Análisis crítico so= bre la detención provisional sin orden judicial o en flagrancia en el Ec= uador

= = Critical analysis of provisional detention without= a court order or in flagrante delicto in Ecuador

¹	Leonardo Homero Muñoz Andrade		https://orcid.org/0009-0009-6967-5165
	Universidad Católica de Cuenca, Cuenca-Ecuador lhmun= oza20@est.ucacue.edu.ec
²	Marcelo Torres Wílchez	<= /span>	https://orcid.org/0000-0001-2957= -6274
=	Universidad Católica de Cuenca, Cuenca – Ecuador mtorres@ucacue.edu.ec

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	Artículo de Investigación Científica y Tecnológica Enviado: 10/01/2024 Revisado: 12/02/2024 Aceptado: 04/03/2024 Publicado:05/04/2024 DOI: https://doi.org/= 10.33262/ap.v6i2.466

Cítese:		Muñoz Andrade, L. H., & Torres Wílchez, M. (2024). Análisis crítico sobre la detención provisional sin orden judicial o= en flagrancia en el Ecuador. AlfaPublicaciones, 6(2), 28–51. https://doi.org/10.33262/ap= .v6i2.466
		*ALFA PUBLICACIONES,* es una revista multidisciplinar, trimestral, que se publicará en soporte electrónico tiene como misió= n contribuir a la formación de profesionales competentes con visión humanística y crítica que sean capaces de exp= oner sus resultados investigativos y científicos en la misma medida que= se promueva mediante su intervención cambios positivos en la sociedad. https://alfapublicaciones.com <= /span> La revista es editada por la Editorial Ciencia Digital (Editorial de prestigio registrada en la Cámara Ecuatoriana de Libro con No de Afiliación 663) ww= w.celibro.org.ec
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Palabras claves:= Derechos humanos, flagrancia, garantías constitucionales, debido proceso (Unesco Tesauro)=		Resumen En la presente investigación = se realizó un análisis crítico sobre la detención provisional sin orden judicial o en flagrancia en el Ecuador, por lo que = esta investigación presenta un enfoque cualitativo, se realizó u= na exhaustiva revisión bibliográfica, asimismo, se utilizaron = los métodos analítico - sintético, inductivo - deductivo, histórico – lógico y dogmático, además = de las técnicas de revisión bibliográfica. Luego del an= álisis crítico se justificó que, si bien es cierto que la detención provisional sin orden judicial o en flagrancia en el Ecu= ador tiene como finalidad dar una respuesta rápida ante el cometimiento= de un delito, por tanto, al momento de proceder con la detención la institución pertinente debe proceder según el mandato constitucional con relación al debido proceso y sus garantí= as, cabe recalcar que el procedimiento para que opere una detención le= gal debe ser aplicado de acuerdo al caso concreto, en el caso de proceder a la detención de una persona nacional o de un ciudadano extranjero.
Keywords: Human rights, flagrancy, constitutional guarantees, due process, (UNESCO Thesaurus)		= Abstract In the present research, a critical analysis was carried out on provisional detention without a court order or in flagrante delicto in Ecuador, so th= is research presents a qualitative approach, an exhaustive bibliographic rev= iew was carried out, likewise, synthetic, and inductive analytical methods we= re used deductive, logical – historical and dogmatic, in addition to bibliographic review techniques. After the critical analysis, it was justified that, although it is true that provisional detention without a court order or in flagrante delicto in Ecuador is intended to provide a q= uick response to the commission of a crime, therefore, when proceeding with the detention the pertinent institution must proceed according to the constitutional mandate in relat= ion to due process and its guarantees, it is worth emphasizing that the proce= dure for a legal detention to operate must be applied according to the specifi= c case, in the case of proceeding to the detention of a national or a foreign cit= izen.

Introducción

La libertad de los seres humanos es un derecho fundamental que se encuentra garantizado en la Constitución de la República del Ecuador, s= iendo así que el derecho a la libertad es el uno de los más importa= ntes y preciados derechos inherentes a las personas, pues a partir de este derec= ho es que se ha llegado a reconocer e incluso declarar otros derechos que tien= en los seres humanos.

Es por ello, que la privación de libertad personal es una medida bastan= te radical en las intervenciones estatales por lo que tienen gran relevancia a= tal punto que se considera como núcleo de un sistema de libertades que se sobrepone a los demás derechos.

Este derecho de libertad se encuentra inmerso en la “dignidad humana”= ; (Kriele, 1981), en este sentido el referido autor considera que el ser humano debe ser respetado como un sujet= o de derechos, por tanto, la exigibilidad de la libertad como una condició= ;n incluso para el desarrollo de las capacidades de este, es por ello por lo q= ue cada persona tiene el mismo derecho a la libertad como a la dignidad. =

Ahora, cuando una persona trasgrede una norma es sujeto de una restricción a sus derechos principalmente el derecho a la libertad personal, y es llevado frente a los tribunales para que se resuelva su situación jurídica. Por tanto, la detención provisional en delitos flagrantes es la excepción a la regla con respecto a la prisió= ;n.

Al seguir existiendo detenciones provisionales sin orden judicial o en delito flagrante se evidencia que la función garantista del Estado tiene falencias, pues se realiza un abuso en cierta forma de la prisión, cuando la Constitución dispone que esta medida es de ultima ratio. <= o:p>

La problemática de la detención provisional en delito flagrante,= es que se está haciendo un abuso de la prisión, vulnerando así el principio de inocencia, la seguridad jurídica, tomando= en consideración que la o las personas detenidas en dicha condici&oacut= e;n son privadas de su libertad por tanto no tienen el tiempo suficiente para contar con un abogado de su confianza, toda vez que se restringen sus derec= hos lo que acarrea que sea un familiar quien busque ayuda legal y en otros caso= s no tienen otra opción que aceptar una defensa pública.

Por tanto, una persona que se encuentra detenida y privada de su libertad siemp= re estará en desventaja con relación al Estado esto es frente a fiscalía ya que esta ostenta todo el poder punitivo, así como= los medios para realizar una acusación en el caso de hallarse indicios s= obre el cometimiento del delito, mientras que el detenido tiene limitados sus derechos incluso se limita su derecho a contar con un abogado de su confian= za. Toda vez que al hacer uso de su derecho a una llamada telefónica sue= len hablar con un familiar.

