estado otorga a los particulares en asuntos de derecho privado para resolver sus disputas. A pe= sar de que, el árbitro posee autoridad para decidir y dirimir el conflicto entre las partes, se carece de la potestad exclusiva siendo necesaria la colabora= ción de los tribunales en ciertos actos.

Para F= errer (2020) existe una polémica en la doctrina sobre si el arbitraje es totalmente equiparable a la jurisdicción estatal, algunos consideran que el arbitraje tiene una naturaleza jurisdiccional debido a que sus laudos adquieren el va= lor de cosa juzgada y pueden tener efectos similares a las sentencias estatales= .

Según Umpiérrez (2021) el arbitraje a= l ser método alternativo de resolución de disputas se sustenta en el principio de= la autonomía de la voluntad de las partes, así, en la práctica se recomienda aplicar mecanismos previos como negociaciones o mediaciones antes del arbit= raje como tal, pero se debería tomar las debidas precauciones para evitar forzar= la participación activa y voluntaria de las partes en procesos autocompositivos puede resultar contradictorios. De ahí la relevancia de que las cláusulas s= ean claras para evitar posibles dilaciones injustificadas y promover un proceso ágil.

La fal= ta de una vía clara y adecuada para impugnar laudos arbitrales que violen la gara= ntía de competencia puede afectar la figura del árbitro y la eficacia del arbitr= aje como mecanismo alternativo para resolver disputas. En consecuencia, se prod= ucen situaciones donde los árbitros se enfrentan a situaciones inciertas enfrent= ando el riesgo de ser demandados en acciones inapropiadas, lo que podría desincentivar su participación en arbitrajes y afectar la confianza en este método de resolución de conflictos CITATION Hil20 \l 12298 (Hidalgo, 2020).

El pan= orama del arbitraje en Ecuador se sustenta en los Mecanismos Alternativos de Solu= ción de Controversias (MASC) defiendo al arbitraje como la opción válida para la= resolución de conflictos. En un inicio a través de la Ley de Arbitraje y Mediación promulgada en 1997 se reguló el arbitraje, la mediación y la mediación comunitaria como métodos privados e idóneos para llegar a acuerdos satisfactorios entre las partes. Luego, con la Constitución de 1998 se cons= agró constitucionalmente el reconocimiento del arbitraje y otros métodos alternativos para la resolución de conflictos incorporándose como un mecani= smo reconocido en el ordenamiento jurídico (Cobo & Mesías, 2018).

La Constitución de la República del Ecuador (2008) en el art. 190 reconoce la importancia del arbitraje y la mediación para resolver disputas, pero se deja abierta la posibilidad de otros métodos que deberán aplicarse según la ley y en asuntos que puedan ser transigibles. En tanto que en la L= ey de Arbitraje y Mediación, emitida por el Congreso Nacional del Ecuador (2006) en el art. 38 establece que el proceso de arbitraje está regido por las nor= mas de procedimiento que se encuentran contempladas en la propia ley. Las partes involucradas en el arbitraje tienen la libertad de llegar a un acuerdo y determinar las reglas procesales que se aplicarán durante el procedimiento.= Sin embargo, en caso de que no exista un acuerdo entre las partes en este aspec= to, será el propio tribunal arbitral quien tomará la decisión sobre las reglas procesales que considere adecuadas para el desarrollo del arbitraje.

El planteamiento de que el COGEP es aplicable al procedimiento arbitral solo en aspectos no contemplados en el acuerdo arbitral, la Ley de Arbitraje y Mediación (LAM) o su reglamento, se justifica mediante los siguientes preceptos:

El COG= EP, emitido por la Asamblea Nacional del Ecuador (2015) en el art. 1 establece que el Código regirá todos los procesos judiciales y administrati= vos en Ecuador, con excepción de los procesos arbitrales regulados por la Ley de Arbitraje y Mediación. De alguna manera, esto confirma que el COGEP no es aplicable directamente al procedimiento arbitral y que el arbitraje mantien= e su independencia como mecanismo alternativo de resolución de conflictos.

De igu= al manera en el art. 3 del COGEP (2015) establece que = las partes pueden acordar de manera expresa la aplicación supletoria de normas = de la justicia ordinaria en el procedimiento arbitral, siempre que dichas norm= as no contradigan la Ley de Arbitraje y Mediación ni el acuerdo arbitral. Es decir, la aplicación de normas estatales en el arbitraje debe ser una decis= ión consensuada entre las partes y no puede afectar los principios y normas específicas del arbitraje establecidas a nivel internacional y nacional.

En tan= to que, el art. 5 del COGEP (2015) establece los principios que deben regir en todas las actuaciones procesales, incluido el arbitraje cuando no esté expresamente regulado en la LAM. Entre estos princ= ipios se encuentra el de autonomía de la voluntad, que es fundamental en el arbitraje, ya que permite a las partes acordar el procedimiento y las reglas que deseen aplicar. Además, con la inclusión del principio de verdad materi= al se busca asegurar que las decisiones en el arbitraje se basen en la realida= d de los hechos, sin atenerse estrictamente a formalidades.

