La
caducidad de la prisión preventiva
The
expiration of preventive detention
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1=
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Eliceo Antonio Jaramillo Tenenpaguay |
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https://orcid.org/0000-0003-4493=
-983X |
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Derecho Procesal Penal y Litigación Oral, Universidad
Católica de Cuenca. |
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2=
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Diego Palacios Moreno |
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https://orcid.org/0009-0005-4667=
-2368 |
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Derecho Procesal Penal y Litigación Oral, Universidad
Católica de Cuenca |
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Artículo de Investigación Cientí=
fica
y Tecnológica Enviado: 11/10/2023 Revisado: 26/11/2023 Aceptado: 12/12/2023 Publicado:05/01/2024 |
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Cítese: |
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Jaramillo T=
enenpaguay,
E. A., & Palacios Moreno, D. (2024). La caducidad de la prisión
preventiva. AlfaPublicaciones, 6(1), 5989. https://doi.org/10.33262/ap=
.v6i1.434 |
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<= o:p> |
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<= o:p> |
E=
sta
revista está protegida bajo una licencia Creative Commons Attribution Non
Commercial No Derivatives 4.0 International. Copia de la licencia: http://creativecommons.org/=
licenses/by-nc-nd/4.0/ |
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P=
alabras
claves: prisión preventiva,
proporcionalidad, presunción de inocencia, razonabilidad y caducidad. <= o:p> |
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Resumen Introducción: la situación legal de una perso=
na
procesada o que está cumpliendo una medida cautelar de prisión preventiva,
que sirve como último recurso antes del juicio, es de suma importancia. E=
sto
se debe al aparente contraste entre las disposiciones de la Constitución =
de
la República del Ecuador y el Código Orgánico Integral Penal dentro de
nuestro sistema legal. La norma constitucional establece que la prisión
preventiva debe quedar sin efecto una vez que se hayan cumplido los plazo=
s de
6 meses para los delitos punibles con prisión y 1 ańo para los delitos
punibles con prisión. Esta disposición establece un plazo para la privaci=
ón
de libertad en relación con distintos delitos. Estos límites no deben
superarse. Sin embargo, el Código Orgánico Integral Penal desarrolla aún =
más
la disposición constitucional y aborda específicamente el concepto de la
expiración de la prisión preventiva. Presenta la particularidad de que
suspende el plazo para la ejecución de la sentencia una vez dictada. Esta
suspensión aparentemente contradice la norma constitucional y viola el
derecho a la presunción de inocencia. Objetivo: garantizar su
coherencia con la norma constitucional e impedir cualquier violación de la
presunción de inocencia de las personas procesadas. Metodología: e=
nfoque
cualitativo. Implica una revisión exhaustiva de la literatura relevante y=
la
aplicación de criterios, teorías y leyes legales para fundamentar los
hallazgos. El nivel de profundidad de esta investigación es descriptivo y
explicativo, lo que nos permite describir las principales características=
y
las causas fundamentales de la expiración de la prisión preventiva. Co=
nclusión:
este trabajo de investigación establece que el cumplimiento de la ley pen=
al
contradice la norma constitucional. Existe una discrepancia entre nuestra
constitución y el derecho penal, ya que la suspensión de los plazos al
dictarse una sentencia viola el derecho a la libertad y la presunción de
inocencia cuando se supera el período de prisión preventiva establecido
constitucionalmente. Por lo tanto, se propone una reforma de nuestra
legislación penal para abordar esta cuestión. Área de estudio general: =
Derecho. Á=
rea
de estudio específica: caduci=
dad
de la prisión preventiva en el Ecuador. |
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Keywords: pretrial detention, proportionality, presumption=
of
innocence, reasonableness, and expiration. |
Abstract Introduc=
tion: The leg=
al
status of a person prosecuted or serving a precautionary measure of pre-t=
rial
detention, which serves as a last resort before trial, is of paramount
importance. This is due to the apparent contrast between the provisions of
the Constitution of the Republic of Ecuador and the Organic Comprehensive
Criminal Code within our legal system. The constitutional norm establishes
that pre-trial detention must be revoked once the periods of 6 months for
crimes punishable by imprisonment and 1 year for crimes punishable by
imprisonment have expired. This provision lays down a time limit for
deprivation of liberty in relation to various offences. These limits shou=
ld
not be exceeded. However, the Organic Comprehensive Criminal Code further
develops the constitutional provision and specifically addresses the conc=
ept
of the expiry of pretrial detention. It has the particularity that it
suspends the time limit for the enforcement of the judgment once it has b=
een
delivered. This suspension contradicts the constitutional norm and violat=
es
the right to the presumption of innocence. Objective: to ensure its
consistency with the constitutional norm and to prevent any violation of =
the
presumption of innocence of the persons prosecuted. Methodology: q=
ualitative
approach. It involves a thorough review of the relevant literature and the
application of criteria, theories, and legal laws to substantiate the
findings. The level of depth of this research is descriptive and explanat=
ory,
which allows us to describe the main characteristics and fundamental caus=
es
of the expiry of pretrial detention. Conclusion: This research work
establishes that compliance with criminal law contradicts constitutional
norms. There is a discrepancy between our constitution and criminal law s=
ince
the suspension of time limits when a sentence is handed down violates the
right to liberty and the presumption of innocence when the constitutional=
ly
established period of pre-trial detention is exceeded. Therefore, a refor=
m of
our criminal legislation is proposed to address this issue. General
Area of Study: expiration of preventive detention in Ecuador.=
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Introducción
El
área de estudio objeto de investigación, la prisión preventiva, constituye =
una
medida o institución procesal que tiene importancia constitucional. Como su
nombre lo indica, implica la privación de libertad personal a las personas
sometidas a un proceso penal, específicamente a los acusados, durante un
período definido en la Carta Magna. Esta duración está prevista legalmente y
establecida judicialmente, con el objetivo principal de garantizar la prese=
ncia
de la persona en el proceso penal. En consecuencia, esta medida restringe l=
os
derechos constitucionales, incluido el derecho a la libertad personal, entre
otros, de acuerdo con ciertos criterios, como el factor tiempo, según lo
determinado por la Constitución de la República del Ecuador y el Código Org=
ánico
Integral Penal.