Por lo antes expuesto el objetivo de esta investigación es determinar mediante un estudio crítico-analítico la vulneración d= el derecho a la libertad, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, y la seguridad jurídica en los que se incurre al momento de= la detención provisional de una persona sin orden judicial, para eviden= ciar la problemática es necesario responder a la siguiente interrogante ¿Es suficiente al momento de la detención en flagrancia que l= os agentes le informen sus derechos constitucionales?

Evidenciada la problemática es necesario realizar algunas consideraciones al mom= ento de proceder a la detención provisional de una persona para no vulner= ar sus derechos constitucionales, ya que no solo basta con informarle sobre los mismos, sino brindarle las facilidades para que el detenido pueda hacer efectivas sus garantías constitucionales, solo así se estaría respetando y garantizando el debido proceso.

Marco referencial

Antecedentes históricos de la detención provisional y prisión preventiva

La figura de la detención provisional o prisión preventiva apare= ce inclusive desde antes de la era romana, sin embargo, es en esta época donde se instituye esta figura legal, siguiendo el pensamiento de Ulpiano citado por Alonso (2017), quien manifestaba que la cárcel debe servi= r “…para retener a las personas no para castigarlas.”

En este mismo sentido Justiniano se había pronunciado con respecto a di= cha figura legal mencionando que “la cárcel no es para el castigo, sino para la custodia de los hombres” (Justiniano, 530 D.C), como se puede observar la prisión preventiva no f= ue creada como un medio para el cumplimiento de una pena, sino que era una med= ida de prevención para asegurar la comparecencia de las personas a un proceso judicial.

A partir de las concepciones anotadas en el párrafo anterior es donde = se empieza a instaurar esta figura legal de la detención provisional y prisión preventiva aplicada en el derecho civil, luego mediante exhaustivos análisis fue adoptada para el derecho penal. =

En este contexto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos máximo organismo de control judicial, se ha pronunciado con respecto a la prisión preventiva en materia penal.

Haciendo una revisión de las Constituciones que ha tenido el Ecuador desde la primera creada en el año de 1830 hasta la de 1998 en el artíc= ulo 1 rezaba que el Ecuador es un Estado social de Derecho, toda vez que durante esas décadas el Ecuador era un estado democrático, pero no constitucionalista.

Sin embargo, es necesario mencionar que con cada una de las Constituciones que = el Ecuador ha tenido se ha pasado por Estados dictatoriales hasta estados democráticos, recordemos que en el país vivimos una dictadura= en el gobierno de José María Velasco Ibarra, retornando a la democracia en 1979 con el gobierno de Jaime Roldós Aguilera.

Sin embargo, después de 10 años de la Constitución de 1998= , en el año 2008 se elige una nueva Asamblea que fue la encargada de actualizar la Constitución, dando un gran salto en materia de Derech= os, por lo tanto, la Constitución de Montecristi se materializó irradiando a la normativa interna del Ecuador en materia de Derechos. =

Es así que el Ecuador pasa de ser un Estado social de Derecho a un Esta= do Constitucional de Derechos (Constitución de la República del Ecuador) (Asamblea Nacional Constituyente, 2008), es decir que pasamos de un Estado democrático a un Estado Constitucionalista, en donde se recog= e y garantiza todos los derechos inherentes al ser humano, obviamente esta materialización de la nueva Constitución tiene su fundamento = en los tratados y convenios internacionales de los que el Ecuador es parte interviniente.

Cabe destacar que la Constitución es la norma suprema, y a su vez é= ;sta constituye tal como menciona Carreño (2024), no un instrumento para que el gobierno controle al pueblo, sino que es un instrumento para que el pueblo controle al gobierno. En otras palabras, la Constitución de la República es el límite al poder estatal.

Es por ello por lo que la Constitución recoge todos los derechos que fo= rman parte de la persona humana y estos deben ser garantizados por el propio Est= ado, respetando estos derechos, así como las garantías bási= cas del debido proceso para evitar abusos de poder frente a la actividad puniti= va de la que goza el Estado.

Dentro de esta garantía estatal, se encuentra la Función Judicial representada en los jueces, quienes son garantistas de los Derechos fundamentales de la persona humana, es por ello por lo que, para administrar justicia en el caso del cometimiento de un delito existen dos vías q= ue nos dice la Constitución (Asamblea Nacional Constituyente, 2008), es= to es: mediante orden judicial, y como excepción a la misma en delito flagrante, es decir sin orden judicial. Lo manifestado se encuentra descrit= o en el artículo 77 numeral 1.

A continuación, se procederá a analizar la detención en flagrancia y la posible vulneración de derechos que esta implica cua= ndo no se observan las garantías básicas del debido proceso que l= as encontramos manifestadas en el catálogo penal.

Siguiendo el procedimiento el Código Orgánico Integral Penal en adelante (COIP) en el artículo 6 numeral 1, dice que toda persona que sea detenida en delito flagrante debe ser puesta a órdenes de autoridad competente quien en audiencia verificará si la detención es l= egal o no (Código Orgánico Integral Penal) (Asamblea Nacional del Ecuador, 2014).

En este orden de ideas es necesario realizar la siguiente interrogante ¿Qué sucede cuando luego de verificar la aprehensión d= e la persona esta resulta ser ilegítima? Tomando en consideración = que la privación de la libertad se da únicamente cuando existe una sentencia ejecutoriada, en la cual se haya declarado la culpabilidad del procesado, y expuesto la pena que deberá pagar como sanción al cometimiento de un delito.

En este aspecto, al hablar de una prehensión en delito flagrante se prioriza la privación de libertad, cabe mencionar que la Corte Constitucional en la sentencia sobre la limitación a la sustitución de la prisión preventiva en el párrafo 38 = ya se ha pronunciado al respecto de dicha privación, toda vez que ha manifestado que ésta debe ser de ultima ratio (Sentencia, 2021), por tanto, se está vulnerando un derecho constitucional al preferir la prisión.

Derecho a la defensa

El derecho a la defensa está dentro de las garantías bási= cas del debido proceso, por tanto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos = en adelante (Corte IDH), se ha pronunciado con respecto a esta garantía jurisdiccional y menciona que: su aplicación no está limitada solamente a los recursos judiciales en un sentido preciso, “sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales= 221; (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2023, p. 05). dicho pronunciamie= nto lo ha emitido la Corte IDH, con la finalidad de que todas las personas que = son expuestas a un proceso penal se puedan defender de una forma correcta ante = las acusaciones estatales en los cuales se puedan ver comprometidos sus derechos fundamentales.