En con= creto, en el artículo 6 del COGEP (2015) se establece q= ue las disposiciones son supletorias en el arbitraje, es decir, se aplicarán solo = en aquellos aspectos no regulados por la LAM o el acuerdo arbitral. Esto confi= rma nuevamente que el COGEP no es de aplicación directa al arbitraje y que sus normas solo se aplicarán en la medida en que las partes no hayan regulado a= lgún aspecto específico en el acuerdo arbitral o en la legislación arbitral aplicable.

En con= sideración de que el arbitraje a diferencia de los procesos judiciales ordinarios, el arbitraje se basa en la autonomía de las partes, quienes pueden diseńar el procedimiento y establecer las reglas que regirán la disputa (Villa= nueva, 2018). Para garantizar la efectividad y validez de este mecanismo, es fundamental contar con leyes específicas de arbitraje, como la Ley de Arbitraje y Media= ción (LAM) en el caso de Ecuador.

Para a= cercar el estudio a la realidad de los profesionales en Derecho, se aplicó una encuesta para conocer la percepción sobre el proceso arbitral y la relación= con el Código Orgánico General de Procesos, como se muestra en la Tabla 2:

Tabla 2(2015) se establece q= ue las disposiciones son supletorias en el arbitraje, o sea se aplican únicamente = en aspectos no regulados por la LAM o el acuerdo arbitral.

En este sentido, el COGEP no es de aplicación directa al arbitraje y que las normas solo se aplican conforme las partes no las hayan regulado con especificidad dentro del acuerdo arbitral o en la legislación arbitral aplicable. Al respecto, el proceso y el arbitraje son mecanismos para resolver problemas = entre quienes los tengan, pero, con la particular que el proceso no debe desarrollarse como espejo al proceso judicial, puesto que una de las razones por lo que los involucrados en el conflicto pactan el convenio arbitral para dar solución a los inconvenientes, es de manera principal la flexibilidad frente a todas las fases que se debe pasar en el proceso.

A pesa= r de ello, según lo afirmado por Aguirre (2018) “el arbitraje = se nutre de varias fuentes, siendo la voluntad de las partes el primer y más importante origen, sin que esto implique obviar la relación con el sistema estatal” (p.45). Entonces, bajo la flexibilidad que tiene el arbitraje, los procedimientos pueden ser adaptables a los requerimientos de las partes. Entendida, esa premisa, el arbitraje que se lleva de forma adecuada, se da cuando los árbitros llevan los acuerdos con base a las necesidades de las partes.

Un asp= ecto que se resalta de la relación entre el COGEP y el arbitraje es la diferencia qu= e se lleva en los procedimientos para contestar demandas, plazos que vienen determinado en la ley considerando la vía que corresponda en el proceso. En cambio, en los procedimientos arbitrales las partes tiene la libertad para acordar los tiempos, tomando en cuenta las circunstancias que envuelve al c= aso en litigio.

Hay la posibilidad con ello, que los actores árbitros o litigantes prefieren utili= zar las normas propias contempladas en el COGEP, desnaturalizando la flexibilid= ad con la que nace el proceso arbitral. Así lo respalda Aguirre (2018) al afirmar que= […inclusive admitir el supuesto= de que las partes, libre y voluntariamente, hayan decidido en la cláusula arbi= tral que se aplicarán aquellas disposiciones estatales a la controversia, pero a= un en ese caso los árbitros deberían establecer si esta aplicación ha sido fru= to del convenio y es por esa razón que deberán aplicarlas. ˇY no porque estén = en un código procesal!] (p.4= 5). En otras palabras, parece que el arbitraje es una ramificación de las normas y leyes vigentes, encontrándose estancado desde la jurisdiccionalidad estatal, dejando de ser alternativas eficaces para lo que fue creada.

La imp= ortancia de estudios realizados a nivel mundial denota algunos aspectos importantes a considerar, a criterio de Waincymer (2012) quien sostiene= que hay dos tipos de escritos en el tribunal arbitral, el un lado se identifican las demandas, contestación, reconvención y contestación; por el otro al sintetizar la posición de las partes involucradas el material probatorio, al incluir los aspectos relevantes en la audiencia. Es decir, como se conoce e= n el dialecto legal ecuatoriano (alegatos).

Así la= forma en que se presentan los escritos no es menos importante, tal como lo destaca Cantuarias y Serván (2019), ya que tal presentación orienta el curso que sigue el proceso arbitral, porque debe ajustarse a los requerimientos de las partes, al tomar en cuenta cada caso = en específico. Frente a ello, quiere decir que os procedimientos arbitrales no= son ajemos a la justicia ordinaria, como lo sostiene Galindo & Carcía (2015), dentro de las disposiciones del COGEP y que están vinculadas por mandato en= la LAM se encuentran: la demanda, contestación, reconvención y contestación, en donde al revisar las causales de excusa y recusación de los árbitros, se observa la adopción de las causales previstas en COGEP al arbitraje, en los= que ciertos casos se evidencia inadecuada.