Por
lo tanto, incluso si se supera el plazo establecido anteriormente, dicha me=
dida
queda revocada y se restablece la libertad sin perjuicio de la continuación=
del
proceso primario. Esta es la razón por la que el derecho penal aborda las
cuestiones relacionadas con el control y el funcionamiento de la prisión
preventiva y estipula que, una vez pronunciada la sentencia, se suspenden l=
os
plazos de expiración de la prisión preventiva. Al parecer, esta situación
contradice la norma constitucional, ya que la aplicación de la legislación
penal no permite revocar esta medida basándose en la suspensión de los perí=
odos
de caducidad, lo que prolonga su duración debido al factor temporal. En
consecuencia, se infringen varios derechos, como la presunción de inocencia=
, el
plazo razonable y la libertad personal.
En
el contexto ecuatoriano, surge un conflicto entre la norma constitucional y=
el
derecho penal, que hace necesaria la existencia de una sentencia ejecutable
para violar el derecho constitucional a la presunción de inocencia. En
conclusión, resulta imperativo preguntarse si se requiere una sentencia
ejecutoria para suspender los plazos de expiración de la prisión preventiva=
. El
objetivo general es determinar la inconstitucionalidad de la norma penal en
nuestra legislación, dado que el criterio mayoritario prevaleciente se opon=
e a
la ejecución de una condena por la suspensión de los plazos de prisión
preventiva.
La
metodología de investigación empleada en este estudio requería un análisis =
cualitativo,
basado principalmente en el análisis documental del contenido. Los criterio=
s,
las teorías y las leyes legales se utilizaron en correlación con el nivel d=
e la
investigación explicativa descriptiva, que se centra en el derecho positivo=
y
proporciona una explicación completa y relevante del tema. Se emplearon los
métodos analíticos y dogmáticos, basados en categorías y en un examen
exhaustivo de la legislación nacional relativa a la expiración de la prisión
preventiva.
Marco
referencial
Antecedentes
de la medida cautelar de prisión preventiva en Ecuador
El
establecimiento de la prisión preventiva como medida cautelar en Ecuador se
remonta a la aplicación del Código Penal y el Procedimiento Penal (Presiden=
cia
de la Republica del Ecuador, 1971). Esta legislación describía las diversas
medidas cautelares, incluidas las medidas personales, como la detención y la
prisión preventiva, así como medidas reales, como la prohibición de la
enajenación de activos, el secuestro, la retención y la incautación. Estas
medidas solo son aplicables en los casos especificados en el Código y en las
leyes especiales.
Por
lo tanto, las medidas cautelares preventivas se desarrollan en el marco de =
la
legislación, que puede clasificarse como medidas reales que se refieren a la
propiedad o medidas personales que pertenecen a las personas. La severidad =
de
estas medidas se determina en función del grado en que afectan a los derech=
os
de las personas de manera preventiva.
De
conformidad con lo anterior, la Constitución Política de la República del
Ecuador (Asamblea nacional Constituyente del Ecuador, 1998), aborda los pla=
zos
para la adopción de medidas cautelares en el artículo 24.8. Establece que la
prisión preventiva no debe exceder de seis meses para los delitos punibles =
con prisión,
o un ańo para los delitos punibles con prisión. El incumplimiento de estos
plazos dará lugar a la anulación de la orden de prisión preventiva, y la
responsabilidad recaerá en el juez que supervisa el caso.
Teniendo
en cuenta los antecedentes antes mencionados, la incorporación de la medida
cautelar a la legislación nacional está justificada. Esto se debe a que se =
han
establecido las condiciones para garantizar que la medida sea legal, no
arbitraria y legítima. Uno de los aspectos clave es el factor tiempo, que s=
igue
siendo relevante hasta el día de hoy.
Por lo tanto, la Constitución de la República del Ecuador (CRE) (Asamblea Nacio= nal Constituyente del Ecuador, 2008), que ha estado vigente desde el mismo ańo,= se refiere a lo mencionado en el artículo 77.9. Garantiza que en cualquier pro= ceso penal en el que una persona haya sido privada de libertad, se deberán obser= var ciertas garantías básicas. Entre ellas figuran los plazos de prisión preventiva, que no deben superar los seis meses en el caso de los delitos punibles con prisión, ni un ańo en el caso de los delitos punibles con pris= ión. Si se superan estos plazos, se debe anular la orden de prisión preventiva.<= o:p>
El
juez que supervisa el proceso debe asegurarse de que las garantías básicas
descritas en la CRE se respeten en todos los aspectos del proceso. Esto inc=
luye
la duración de la medida cautelar, incluso si supera los plazos establecidos
por la CRE. En tales casos, la medida debe ser revocada y se debe emitir una
boleta de libertad, sin que ello afecte a la continuación del juicio.