En este sentido, dichas garantías constitucionales se encuentran reconocidas en el artículo 8 numeral 2 de la Convención Ameri= cana de Derechos Humanos en el cual se realiza un extensivo desarrollo jurisprudencial, por tanto, las garantías judiciales son efectivas e= n el desarrollo del ejercicio del derecho a la defensa para de esta forma garant= izar un debido proceso y en igualdad de condiciones.

Con relación al derecho a la defensa, este incluye ciertos aspectos considerados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos tales como: las pruebas, mismas que son relevantes para el ejercicio de la defensa, pues, u= na persona detenida flagrantemente resulta muy difícil recabar los suficientes documentos probatorios para contrarrestar la acusación, = lo que de por sí constituye un limitante para hacer uso del derecho a la defensa eficaz, en cuanto al tiempo, por lo que se estaría vulnerand= o el derecho a la defensa.

El derecho a la defensa está contemplado en la Constitución de la República del Ecuador (Asamblea Nacional Constituyente, 2008), en el artículo 76 numeral 7 en el cual instaura las garantías básicas para la aplicación del mencionado derecho lo que significa que el inculpado debe tener derecho a una defensa eficaz durante = todo el proceso judicial y a su vez debe contar con los medios necesarios para ejercer su defensa.

Respaldando lo mencionado en líneas anteriores, la Corte Interamericana de Derec= hos Humanos, ha dejado constancia y se ha pronunciado en el sentido de que el derecho a la defensa comprende “un carácter de defensa eficaz, oportuna, realizada por gente capacitada, que permita fortalecer la defensa= del interés concreto del imputado y no como un simple medio para cumplir formalmente con la legitimidad del proceso” (Caso Ruano Torres y Otros vs. El Salvador) (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2015, pá= rrafo. 158). En función de lo manifestado por la Corte IDH, la defensa que = se ejerza de una persona debe ser eficiente, técnica y sobre todo confiable, caso contrario se estaría violentando la Convención Americana de Derechos Humanos.

Entre tanto la relación entre el profesional y el inculpado debe ser garan= tizada en lo posible al ejercer una defensa más aún si esta es pública, es decir que el defensor con el que cuenta el procesado haya sido asignado por el Estado. En este sentido, ninguna defensa puede menosca= bar los intereses de su defendido, pues al ejercer una defensa mínima también se estaría incurriendo en posibles nulidades procesal= es.

En este orden de ideas, la Corte Constitucional del Ecuador ha manifestado que= el derecho a la defensa está contemplado dentro del debido proceso, sie= ndo el eje principal y cuyo alrededor giran las demás garantías: “En consecuencia, se puede sintetizar que el derecho a la defensa actúa dentro del proceso, de forma conjunta con las demás garantías, y adicionalmente se trata de la garantía que torna operativas a todas las demás” (Ruiz et al., 2015). =

Es así como su inviolabilidad es la garantía más importan= te que tienen las personas, ya que ésta permite que las otras garant&ia= cute;as tengan vigencia eficaz dentro de un proceso, a tal punto que, si el derecho= a la defensa no se cumple a cabalidad, se podría incurrir en vulneraci= ones a los derechos constitucionales.

Por lo expuesto anteriormente, en cuanto a la garantía de la defensa técnica, que se encuentra contemplada en el artículo 76 numer= al 7 en sus literales a, b, c, g, y h, la defensa con la que cuente el inculpado debe ser de su confianza, por tanto al hablar de una detención en flagrancia el detenido no tie= ne tiempo de elegir su defensa técnica, y en la mayoría de los c= asos se le asigna un defensor público, en este sentido la Corte Constitucional del Ecuador en su sentencia caso de garantía de la defensa técnica y actividad de los juzgadores y juzgadoras (2021), en donde se “exige = la calidad de los servicios provistos por un abogado debe asegurar el ejercicio del derecho a la defensa del defendido. Es necesario resaltar que el trabajo que haga la defensa técnica debe agotar sus máximos esfuerzos para la defensa del imputado y no realizar el mínimo esfuerzo que es= lo que sucede en la práctica, esto debido a la carga de trabajo que tie= nen los defensores públicos.

Continuando con el derecho a la defensa de las personas detenidas en flagrancia la Constitución indica que inmediatamente deben ser puestas a órdenes de autoridad competente para un juicio, sin embargo, es necesario recalcar también que la Constitución garantiza que = el imputado debe contar con el tiempo necesario para recabar las suficientes pruebas para su defensa.

Además, se dice que un juicio debe llevarse a cabo en igualdad de condiciones, sin embargo, en la práctica esto no sucede pues el imputado se encuentra= en desventaja frente al Estado, toda vez que el representante del Fiscal&iacut= e;a opera como autoridad que puede disponer que de manera inmediata se realicen ciertas diligencias para la obtención de evidencia lo que no ocurre = con el abogado ya que no figura como autoridad, y al estar privado de la libert= ad quien ayuda al abogado con la obtención de pruebas son los familiare= s y no el detenido.

Por tanto, la Corte Constitucional dice lo siguiente:

La garant&iacu= te;a de contar con el tiempo y medios adecuados para la preparación de la defensa implica que tanto las personas cuyos derechos se discuten, como sus defensas técnicas, tengan la oportunidad y las condiciones apropiadas para ejercer una defensa efectiva, de acuerdo con las particularidades de c= ada caso. (Caso de Garantía de la defensa técnica y actividad de los juzgadores y juzgadoras, 2021)

Dice la Corte que la debida diligencia que debe tener un defensor público= no debe depender solo del procesado en miras a garantizar un juicio en el cual= se observe el derecho a la defensa, por tanto, esta defensa técnica también debe ser controlada por el juzgador y cuando se note que no existe una verdadera defensa técnica tiene la obligación de impedir que exista una vulneración del derecho a la defensa del procesado.

En consecuencia, el derecho a la defensa es uno de los derechos más importantes de la persona humana, porque de él se desprenden otras garantías que deben ser observadas al momento de un proceso penal, l= as mismas que las encontramos contenidas en el artículo 76 numeral 7 y = sus literales, basta la sola inobservancia de una sola de ellas y la persona pu= ede recobrar su libertad inmediata e incluso ser reparado integralmente por el daño ocasionado.