Al des= cribir la naturaleza del proceso arbitral, es pertinente destacar las disposicione= s, por las que los magistrados ordinarios deben ejecutar de forma directa las medidas cautelares de tribunales nacionales e internacionales. Se destaca q= ue esa forma de acatar las medidas, no necesariamente obliga a los jueces a revisar el fondo de la medida, dejando de lado que el ejecutado se oponga (= Galindo & Carcía, 2015) está percepción se ajusta al criterio de los abogados en libre ejercicio consultados en la investigación, quienes en su mayoría creen que el desconocimiento de los mecanismos de arbitraje para la solución de conflictos, en particular el arbitraje es el principal problema para no utilizar el mecanismo como solución de conflictos de manera adecuada.

Con to= do lo expuesto, en uno o varios párrafos anteriores, se identifican dos momentos = de análisis con lo dispuesto en el procedimiento establecido en el COGEP, el primero sobre reconocer los laudos arbitrales internacionales, pues no hay claridad, porque “impone en el solicitante la carga de probar el efecto de = res iudicata (cosa juzgada), la legalidad y compatibilidad con el ordenamie= nto jurídico” (Galindo & Carcía, 2015, p. 80).

Confor= me la revisión teórica y contraste de la opinión de los expertos profesionales del derecho consultados. Es necesario que en el Ecuador implemente normas propi= as en el arbitraje, para que sea atractiva la práctica de tal alternativa de resolución de conflictos, ello permitirá dar al procedimiento arbitral de eficiencia y eficacia, tomando como base buenas prácticas para el proceso. A pesar de ello, si no se clarifican y diferencian con claridad las figuras d= el propio procedimiento judicial se terminará por menoscabar la institución qu= e se presenta como alternativa de resolución de problemas entre personas la flexibilidad, al contrario de la rigidez que muestra los sistemas ordinario= s.

Los tribunales arbitrales, con respecto = a la complejidad y del contexto de las controversias deben guiarse por una acert= ada organización, porque los aspectos que orienten y fundamenten los aspectos específicos dentro del proceso deben contener las necesidades de las partes, siendo pertinente buscar los medios de comunicación y contraste de informac= ión por los árbitros para determinar con claridad las reglas.

Conclusión

·         Al dar respuesta el objetivo general del artículo y relacional lo previsto en el COGEP y el arbitraje, se reflexiona= que en la práctica el proceso arbitral es una función jurisdiccional del Estado para administrar e impartir justicia, aunque lo hace de manera privada, raz= ón por la cual se reconoce que le laudo arbitral sea dese el enfoque del derec= ho, o equidad al tener convergencia las providencias judiciales, al resolver el problema tomando en cuenta los hechos, los alegatos y resolviéndose con bas= e a los marcos legales constantes en el Ecuador.

·         En Ecuador, el arbitraje contempla la fase probatoria, pese a observarse diferencias con las prácticas de prueba en los procesos judiciales, ambos convergen y deben respetar el debido proceso, ra= zón por la cual, entendiendo la flexibilidad con la que se maneja el arbitraje,= el que el debido proceso arbitral debe prevalecer como el acuerdo entre las partes, sin embargo, bajo los resultados de los expertos, de la teoría y ba= jo el criterio del investigador muestra un enfoque limitado, al obviarse aspec= tos del reconocimiento por el Estado y el marco normativo que se encuentra regu= lado en la LAM y COGEP, en donde se desenvuelve el proceso arbitral.

·         En este contexto, el arbitraje desde la prác= tica de la jurisdicción se destaca que la relación se da desde la finalidad que persigue y la función que desempeńa dicha institución, donde los árbitros s= on los administradores del litigio, así se concibe como la concesión que el Es= tado da a los particulares en asuntos privados desde el derecho para resolver los conflictos que tengan las personas y requieren otra alternativa diferente al del sistema judicial tradicional.

·         El planteamiento del COGEP se aplica al procedimiento solo en los aspectos no contemplados en el acuerdo arbitral; razón por la que, las normas que sean aplicables deben enfocarse con el propósito de alcanzar que las partes involucradas en el litigio ejerzan el derecho a defenderse sin discriminación, con equidad, solo así el arbitraje será el espacio favorable para tutelar los derechos de los ciudadanos.

·         Existen criterios favorables desde la teoría, del análisis de la LAM y COGEP, la opinión de los abogados consultados en la pertinencia de mejorar las condiciones procesales con las que se aplica el arbitraje en el Ecuador, porque se deja en limitante que la decisión del árbitro sea la emisión del laudo, que es importante. A pesar de los cual, lo también relevante, es que el tribunal arbitral cuenta con la capacidad de conducir el procedimiento de forma eficiente que garantice la tutela efecti= va, con equidad, sin discriminación, observando sin menoscabo los temas económi= cos.

·         Posterior a la valoración teórica, las encue= stas y la triangulación de resultados con el criterio del investigador se asume = que al no encontrarse el camino adecuado para regular de manera clara los procedimientos arbitrales en el Ecuador, la finalidad para la que fue creada está en riesgo, porque no cumpliría el ser un mecanismo que garantice la efectiva tutela de derechos a quienes deciden dicha alternativa de mediació= n.

Conflicto de intereses<= /o:p>

Los autores declaran que no existe conflicto de intereses en relación con el artículo presentado.

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