Además,
el Código Orgánico Integral Penal (COIP), que entró en vigor en el mismo ań=
o,
establece en su artículo 541.3 el concepto legal de caducidad de la prisión
preventiva en nuestro derecho penal (Asamblea Nacional de la Republica del
Ecuador, 2014). Según el COIP, la terminación de la prisión preventiva está
sujeta a normas específicas (Asamblea Nacional de la Republica del Ecuador,
2014). El inicio del período de caducidad se calcula a partir de la fecha en
que la orden de prisión preventiva entre en vigor. Sin embargo, es importan=
te
seńalar que, una vez dictada la sentencia, estos plazos se interrumpen,
alterando así el cálculo anterior.
Al
examinar los aspectos constitucionales y de derecho penal que rodean este
asunto, se hace evidente que hay una falta de consenso entre la CRE y el CO=
IP.
Esta disparidad surge cuando la Carta Magna establece una duración máxima d=
e la
prisión preventiva, mientras que el derecho penal introduce una norma (tal =
como
dicta la sentencia) que suspende los plazos de caducidad, lo que parece
contradecir las disposiciones contenidas en la CRE (Asamblea Nacional
Constituyente del Ecuador, 2008). En consecuencia, surgen dudas sobre la
posible violación de derechos fundamentales como la presunción de inocencia=
, el
derecho a un plazo razonable y la libertad personal.
Conceptualización,
finalidad y modalidades de la medida cautelar
En
relación con la medida cautelar, según explica Acosta (2022), menciona lo
siguiente:
Las medidas
cautelares pueden clasificarse como personales o reales, según se refieran =
a la
libertad personal, a la libertad de disposición de los bienes o a la
administración del acusado. El propósito de estas medidas es garantizar los
objetivos del procedimiento legal, garantizar la seguridad de la sociedad o=
de
la víctima y obtener activos adecuados para una posible indemnización. (p. =
73)
Las
medidas cautelares, que se aplican en el marco de los procesos penales, aba=
rcan
herramientas procesales tanto personales como reales, que tienen un propósi=
to
puramente procesal e imponen restricciones a las personas y sus bienes.
Del
mismo modo, según cita Acosta (2022), el exmagistrado chileno Leopoldo Vera
ofrece una visión de la medida cautelar como un instrumento ideal para
contrarrestar el riesgo de que durante el transcurso del proceso el sujeto
activo pueda realizar actos o adoptar comportamientos que impidan o dificul=
ten
gravemente la ejecución de la sentencia (p. 52).
Las medidas cautelares se basan en la legislación ecuatoriana y es crucial establecer su definición. Según Acosta (2022), las medidas cautelares tienen tres objetivos: garantizar la presencia del acusado durante todo el proceso, facilitar una posible indemnización y evitar la obstrucción del procedimien= to legal. Estas medidas deben ajustarse a los principios legales pertinentes.<= o:p>
Estos
objetivos están en línea con el COIP (Asamblea Nacional de la Republica del
Ecuador, 2014), que establece en el artículo 519 que las medidas cautelares
tienen por objeto:
-
Salvaguardar los derechos de las víctimas y otras partes involucradas en el
proceso penal. - Garantizar la presencia del acusado en el proceso penal, la
ejecución de la sentencia y la plena reparación. - Impedir la destrucción u
obstrucción de las pruebas y la desaparición de los elementos condenatorios=
. -
Garantizar una reparación integral a las víctimas.
Del
mismo modo, el artículo 522 del mencionado reglamento describe varias medid=
as
cautelares no privativas que puede imponer el juez competente, ya sea
individualmente o en conjunto, priorizándolas sobre la prisión preventiva.
Estas medidas incluyen: Ť1. Prohibición de salir del país. 2. Obligación de
comparecer periódicamente ante el juez o la autoridad designada. 3. Arresto
domiciliario. 4. Dispositivo de vigilancia electrónica. 5. Detención. (...)ť
(Asamblea Nacional de la Republica del Ecuador, 2014).
Como
se ha dicho, estas medidas cautelares no privativas tienen prioridad sobre =
la
prisión preventiva, otra medida cautelar mencionada en el artículo 522 del =
COIP
(Asamblea Nacional de la Republica del Ecuador, 2014). Estas medidas son
progresivas y tienen como objetivo minimizar la violación de derechos como =
la
libertad personal y la presunción de inocencia. Para implementarlas, deben
cumplirse los requisitos especificados en el artículo 534 del mismo cuerpo
legal (Asamblea Nacional de la Republica del Ecuador, 2014).
Conceptualización
de prisión preventiva
De
hecho, como se estableció anteriormente, existen numerosas medidas cautelar=
es
que no son de naturaleza privativa. Sin embargo, la misma ley también inclu=
ye
disposiciones sobre la prisión preventiva como medida cautelar. En este
contexto, el experto legal Julio Maier
la prisión
preventiva, también conocida como prisión preventiva, implica un mayor nive=
l de
complejidad y severidad en términos de restringir la libertad preventiva. Se
diferencia de otras jurisdicciones por su potencial de duración prolongada =
y su
posterior estabilidad. Esta forma de detención representa la violación más
significativa de la libertad personal y, al mismo tiempo, contradice el
principio de inocencia que salvaguarda los derechos del acusado (ulla poena
sine iuditio). Básicamente, la prisión preventiva implica inicialmente un a=
lto
grado de desconfianza hacia los acusados, ya que se considera que pueden po=
ner
en peligro el progreso del proceso judicial o la consecución de sus objetiv=
os.