Derecho a la libertad

El principal derecho que se limita en una detención provisional o en flagrancia es el derecho a la libertad, el cual se encuentra garantizado en= la Constitución del Ecuador, esta limitación se produce cuando existe una aprehensión que no puede durar más de veinticuatro horas desde que se produjo la misma (Constitución de la Repúb= lica del Ecuador) (Asamblea Nacional Constituyente, 2008), es decir un día desde que la persona es aprehendida.

Es necesario mencionar que el derecho a la libertad es un derecho reconocido internacionalmente y que se encuentra incorporado dentro de los tratados y convenios internacionales así tenemos:

El derecho a la libertad en la Declaración Universal de Derechos Humano= s (Organización de las Naciones Unidas, 1948), la misma está contenida en el artículo 3 “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la liber= tad y a la seguridad de su persona”. Es importante resaltar que esta Declaración ha marcado un hito en la historia de los derechos humano= s, ha sido construida por representantes de varios países siendo procla= mada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Paris, en el año 1948.

En este orden de ideas también se puede encontrar en el Convenio de Roma para la protección de los Derechos Humanos y de Libertades Fundament= ales (Consejo de Europa, 1950), estando regulado en el artículo 5 el mismo que reza: “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad salvo en los casos establecidos en la ley”.

Sin embargo, cuando una persona es detenida sin una orden judicial, deber&aacut= e; ser puesta a ordenes de un juez quien a su vez constatará que se han respetado las garantías del debido proceso, pero ¿qué sucede cuando a la persona se le ha vulnerado algún derecho constitucional? La misma norma internacional expresa que si una persona ha = sido detenida y se le ha vulnerado sus derechos tiene derecho a una reparación, pero ¿cómo se puede reparar el daño= causado?

Para responder estas preguntas es necesario analizar el grado del daño qu= e se ha ocasionado y en que ámbitos de su vida puede ser profesional, laboral, familiar, cuando el daño ya está hecho ya no se puede volver las cosas al estado anterior, pues la única forma de reparación en este caso opera midiendo el daño causado y medi= ante el pago de un valor económico, que podría aliviar en algo la situación generada producto de una detención arbitraria pero = no se restablecería la vida normal de la persona. Por tanto, el da&ntil= de;o ocasionado persiste.

Continuando con el análisis de la normativa internacional con respecto al derech= o de libertad en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos (Secretaria Gen= eral de las Naciones Unidas, 1966), encontramos en el artículo 9 numeral = 1, la definición del derecho a la libertad, pues dice:” Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitraria. N= adie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley”

Aterrizando en la normativa nacional el derecho a la libertad lo encontramos en la Constitución (Asamblea Nacional Constituyente, 2008), en el artículo 66 el mismo que engloba una serie de derechos inherentes a = la persona humana, es decir estos derechos desarrollados en artículo mencionado tienen que ver con el deber ser de la persona, con la decisión de cada individuo con respecto a su dignidad y forma de ser= , por tanto, estos derechos no pueden ser limitados ni conculcados.

A partir de dicho pronunciamiento se ha realizado reformas a la normativa tan= to constitucional como penal sobre la prisión, entonces respondiendo la pregunta realizada en párrafos anteriores que sucede cuando se verif= ica que la detención ha sido ilegal, dice la norma que toda persona que = ha sido agraviada debe ser reparada, pero como reparar integralmente por el daño ocasionado al haberle privado de la libertad a una persona. Pue= s en la práctica no siempre se realiza dicha reparación úni= camente se ordena inmediatamente su libertad y el levantamiento de las medidas impuestas.

Cabe resaltar, que al privar de la libertad a una persona también se afec= tan derechos como el trabajo en el caso de que sea trabajador bajo relaci&oacut= e;n de dependencia, pues podría llegar a perder su puesto de trabajo, limitar la libertad a una persona implica muchas restricciones e impediment= os como la afectación no solo física sino psicológica de = la persona afecta su entorno familiar, social, entre otros. =

Consentir a las presiones sociales y dar consentimiento a dicha presión es un sentir general sea este real o mediante manipulación, no solo debe s= er rechazado inmediatamente, sino que este reconoce la exigencia de una medida= que como menciona Alonso (2017), en su libro, “es equivalente a una pena, no con base en necesidad= es procesales, sino de prevención general que solo la pena podría cumplir, al privar de la libertad”. Por lo que, esta caracter&= iacute;stica de pena anticipada, se violenta el principio de la presunción de ino= cencia.

En resumen, una persona al estar privada de su libertad ya sea para garantizar= su comparecencia durante el proceso penal o ya sea porque fue detenido en flagrancia, la garantía constitucional de contar con el tiempo neces= ario para ejercer su defensa se ve vulnerada, ya que como se mencionó en líneas anteriores quienes brindan las facilidades al abogado defensor son los familiares viéndose estos a su vez limitados debido a que no pueden conseguir toda la evidencia cuando se trata de trámites personales, lo que pone en peligro la garantía del derecho a la defe= nsa y el principio de contradicción.

Presunción de inocencia

El principio de inocencia constituye la base del sistema penal acusatorio adversarial, cuyo fundamento lo encontramos en el principio pro-persona, es necesario hacer mención que con la vigencia del Código Orgánico Integral Penal en adelante (COIP) la presunción de inocencia prima durante todo el proceso penal hasta que un juez o tribunal competente declare la culpabilidad del imputado a través de una sentencia.

El Ecuador forma parte de los tratados y convenios internacionales por ende es suscriptor de la Convención Americana de Derechos Humanos en adelante (CADH). Carta que nació luego de las aberraciones cometidas contra l= as personas durante la Segunda Guerra Mundial, en donde varios países hicieron el pacto de reconocer derechos fundamentales de las personas y respetarlos ante cualquier situación, especialmente cuando se encuen= tren en conflicto con la ley.

Como una de las garantías para el cumplimiento de dicho pacto, los países signatarios hicieron la firme promesa de adoptar en la normat= iva interna derechos que le sean reconocidos a la persona siempre y cuando éstos no sean contrarios a la Constitución y normativa intern= a.

Para ello, se vio la necesidad de contar con un organismo que tenga la competenc= ia de interpretar la CADH, y se crea la Corte Interamericana de Derechos Human= os en adelante (Corte IDH), en este sentido, la Corte IDH, ha considerado relevante la inclusión de otras garantías mismas que dentro d= e su interpretación las ha hecho constar en su jurisprudencia, las cuales deben ser observadas para amparar dicho principio, por tanto, en el artículo 8 numeral 2 de la CADH expresa que “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia…̶= 1; (Convención Americana de Derechos Humanos) (Secretaria General de la Organizació= n de los Estado Americanos[OEA], 1969).

Sin embargo, para que se pueda garantizar el principio de inocencia debe haber = un cambio de paradigma en el sistema penal, en donde exista una igualdad entre= las garantías constitucionales con respecto a los derechos humanos de las personas que contrarían la ley y la aplicación de la ley, para que un sistema judicial pueda funcionar adecuadamente y sobre todo se de respuestas a la sociedad.

Por lo antes expuesto Aguilar (2015), manifiesta que un Estado democrático debe tener como objetivo común mantener un equilibrio entre el respeto de los derechos humano= s y un sistema penal eficaz, lo que quiere decir que exista el garantismo se necesita del constitucionalismo el cual condiciona o limita el poder del Es= tado frente a respuestas exigidas por la sociedad al momento de impartir justicia cuando se violenta la ley.

A partir de ello, la Corte IDH, ha elaborado jurisprudencia a través de sus sentencias como es el caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez vs. Ecuador (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2007), en la cual ex= presa que la presunción de inocencia constituye el fundamento de las garantías judiciales (par. 145), por tanto, una detención que vaya más allá de la contemplada en la ley se convierte en una pena anticipada, situación que rompe este principio dando paso a la inobservancia de los derechos fundamentales del inculpado o procesado.=

Continuando con la normativa internacional, es importante recalcar también que la Corte Europea ha emitido pronunciamientos sobre la presunción de inocencia y ha manifestado que el imputado goza de un estado jurídic= o de inocencia o no culpabilidad, mientras se resuelve su responsabilidad penal,= por tanto, tiene el derecho a recibir del Estado un trato acorde con su condición de persona no condenada (Comisión Interamenricana de Derechos Humanos, 2021), criterio que a su vez = ha manifestado la Corte IDH, en el Caso Ruano Torres y otros vs. El Salvador. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia del 5 de octubre de 2015. Serie CN&d= eg;. 303, párr. 126 (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2015).

En este sentido, la presunción de inocencia en un Estado democrá= tico debe ser garantizada por un juez constitucional, toda vez que como lo menci= ona Ávila (2023), la presunción de inocencia está consider= ado como “el eje del sistema procesal”, interpretando lo manifestado por el autor dicha garantía está considerada como la columna = del sistema procesal penal, es una garantía tan sensible que en reiterad= as ocasiones ha sido causa de lesiones y quebrantos de índole procesal, generando nulidades por parte de los titulares de la acción penal.

Aterrizando ya en la normativa interna, la Corte Constitucional del Ecuador ha generado jurisprudencia interpretativa realizando un control de convencionalidad de jurisprudencia internacional toda vez que la norma internacional forma parte del bloque de constitucionalidad en donde se reconoce la jerarquía constitucional dando paso así = al acuerdo en lo que respecta a los Estados incorporar en la norma interna derechos fundamentales que no se encuentren constitucional y legalmente reconocidos en el Ecuador.

Por tanto, la Corte Constitucional señala que:

Del derecho a = la presunción de inocencia se derivan algunos efectos jurídicos importantes: i) la presunción de inocencia es derecho que limita al poder punitivo, tanto en lo legislativo como en lo procesal ii) se debe presumir la inocencia de cualquier persona y, en consecuencia, se le debe tratar como inocente antes y durante el proceso penal; iii) la presunción de inocencia debe vencerse mediante pruebas lícita= s de culpabilidad ay se la debe declarar en sentencia; y, iv) la carga de la pru= eba la tiene quien ejerce las funciones de fiscal o la persona que acuse. (Corte Constitucional del Ecuador, 2020, par. 16)

En este orden de ideas, la presunción de inocencia pone un límit= e al poder punitivo del Estado, en todas sus instancias representativas, la inoc= encia de la persona se constituye un eje transversal durante todo el proceso pena= l y debe ser considerado así mientras la autoridad competente no lo decl= are culpable.

Aunque vale recalcar que en la práctica esta garantía se rompe por p= arte de fiscalía toda vez que esta entidad tiene la responsabilidad de recabar las pruebas suficientes que enerven el estado de inocencia de la persona procesada, lo que genera ya un quebrantamiento de dicha presunción toda vez que fiscalía al tener todas las pruebas requeridas rompe esa presunción de inocencia y lo considera desde ya como culpable para poder acusar.

Por tanto, su rol ante el juez es de acusador, es necesario recordar que el COI= P, menciona que fiscalía es el único que puede formular o no una acusación, esto en función de la información recabada = pues no sería lógico que se acuse a una persona teniéndola = como inocente con todas las pruebas en su contra.

La presunción de inocencia se destruye únicamente cuando se cuen= ta con las pruebas que evidencien los hechos suscitados y que no se deje lugar= a dudas, sino que estas deben ser convincentes, válidas y útile= s.

Y por último esta responsabilidad la tiene fiscalía o quien acu= se, por tanto, no es responsabilidad del procesado enervar su estado de inocenc= ia sino recabar pruebas para contradecir a las presentadas por fiscalía= o por quien acusa.

Por su parte la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 76 expresa que: En todo proceso en el cual se establezcan derechos y obligaciones se debe asegurar el derecho al debido proceso, este derecho a su vez tiene garantías entre otras la contenida en el nume= ral 2 del mismo artículo el cual reza: “Se presumirá la inocencia de toda persona y será tratada como tal mientras no se dec= lare su culpabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada” (Constitución de la República del Ecuador= ) (Asamblea Nacional Constituyente, 2008). Como se puede evidenciar esta garantía está contenida tanto en jurisprudencia internacional y en la normati= va interna, siendo este la más delicada de las garantías constitucionales.

Por otro lado, se puede analizar a la presunción de inocencia como una r= egla en el juicio, misma que luego de haber sido considerada por la Constitución otorgándole un rango supremo, garantía en= la cual se ha visto como base del sistema para impartir justicia.