En consecuencia, para mitigar estos riesgos, la ley propone confinar al acu=
sado
durante el proceso penal como medida excepcional, definida legalmente en
contraposición al principio de libertad personal. (pp. 415-416)
Es
imperativo hacer hincapié en los aspectos pertinentes destacados por Maier,
principalmente el carácter prolongado y estable de la prisión preventiva. Se
pretende que esta medida dure durante un período extenso, convirtiéndose as=
í en
una circunstancia normal y estable para las personas sometidas a ella. En
consecuencia, infringe el derecho a la presunción de inocencia. Además, imp=
lica
una falta de confianza en la persona investigada o procesada, ya que inicia=
lmente
se presume que impide el avance del proceso penal.
Del
mismo modo, el jurista Claus Roxin
La prisión
preventiva, en el contexto del proceso penal, se refiere a la privación de
libertad impuesta al acusado con el objetivo de salvaguardar el proceso
judicial o la ejecución de la sentencia. Su finalidad es garantizar la
presencia del acusado durante todo el proceso penal. Su objetivo es garanti=
zar
una investigación exhaustiva de los hechos llevada a cabo por las autoridad=
es
judiciales penales pertinentes. Su objetivo es garantizar la aplicación
adecuada de las sanciones penales. (p. 257)
La
razón de ser de la prisión preventiva, según la autora, reside en su intenc=
ión
de restringir la libertad de una persona que está siendo investigada por su
presunta participación en un delito penal. Impulsada principalmente por
consideraciones de procedimiento, tiene por objeto garantizar la presencia =
del
acusado durante todo el procedimiento penal y garantizar un examen exhausti=
vo
de los hechos. Además, concede gran importancia a la ejecución de la eventu=
al
sentencia, por lo que constituye un componente fundamental de la prisión
preventiva.
Principios
procesales
Según
la información antes mencionada, la utilización de la prisión preventiva co=
mo
medida cautelar se considera la última opción y se rige por varios principi=
os
constitucionales. Entre los principios más importantes figuran:
Principio
de legalidad
Según
el profesor Rafael Oyarte (2016), el principio de legalidad abarca dos aspe=
ctos
en la época contemporánea: la legalidad en la clasificación de los delitos =
y la
legalidad en el establecimiento de las sanciones (p. 31). El principio de
legalidad exige que la medida de prisión preventiva se determine sin tener =
en
cuenta las disposiciones de la ley. En este contexto, la prisión preventiva=
se
describe en el artículo 534 del COIP, que especifica su finalidad y los req=
uisitos
que debe cumplir para ser concedida (Asamblea Nacional de la Republica del
Ecuador, 2014). Sin embargo, de conformidad con el principio de legalidad,
estamos obligados a cumplir con lo definido en el artículo 76, párrafo 3, d=
e la
CRE, que establece que la ley debe predefinir tanto los delitos como las
sanciones (Asamblea Nacional Constituyente de la Republica del Ecuador, 200=
8).
Los ciudadanos deben conocerlos de antemano para alinear su comportamiento =
con
las normas socialmente aceptadas.
Esto
concuerda con las estipulaciones de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (Organización de Estados Americano [OEA], 1969), que en su artículo=
7.2
hace hincapié en el derecho a la libertad personal. Establece que ninguna
persona puede ser privada de su libertad física, excepto en los casos y en =
las
condiciones establecidos de antemano por las constituciones políticas de lo=
s Estados
parte o por las leyes promulgadas de conformidad con ellas.
Al
restringir el derecho a la libertad mediante la imposición de una medida
cautelar, es imperativo que la ley establezca claramente los requisitos y
condiciones necesarios establecidos en el COIP. Solo deben solicitarse y
ordenarse si se cumplen las siguientes condiciones: 1) hay pruebas suficien=
tes
de la existencia de un delito, 2) hay elementos claros, precisos y justific=
ados
que indiquen que el acusado es el autor o cómplice del delito, 3) hay indic=
ios
de que las medidas cautelares no privativas son inadecuadas y que la prisión
preventiva es necesaria para garantizar la presencia del acusado en la
audiencia del juicio o el cumplimiento de su condena, y 4) el delito en
cuestión se castiga con una pena de prisión superior a un ańo (Asamblea
Nacional de la Republica del Ecuador, 2014).
Para
evitar la arbitrariedad, es por eso por lo que el derecho a la libertad, a
pesar de ser un derecho fundamental, está sujeto a restricciones temporales
impuestas por las normas legales. Estas normas tienen como objetivo estable=
cer
mecanismos legítimos para la supresión o la limitación temporal de este der=
echo
fundamental.
Principio
de proporcionalidad
El
concepto descrito por Stefan Krauth
Por
lo tanto, la proporcionalidad asume el papel de una norma reguladora impues=
ta
por los miembros de la asamblea, con el objetivo de impedir que se persigan
objetivos procesales que sean incongruentes con las intervenciones sobre los
derechos fundamentales del acusado.
La
aplicación del principio de proporcionalidad se deriva únicamente de las no=
rmas
constitucionales y penales. En su desarrollo, el juez responsable de garant=
izar
las salvaguardias penales debe defender los derechos constitucionales media=
nte
una deliberación cuidadosa. En concreto, cuando un derecho fundamental choca
con un principio contrario, la aplicación de dicho derecho depende del
principio contrario. Por lo tanto, es imprescindible tener en cuenta este
aspecto a la hora de tomar una decisión. No obstante, el principio de
proporcionalidad debe entenderse como un método de interpretación judicial y
constitucional de los derechos fundamentales consagrados en la legislación =
que
forma parte del derecho penal.
Principio
de necesidad
El
principio de necesidad, que se inscribe en los subprincipios de
proporcionalidad, afirma que la prisión preventiva como medida cautelar es
admisible constitucionalmente si es la única medida capaz de alcanzar
plenamente los posibles objetivos procesales.
De
acuerdo con la perspectiva de Bernal (2010), hace referencia al principio de
necesidad y articula lo siguiente:
La evaluación =
de
la necesidad de la norma sancionadora se divide en dos etapas: en primer lu=
gar,
tiene como objetivo determinar si existen medios no penales adecuados que
puedan salvaguardar los intereses legales y, al mismo tiempo, ser menos
perjudiciales para los derechos fundamentales afectados por la norma
sancionadora; en segundo lugar, una vez que se haya establecido que los
mecanismos no penales son insuficientes para dicha protección, es necesario
asegurarse de que el tipo y la gravedad de la sanción prescrita por el
legislador son los mínimos requeridos para cumplir la con fines preventivos.
(p. 166)
Sobre
la base de las ideas de Bernal, se evalúa la necesidad de una medida sobre =
otra
considerando que la opción menos dańina debe prevalecer sobre las medidas
coercitivas. Además, depende del comportamiento del acusado, lo que permite=
una
adaptación progresiva de las medidas, como la privación de libertad. Es
importante seńalar que esta necesidad debe estar debidamente justificada y
argumentada por el fiscal en su solicitud, y el juez, a su vez, debe
proporcionar razones justificadas para considerar la privación de libertad =
como
una medida necesaria.
Principio
de razonabilidad
El
concepto de razonabilidad implica que los jueces están obligados a examinar=
los
derechos protegidos constitucionalmente que están implicados durante la pri=
sión
preventiva, así como las ramificaciones de las decisiones que toman. Además=
, si
se puede justificar razonablemente la necesidad de tomar precauciones, hay =
que
asegurarse de que dichas medidas no comprometan la razonabilidad material d=
e la
acción y, al mismo tiempo, eviten cualquier perjuicio.
De
conformidad con la sentencia del Tribunal Constitucional núm. 025-16-SEP-CC=
(Corte
Constitucional del Ecuador, 2016), el principio de razonabilidad se explica=
de
la siguiente manera:
Como se establ=
eció
anteriormente, uno de los componentes esenciales que debe incluir una sente=
ncia
judicial para que se considere motivada es el de la razonabilidad. Esto imp=
lica
que la resolución debe dictarse de conformidad con los principios
constitucionales y legales que constituyen nuestro marco legal y que son
pertinentes al caso específico en cuestión. (p. 16)
Como
se aclara en la sentencia antes mencionada, se hace hincapié en que debe
existir una argumentación adecuada, lógica y coherente que alinee las normas
constitucionales y penales con las circunstancias específicas del caso,
manteniendo al mismo tiempo la jerarquía constitucional para evitar cualqui=
er
violación de los derechos o garantías.
Análisis
normativo de la prisión preventiva
En
esta sección, examinaremos las regulaciones nacionales e internacionales
relacionadas con la prisión preventiva, con un enfoque particular en resalt=
ar
la aparente contradicción entre ellas.
La
Convención Interamericana de Derechos Humanos (OEA, 1969), aborda la cuesti=
ón
en el artículo 7.5, que estipula lo siguiente:
El derecho a la
libertad personal: toda persona que sea detenida y detenida debe comparecer=
sin
demora ante un juez u otro funcionario judicial autorizado, de conformidad =
con
la ley. Tendrán derecho a ser juzgadas con las debidas garantías en un plaz=
o razonable
o a ser puestas en libertad, sin perjuicio de las actuaciones judiciales en
curso. La libertad de la persona podrá estar condicionada a la existencia de
salvaguardias que garanticen su presencia durante el juicio.
El derecho en cuestión tiene un peso significativo, ya que no impone ninguna limitación a su duración a menos que no cumpla los criterios prescritos. En consecuencia, la Convención pide a sus estados miembros que actúen con prontitud a fin de minimizar cualquier efecto adverso sobre dicho derecho.<= o:p>
Además,
la CRE (Asamblea Nacional Constituyente, 2008), en su artículo 77.9, establ=
ece
las siguientes disposiciones:
En todo proceso
penal que implique la privación de libertad de una persona, deben respetarse
las siguientes garantías fundamentales: la duración de la prisión preventiv=
a,
bajo la jurisdicción del juez que preside, no debe superar los seis meses e=
n el
caso de los delitos castigados con la pena de prisión, o un ańo en el caso =
de
los delitos punibles con prisión. En caso de que se sobrepasen estos plazos=
, se
revocará la orden de prisión preventiva. [...]
En
relación con el derecho a la libertad consagrado en la mencionada convenció=
n,
el Código Penal Integral regula que este derecho inherente, que se infringe
mediante una medida cautelar, debe causar un dańo mínimo al acusado al
establecer plazos específicos para su vencimiento.
En
consecuencia, el COIP (Asamblea Nacional de la Republica del Ecuador, 2014)=
, en
su artículo 541.3, establece las siguientes disposiciones:
La expiración =
de
la prisión preventiva se regirá por los siguientes principios: el plazo para
que surta efecto se calculará a partir de la fecha en que la orden de prisi=
ón
preventiva entre en vigor y se pronuncie la sentencia; estos plazos se
interrumpirán.