En la jurisprudencia del common law, los magistrados Stewart, Brennan y Marshall, resaltaron que “Ningún principio se encuentra tan firmemente establecido en nuestro sistema de impartición de justicia como la presunción de inocencia que se le concede al acusado en cada proceso penal” (Bustamante & Palomo, 2018).

En resumen, la garantía de la presunción de inocencia transversa= liza el proceso penal, por tato, en un estado de derecho el juez constitucional = debe en todo momento garantizar el debido proceso y las garantías judicia= les o constitucionales del procesado para evitar incurrir en nulidades en cualq= uier etapa del proceso, sin embargo de la investigación realizada se ha evidenciado que esta garantía es la más delicada ya que siemp= re suele ser contrariada por quienes tienen la potestad de recabar las pruebas necesarias para enervar o ratificar el estado de inocente de la persona.

Así mismo, se puede decir que las garantías judiciales son un lím= ite al poder estatal para evitar incurrir en abusos de poder o arbitrariedades,= y que por el contrario se aplique un juicio justo que responda a las necesida= des de la sociedad y que también sancione de acuerdo con el delito comet= ido, para ello las pruebas juegan un papel relevante ya que son los únicos documentos que pueden demostrar la culpabilidad o no del inculpado.

Seguridad jurídica

Otro principio constitucional que se ve vulnerado al momento de una detenci&oacu= te;n provisional sin orden judicial es la seguridad jurídica, el cual está determinado en la Constitución en el artículo 82 = y se fundamenta en el respeto a la Constitución, por tanto, al existir ciertas vulneraciones a los derechos de las personas humanas con relaci&oac= ute;n a una detención en delito flagrante, pues no se estaría garantizando una verdadera seguridad jurídica, donde el imputado ten= ga la plena seguridad de que se van a respetar sus derechos fundamentales, en especial su derecho de contar con el tiempo y los medios necesarios para ejercer su defensa.

El Ecuador como parte signataria de los tratados y convenios internacionales t= iene la obligación de adoptar jurisprudencia que amplie y reconozca derec= hos y se incorpore dentro de la normativa interna. En este sentido, en todo pro= ceso penal debe observarse las garantías judiciales entre las que se encuentran ciertas formalidades que deben ser observadas para garantizar su efectivo goce.

Tal como menciona Carbonell (2021), la seguridad jurídica tiene una directa relación con el Estado de derecho en un sentido formal, entendiéndose por formal el “conjunto de reglas del juego” de índole procedimental q= ue las entidades estatales están obligadas a respetar, esto significa q= ue toda autoridad está sujeta a la Constitución y la ley.<= /span>

Esta sujeción por parte del Estado a la ley se configura en el principio = de mera legalidad, por lo que los actos de los órganos estatales deben estar sometidos a los derechos fundamentales. En este sentido, un estado de derecho se configura cuando está sometido al derecho, sus actos se encuentran regulados y limitados por la ley, entre otras característ= icas se muestran como eje central dentro del concepto de un Estado de derecho. <= o:p>

Es así que para garantizar la seguridad jurídica en un estado de derecho debe cumplir con dos características esenciales que son: 1. = la división de poderes y 2. el respeto de los derechos constitucionales= , en este sentido el artículo 16 de la Declaración de los Derechos= del Hombre y del Ciudadano (Asamblea Constituyente Francesa, 1789), declara lo siguiente: “Toda comunidad en la que no esté estipulada la separación de poderes y la seguridad de derechos necesita una Constitución”, con la finalidad de garantizar la libertad de l= os ciudadanos propios y extraños, por lo que el Ecuador al ser interviniente en dicha Declaración tiene la obligación de ado= ptar la jurisprudencia internacional y adecuarla a la necesidades de la población, estableciendo así las reglas del juego para garant= izar la libertad de las personas. =

En este sentido la seguridad jurídica tiene la finalidad de generar o d= ar certeza a los ciudadanos para que su vida, bienes y patrimonio estén protegidos de cualquier arbitrariedad ejercida por el poder estatal, sin una disposición judicial emitida por autoridad competente.

La seguridad jurídica constituye un eje transversal en lo que respecta a los derechos fundamentales de los seres humanos, en este sentido, se puede decir que al aplicar de manera correcta el debido proceso y la observancia = de las garantías básicas del derecho a la defensa se está garantizando la seguridad jurídica.

Por tanto, se puede decir que, si un ciudadano extranjero es detenido en delito flagrante y llevado ante los tribunales de justicia presidido por juez competente, quien tiene la obligación de verificar que se hayan respetado sus garantías constitucionales, pues vale hacerse las siguientes preguntas: ¿qué sucede si no se le provee de un traductor? O ¿Qué pasa si no fue comunicada su situació= ;n legal al país de origen a través de la embajada?, sin mucho q= ue pensar si no se cumplió con estas garantías constitucionales,= ya se vulneró el debido proceso.

De verificarse estas abstenciones, el juez debe declarar la inconstitucionalid= ad de la detención ya que se está vulnerando derechos constitucionales y dejando en la indefensión a la persona, toda vez = que al no ser su idioma oficial el castellano puede ser que no entienda correctamente lo que se le está diciendo, o en su defecto sino se comunica la situación legal de detenido a su país de origen también se incurre en nulidades procesales.

Para garantizar una seguridad jurídica durante todo el proceso desde la f= ase de investigación previa hasta llegar a la etapa de juicio, se debe t= omar en consideración las acciones legales que se realicen de acuerdo con cada caso concreto, por lo que sería ilógico aplicar el mismo método para todos los casos pues ningún caso se similar a otr= o, y al tratar de generalizarlos es en donde se incurre en inobservancias procesales.

Por poner un ejemplo el día 28 de diciembre del 2023, un ciudadano asiático intentó agredir a un sacerdote en la ciudad de Cuenc= a, sin embargo, al proceder con la detención y al leerle sus derechos s= e lo hizo en castellano (El Universo, 202= 3).

En este caso particular el juez constitucional al realizar el control de legal= idad con respecto a su detención evidenció que se vulneraron sus derechos por no haberle leído los mismos en su idioma, pues no se pu= ede presumir que un extranjero porque viva o resida en el Ecuador habla el idio= ma castellano, por tanto, el desconocimiento de esta garantía por parte de los agen= tes encargados de este procedimiento causó la declaratoria de ilegal de = la detención, por esta razón dicho ciudadano fue puesto en liber= tad de forma inmediata.