Como
se mencionó anteriormente con respecto al plazo razonable para el juicio de=
una
persona, la Constitución establece un límite a la duración especificada, que
asciende a seis meses y un ańo, según si el delito se castiga con prisión o
reclusión, respectivamente. Sin embargo, a diferencia de las disposiciones
antes mencionadas, la legislación penal generalmente no respeta estos límit=
es
temporales, lo que constituye una circunstancia peculiar. En particular, en=
la
parte final del artículo 541, párrafo 3, se establece que, una vez dictada =
la
sentencia, se suspenderán estos plazos, lo que constituye una contradicción=
que
va en contra de los principios de la presunción de inocencia y del derecho =
a la
libertad que poseen las personas. Al suspender estos plazos, la legislación=
va
en contra de las normas de mayor rango en el orden jerárquico.
Revisión
de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso
Suarez Rosero Vs. Ecuador, Sentencia 12 de noviembre de 1997
Antecedentes
del caso
En
la madrugada del 23 de junio de 1992, los seńores Suárez Rosero y Nelson
Salgado fueron aprehendidos por dos individuos encapuchados que viajaban en=
un
vehículo no identificado. Estas personas alegaron que el arresto se realizó=
en
respuesta a una denuncia sobre la quema de drogas en una quebrada tipo Zamb=
ia,
en la que participaron ocupantes de un vehículo tipo ŤTrooperť.
Posteriormente,
tanto el Sr. Suárez como Nelson Salgado fueron trasladados a las oficinas d=
e la
Interpol en la ciudad de Quito y posteriormente trasladados a las mazmorras=
. No
se le proporcionó al Sr. Suárez la identidad de la persona que presentó la =
denuncia
en relación con la quema de drogas, ni se le permitió informar a su familia
acerca de su detención. Bajo presión y amenazas, fue obligado a aceptar su
participación en el crimen. Durante toda la tarde, fue objeto de malos trat=
os
físicos, como ser golpeado, asfixiado con una bolsa que contenía gas
lacrimógeno y amenazado con electrocutarlo y ahogarlo en un tanque de agua.
Además, fue acusado de traficante de drogas y se enfrentó a la amenaza de q=
ue
citaran y coaccionaran a su esposa.
Dentro
de las primeras 24 horas de su detención, el Sr. Suárez presentó una
declaración ante el Tercer Fiscal. Sin embargo, no se le informó de su dere=
cho
a tener acceso a un defensor público. Estuvo recluido en una celda pequeńa,=
de
unos 15 metros cuadrados, junto con otras 17 personas. La celda, ubicada en=
un
sótano, carecía de ventanas, ventilación y ropa de cama adecuada. Durante 30
días, durmió sobre un periódico. Durante su detención, sufrió una neumonía =
y le
administraron analgésicos. Al final de su reclusión en régimen de
incomunicación, su familia le suministró penicilina.
El
23 de julio de 1992, el Sr. Suárez fue objeto de maltrato físico por parte =
de
un grupo policial del Grupo de Intervención y Rescate. Junto con otros
detenidos, lo obligaron a ponerse en cuclillas con las manos en la nuca y lo
obligaron a confesar como narcotraficante. Lo amenazaron y lo obligaron a
correr por el patio con los ojos vendados, ante la amenaza de que lo matarí=
an.
Como resultado de su reclusión en régimen de aislamiento, perdió una cantid=
ad
importante de peso por miedo a consumir alimentos y desarrolló alergias a
determinadas sustancias y alimentos.
No
fue sino hasta el 28 de julio de 1992 que el Sr. Suárez pudo ver a su famil=
ia.
Luego lo colocaron en una celda de aproximadamente cuatro metros por dos me=
tros
y medio, donde permaneció en prisión preventiva durante cuatro ańos. Se le
permitía pasar cuatro horas al día en el patio. Las consultas legales con su
abogado siempre se llevaban a cabo en presencia de un oficial de policía. No
compareció ante un juez hasta ese momento. Finalmente, se emitieron una ord=
en
de prisión preventiva y un hábeas corpus, pero lamentablemente fueron
denegados. Finalmente, se ordenó su puesta en libertad. <=
/span>
Del
proceso judicial
El
Sr. Suárez Rosero fue aprehendido a las 2:30 de la mańana del 23 de junio de
1992 por agentes de la Policía Nacional del Ecuador como parte de una opera=
ción
policial denominada ŤCiclónť. El objetivo principal de esta operación era
desmantelar una de las mayores organizaciones internacionales de narcotráfi=
co.
Es importante destacar que, en el momento del arresto, no se había emitido
ninguna orden de arresto ni evidencia de que se hubiera cometido un acto
delictivo.
Posteriormente,
el 12 de agosto de 1992, el Juez Tercero de lo Penal de Pichincha dictó una
orden de prisión preventiva contra el seńor Suárez Rosero (núm. 125 del 12 =
de
agosto de 1992), la cual se produjo dos meses después de su detención inici=
al.
Posteriormente,
el 16 de abril de 1996, la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia de
Quito decretó la liberación del Sr. Suárez Rosero. Esta orden judicial se
ejecutó el 29 del mismo mes y ańo.
De
la privación de la libertad
La
sección argumentativa de la presente sentencia, Caso Suárez Rosero contra E=
cuador
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (1997), arroja luz sobre la
cuestión de la prisión preventiva. En este contexto, la Corte defiende el
principio de la presunción de inocencia como principio fundamental de las
garantías judiciales. Este principio afirma que una persona es considerada
inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. El artículo 8.2 de la
Convención impone al Estado la obligación de no restringir indebidamente la
libertad del detenido, a menos que sea estrictamente necesario para garanti=
zar
el progreso sin trabas de las investigaciones y la administración de justic=
ia.
Es importante seńalar que la prisión preventiva es una medida cautelar y no=
punitiva.
Este concepto fundamental se expresa en varios instrumentos del derecho
internacional de los derechos humanos, incluido el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos. Según este pacto, la práctica general no debe=
ría
implicar la prisión preventiva de personas en espera de juicio (art. 9.3).
Imponer un período de detención desproporcionado a personas cuya
responsabilidad penal no se ha establecido constituiría una injusticia. Tal
acto equivaldría a prejuzgar una sentencia, lo que contradice los principios
generales del derecho universalmente reconocidos (párr. 77).
El
punto clave del argumento anterior es afirmar que se presume la inocencia de
las personas hasta que se demuestre su culpabilidad y, por lo tanto, las pa=
rtes
que intervienen en un proceso judicial deben reducir al mínimo la privación=
de
libertad del acusado. No hacerlo se traduciría en una privación de libertad
injusta.
El
Tribunal concluye que la prolongada prisión preventiva del Sr. Suárez Rosero
violó el principio de presunción de inocencia. Estuvo detenido del 23 de ju=
nio
de 1992 al 28 de abril de 1996 y, a pesar de la orden de puesta en libertad
dictada el 10 de julio de 1995, su puesta en libertad no pudo ejecutarse ha=
sta
casi un ańo después. Por lo tanto, la Corte declara que el Estado ha violad=
o el
artículo 8.2 de la Convención Americana (párrafo 78) (Corte Interamericana =
de
Derechos Humanos, 1997).
En
este contexto, es importante enfatizar la fuerte correlación entre el perío=
do
de tiempo razonable y la presunción de inocencia. Esta correlación se ha pu=
esto
de relieve en una importante jurisprudencia, tal como se refleja en la CRE =
y el
COIP, en la que se insta a los operadores de justicia a respetar diligentem=
ente
la expiración de la prisión preventiva.
Caso
Tibi Vs Ecuador Sentencia de 07 de septiembre de 2004 (excepciones
preliminares, fondo, Reparaciones y Costas)
Antecedentes
del caso
El
Sr. Daniel Tibi, de nacionalidad francesa, dirigía una exitosa empresa
especializada en piedras preciosas. La familia Tibi optó por establecerse e=
n la
ciudad de Quito debido a su afición por Ecuador. El 27 de septiembre de 199=
5,
el Sr. Tibi fue aprehendido por individuos vestidos de civil y armados. Est=
as
personas lo obligaron a subir a un vehículo no oficial, afirmando que se
trataba de un control de inmigración no solicitado. El Sr. Tibi no fue
informado de su derecho a la representación legal. A pesar de ello, accedió=
a
cooperar, lo que dio lugar a la verificación de su situación de residencia.=
Posteriormente,
fue escoltado hasta la sede de la INTERPOL para una verificación adicional.=
Fue
en ese momento cuando recibió instrucciones de entregar todas sus pertenenc=
ias
personales, incluidas las herramientas, las piedras preciosas valoradas en =
135.000
dólares y la chequera que había utilizado durante el tiempo que estuvo
detenido. Las autoridades le informaron de que tenía que viajar en avión a
Guayaquil para prestar testimonio. Este testimonio iba a tener lugar en un =
cuartel,
donde se encontró con agentes de policía, un fiscal y un coronel llamado
Abraham Correa. En este contexto, se le pidió que identificara a varias
personas en varias fotografías, una de las cuales le había ofrecido un nego=
cio
de suéteres de cuero. El Sr. Tibi se vio obligado a firmar una declaración =
en
la que reconocía a esa persona.
Durante
todo el tiempo que estuvo en el cuartel, nunca se presentó ninguna orden de
detención contra el Sr. Tibi. Tardó cuatro días en establecer contacto con =
su
esposa y permaneció en el cuartel un total de ocho días. Posteriormente, fue
trasladado a la Penitenciaría de Litoral, donde estuvo preso durante 843 dí=
as.
Durante ese período, fue internado inicialmente en un pabellón conocido como
Ťcuarentenať durante 45 días, seguido de otros 90 días en el pabellón
Ťatenuadoť. Además, estuvo recluido en una celda de castigo sin ningún tipo=
de
separación entre los delincuentes más peligrosos y los que estaban a la esp=
era
de sentencia.
Tras
pasar un total de 27 meses, tres semanas y tres días detenido, el Sr. Tibi =
fue
finalmente puesto en libertad el 21 de enero de 1998.
Del
proceso judicial
El
18 de septiembre de 1995, en la región del Guayas, Ecuador, durante una
operación contra los narcóticos conocida como ŤOperativo Camarónť, las
autoridades policiales se encontraron con un congelador de General Electric=
con
un volumen de 26 pies cúbicos. Dentro de este congelador, se descubrieron 45
cajas que contenían langostinos, junto con una cápsula que, tras ser analiz=
ada,
mostró una reacción similar a la del clorhidrato de cocaína. Posteriormente=
, el
18 de septiembre de 1995, el Sr. Eduardo Edison García León fue aprehendido.
Vale la pena seńalar que el 23 de ese mismo mes y ańo, el Sr. García León
prestó un testimonio en el que afirmó que un individuo francés llamado Dani=
el
le había suministrado gramos de cocaína en dos o tres ocasiones distintas.