Analizando dicho caso concreto, el ciudadano estuvo privado de su libertad por varias horas, es necesario hacer hincapié sobre la importancia del principi= o de libertad, en el presente caso vemos que su detención fue ilegal ya q= ue no se garantizó el debido proceso al momento de su detención,= se violentó el derecho a la defensa pues al no ser el idioma oficial del ciudadano extranjero no pudo haber entendido con claridad lo que los agente= s le estaban informando. A partir de ello se privó ilegalmente la liberta= d de dicha persona, viniendo a ser una víctima del poder estatal ecuatori= ano, pues el tiempo que pasó privado de su libertad no lo podrá recuperar.

A través de los tiempos se ha evidenciado la vulneración de los derechos que no solo el Ecuador sino varios países que son parte int= egrante del Pacto de San José de Costa Rica, han incurrido, por lo que dichos Estados han tenido que realizar reparaciones integrales a las víctim= as de detenciones arbitrarias

Propuesta

En este punto es necesario destacar que existen detenciones a ciudadanos ecuat= orianos, así como las detenciones a ciudadanos extranjeros, sin embargo, al momento de leerles sus derechos, hay que considerar que se deben leer unos derechos para nacionales y adicionar otros para extranjeros, en este sentid= o se puede decir que donde opera la vulneración de derechos constituciona= les es en las detenciones a personas extranjeras pues se inobserva todas las garantías que les asisten a estas personas.

Cuando una detención procede contra un ciudadano ecuatoriano se le debe leer sus derechos constitucionales tales como el derecho a guardar silencio, el derecho a contar con un abogado, derecho a una llamada, entre otros derechos que se encuentran reconocidos en la Constitución.<= /p>

Pero que sucede cuando la detención provisional sin orden judicial opera sobre un ciudadano extranjero, pues tiene los mismos derechos constituciona= les a diferencia que al no ser ecuatoriano se debe considerar que posiblemente = no hable el castellano o español, por tanto, es necesario proveerle de = un traductor, a menos que de manera expresa la persona manifieste que no requi= ere del mismo, y además se debe comunicar su situación legal a la embajada de su país.

Por lo antes mencionado, la propuesta que se presenta en esta investigaci&oacut= e;n es tener como requisito mínimo que los agentes tengan conocimientos básicos de la Constitución y las leyes, toda vez que es deber primordial del Estado garantizar los derechos constitucionales de las perso= nas en cualquier situación más aún cuando entran en confli= cto con la ley.

Capacitar constantemente a los agentes autorizados para proceder con las detenciones sobre los derechos fundamentales y las garantías del debido proceso, así como del derecho a la defensa para que no incurran en errores qu= e a posterior puedan ser causales de nulidades procesales, para ello debe desti= nar recursos para proyectos de capacitación constante, tomando en consideración que constantemente se genera jurisprudencia nueva que tiene relación directa con los derechos constitucionales.=

En este sentido, la constante capacitación sobre derechos humanos, doct= rina y jurisprudencia internacional y nacional es necesaria y de relevante conocimiento para que los agentes encargados de las detenciones sepan que h= acer en cada caso concreto y no se proceda con la información de derechos constitucionales de manera general dejando en la indefensión a las personas.

Es necesario mencionar y recalcar una vez más que es deber del Estado garantizar los derechos fundamentales de las personas para no incurrir en vulneraciones de derechos humanos, para ello contar con personal capacitado= es relevante para que a su vez los jueces puedan realizar un juicio justo y eficiente, bajo la observancia del debido proceso y sus garantías constitucionales.

Metodolog&iacu= te;a

Este trabajo de investigación se realizó con un enfoque cualitativ= o, es decir, se aplicaron la revisión bibliográfica y la fundamentación teórica que permitieron sustentar el problema = de investigación respecto a la detención provisional o en flagrancia.

Asimismo, se aplicaron los métodos analítico - sintético, induct= ivo - deductivo, histórico – lógico y dogmático, así como las técnicas de revisión bibliográfica, que permitieron obtener resultados que confirmarán o negarán = la hipótesis planteada. El nivel de profundidad es descriptivo-explicat= ivo; descriptivo en virtud que permitió describir las principales características del tema en estudio; y, explicativo permitiendo adentrarse a las causas fundamentales del problema de investigación.=

Se utilizaron métodos como el inductivo-deductivo, mismo que viabilizó el tratamiento a través de características particulares hasta llegar a conclusiones generales. Además, se aplicó el método analítico-sintético que consis= tió en la desmembración de información relevante sobre el tema pa= ra reconstruirla a manera de síntesis. Otro método utilizado fue= el dogmático-jurídico que tuvo por objeto el estudio del derecho positivo y consintió sistematizar las normas de manera ordenada y sencilla.

Resultados

Del presente trabajo de investigación se obtuvo los siguientes resultado= s

Se puede evidenciar que la detención provisional o en flagrancia, pone = en peligro el principio de inocencia, toda vez que si bien es cierto esta detención se realiza en el momento en que se está atentando contra un derecho fundamental protegido, únicamente se enerva el est= ado de inocencia mediante una sentencia condenatoria emitida por autoridad competente.

Por tanto, se confirma la hipótesis planteada de que la detención provisional o en flagrancia si no se conocen a cabalidad los derechos constitucionales de las personas, se estaría vulnerando el debido proceso y al mismo tiempo poniendo en riesgo la seguridad jurídica. = Es por ello por lo que la capacitación constante a los agentes encargad= os de esta actividad es muy importante para no incurrir en violación de derechos y caer en nulidades procesales por un procedimiento erróneo= .

Para realizar una detención provisional o en flagrancia es muy necesario conocer los derechos de las personas tanto nacionales como extranjeras para= no vulnerar sus derechos, y que se caiga en una detención arbitraria e ilegal por haber inobservado principios constitucionales.

Si bien es cierto que la Constitución de la República reconoce a= la detención provisional o en flagrancia como una medida cautelar, organismos internacionales como la Corte IDH, han desarrollado jurisprudenc= ia con respecto a la detención provisional o en flagrancia, la misma qu= e ha sido incorporada en la normativa interna como parte de una actualizaci&oacu= te;n normativa y el reconocimiento de los derechos constitucionales.

Discusió= ;n

Con respecto a la Constitución esta es la norma suprema, y es un instrum= ento que sirve para controlar al gobierno y no para que el gobierno controle al pueblo (Carreño, 2024), es decir que la Constitución al ser Norma Suprema muestra el camino para que el Estado pueda ejercer su poder sin llegar a excesos y que no se viole= nten derechos fundamentales de los seres humanos, por tanto, se debe tener prese= nte este presupuesto normativo más aún en la peor de las crisis en cuanto a hechos violentos que se puedan suscitar por diferentes circunstanc= ias, en el país.

Es en estas condiciones que el Estado si bien es cierto se activa normativa y legalmente a través de la función judicial, para impartir justicia frente a un hecho que ha puesto en peligro un bien jurídico protegido, no debe desconocer que esta frente a una persona que violent&oac= ute; la ley y que como consecuencia de sus actos debe recibir un castigo, pues la sanción que se le impone es sobre sus actos pues ésta debe se= r proporcional al daño ocasionado.

En este aspecto, al hablar de una prehensión en delito flagrante se prioriza la privación de libertad, cabe mencionar que la Corte Constitucional en la sentencia sobre la limitación a la sustitución de la prisión preventiva en el párrafo 38 = ya se ha pronunciado al respecto, y ha manifestado que ésta debe ser de ultima ratio (Sentencia, 2021), entendiendo lo expresado por la Corte Constitucional, en un delito flagrante se prioriza la prisión, por lo que la Corte ha mencionado que la prisión debe ser una medida de última ratio, pues se debe justificar y fundamentar las razones por = las que se pide una prisión preventiva.

Mientras que estando frente a un delito flagrante o a una detención preventiva esta opera como primera medida dejando en segundo plano las otras medidas q= ue se encuentran detalladas en el artículo 552 del COIP (Asamblea Nacio= nal del Ecuador, 2014), en lo que respecto a las Modalidades, pues se tiene como medidas cautelares las siguientes:

= 1. Prohibición de ausentarse del país

= 2. Obligación de presentarse periódicamente ante la o el juzgador que conoce el proceso o ante la autoridad o institución que se designe<= /span>

= 3. Arresto domiciliario

= 4. Dispositivo de vigilancia electrónica

= 5. Detención

= 6. Prisión preventiva.

Como es evidente tanto los organismos internacionales como nacionales priorizan = la libertad de las personas, y la reconocen como un derecho fundamental sobre = el cual se sientan las bases del derecho, por tanto, en la Declaración Universal de Derechos Humanos (Organización de las Naciones Unidas, 1948), la misma está contenida en el artículo 3 “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.

Es importante resaltar que esta Declaración ha marcado un hito en la historia de los derechos humanos, ha sido construida por representantes de varios países siendo proclamada por la Asamblea General de las Nacio= nes Unidas, en Paris, en el año 1948.

Es necesario mencionar que el derecho a la libertad ha sido reconocido a nivel internacional, y está reconocido en algunos convenios y tratados tal= es como: la Convención Americana de Derechos Humanos (Secretaria Genera= l de la Organización de los Estado Americanos [OEA], 1969), Declaración Universal de Derechos Humanos (Organización de las Naciones Unidas, 1948), Convenio de Roma para la protección de los Derechos Humanos y de Libertades Fundamentales (Consejo de Europa, 1950), P= acto de Derechos Civiles y Políticos (Secretaria General de las Naciones Unidas, 1966), entre otros, sin embargo al ser el Ecuador un país signatario de convenios y tratados tiene la obligación de adoptar jurisprudencia que reconozca derechos.

Por esta razón ha incluido en su normativa interna el derecho a la liber= tad y todas las normas que de ella se desprenden tales como: la Constituci&oacu= te;n de la República del Ecuador (Asamblea Nacional Constituyente, 2008),= el Código Orgánico Integral Penal (Asamblea Nacional del Ecuador= , 2014), y toda la normativa interna se basa y fundamenta en la libertad.

Por lo antes expuesto, se puede mencionar que la detención en delito flagrante o prisión preventiva rompe la presunción de inocenc= ia, y se privilegia la prisión, esta situación rompe completament= e la presunción de inocencia que debe primar durante todo el proceso pena= l, y al romper esta presunción también se pone en la cuerda floja = a la seguridad jurídica, que debe ser garantizada por los justiciables competentes para impartir justicia en el caso concreto. En este sentido, menciona Carbonell (2021), la seguridad jurídica tiene una directa relación con el Estado de derecho en un sentido formal, entendiéndose por formal el “conjunto de reglas del juego̶= 1; de índole procedimental que las entidades estatales están obl= igadas a respetar, esto significa que toda autoridad está sujeta a la Constitución y la ley.

Conclusiones

·= ; = Se concluye que la detención en delito flagrante no es sinónimo de que la persona sea culpable, siem= pre deberá presumirse su estado de inocencia hasta que el Ministerio Fis= cal no se demuestre la culpabilidad de la persona procesada.

·= ; = Asimismo, se concluye que la prisión preventiva o en flagrancia pone en riesgo el debido proceso,= y por ende la seguridad jurídica, tomando en consideración que = si bien la ley manifiesta que las personas deben comparecer en un juicio en igualdad de condiciones en la práctica no es así.<= /span>

·= ; = Además, se concluye que con la prisión preventiva o en flagrancia se tiene un juicio de valor que e= s la culpabilidad de la persona pues ya no existe una objetividad para llevar a = cabo un proceso toda vez que desde la práctica se investiga desde la culpabilidad, sin dejar de lado obviamente los elementos de descargo del investigado con lo cual se da cumplimiento a lo manifestado en la normativa= .

·= ; = Por otro lado, se concluye que cuando = un detenido en delito flagrante es puesto ante la autoridad competente, se crea una línea demasiado fina entre la presunción de inocencia y la destrucción de dicho principio constitucional, toda vez que en este punto se abre la fase de investigación, por tanto, para que una pers= ona quede detenida Fiscalía debe argumentar y sustentar los motivos que = le llevan a pedir la detención provisional.

·= ; = Se concluye también que dichas medidas se solicitan en su gran mayoría cuando son delitos mayores o graves, especialmente en casos de corrupción del sector públi= co, es en donde más se ha evidenciado que Fiscalía solicita la detención provisional de un funcionario público para que este= no huya y estanque la investigación.

Conflicto de intereses

Los autores declaran que no existen conflicto de intereses en relación c= on el artículo presentado.

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