Posteriormente, el 27 de septiembre de 1995, agentes de la INTERPOL detuvie=
ron
a Daniel Tibi en la ciudad de Quito (Eloy Alfaro). Cabe seńalar que esta
detención se llevó a cabo sin orden judicial y se basó únicamente en una so=
la
prueba, a saber, la declaración proporcionada por los coacusados.
El
28 de septiembre, el juez Ángel Rubio Game emitió una orden de detención
judicial. En esta misma fecha, el Sr. Tibi presentó su versión de los hecho=
s al
fiscal Oswaldo Valle Cevallos, aunque sin la presencia de representación le=
gal.
Posteriormente, el 4 de octubre de 1995, se dictó una orden de prisión
preventiva contra el Sr. Tibi, quien fue trasladado del cuartel modelo de
Guayaquil a la Penitenciaría de Litoral al día siguiente. Es importante
mencionar que el 8 de diciembre de 1995, el Sr. Eduardo García se retractó =
de
su anterior declaración incriminatoria, lo que llevó al juez a dictar una o=
rden
de sobreseimiento el 5 de septiembre de 1997. En consecuencia, se confirmó =
el
sobreseimiento provisional del juicio del Sr. Tibi el 14 de enero de 1998, =
por
lo que se ordenó su puesta en libertad el 20 de enero de 1998. Esta liberac=
ión
se llevó a cabo posteriormente el 21 del mismo ańo.
De
la privación de la libertad
Según
la sentencia en el caso de Caso Tibi contra Ecuador (Corte Interamericana de
derechos Humanos, 2004), la Corte afirma lo siguiente:
En el caso del=
Sr.
Tibi, su detención preventiva duró dos ańos, tres meses y tres semanas, lo =
que
no se considera razonable, ya que no cumple los requisitos de prisión sin
condena. Para que la detención se considere justificada, es necesario
establecer su validez desde el principio. Si la detención fue ilegal o
arbitraria desde su inicio, como ocurrió con el Sr. Tibi, ningún plazo puede
considerarse razonable. Además, incluso si existen sospechas razonables de =
que
el acusado ha cometido un delito, el Estado debe demostrar que estas sospec=
has
han aumentado hasta un nivel que justifica la duración de la detención. Esto
requiere evaluaciones periódicas de la necesidad y legitimidad de la medida=
, lo
que no se hizo en el caso del Sr. Tibi. Además, incluso si hay suficientes
sospechas que justifiquen la prisión preventiva, el Estado debe demostrar q=
ue
ha llevado a cabo la investigación con diligencia, lo que claramente no ha =
sido
posible en este caso. (párrafo 91 h)
Teniendo
en cuenta la duración de la detención, en particular su falta de legalidad
desde su imposición, así como la presunción esencial de la comisión de un
delito o de la participación de la persona, y garantizando que el juez haya
actuado con la debida diligencia al seguir el procedimiento adecuado en cada
caso.
El Tribunal
considera crucial hacer hincapié en que la prisión preventiva es la medida =
más
severa que se puede imponer a una persona acusada de un delito. Por lo tant=
o,
su aplicación debe ser excepcional, ya que está restringida por los princip=
ios
de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad, todos =
los
cuales son indispensables en una sociedad democrática. (párrafo 106)
Se
reconoce que la prisión preventiva es una medida muy severa, que va acompań=
ada
de garantías y principios relativos a su origen y duración.
La razonabilid=
ad
del plazo a que se hace referencia en esta disposición (artículo 8.1 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos) debe evaluarse en relación con=
la
duración total del proceso legal, desde la primera acción procesal hasta qu=
e se
dicte la sentencia definitiva. La Corte ha determinado que, en las causas
penales, el plazo comienza a partir de la fecha de la detención de la perso=
na.
Si esta medida no es aplicable pero el proceso penal está en curso, el perí=
odo
debe comenzar desde el momento en que la autoridad judicial tenga conocimie=
nto
del caso. (párrafo 168)
El
Tribunal declara que la razonabilidad del plazo debe evaluarse desde la
detención inicial del acusado hasta el momento en que la medida sea legalme=
nte
válida.
La
detención del Sr. Daniel Tibi tuvo lugar el 27 de septiembre de 1995. Por
consiguiente, la evaluación del plazo debe comenzar a partir de ese momento.
Además, el Tribunal ha establecido que, para determinar si el plazo es
razonable, es necesario tener en cuenta que el proceso concluye con la emis=
ión
de una sentencia definitiva y concluyente en el caso, agotando así plenamen=
te
la jurisdicción. Es fundamental seńalar que, especialmente en materia penal,
este período debe abarcar todo el procedimiento, incluidas las posibles
apelaciones que se presenten (párr. 169).
De
conformidad con la cita antes mencionada y de manera pertinente, es fundame=
ntal
subrayar que la Corte ha afirmado que, a partir del momento de la detención=
, se
debe considerar el plazo hasta la conclusión del proceso, específicamente h=
asta
que se dicte una sentencia definitiva y concluyente. Esto abarcará toda la
duración del proceso y se considerará el tiempo total para evaluar su
razonabilidad.
Este tribunal =
ha
declarado que el principio de presunción de inocencia constituye un pilar
fundamental de las salvaguardias judiciales. Según lo dispuesto en el artíc=
ulo
8.2 de la Convención, el Estado tiene la obligación de abstenerse de restri=
ngir
la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios p=
ara
garantizar que el detenido no impida el avance eficiente de las investigaci=
ones
ni eluda a la justicia. En este sentido, la prisión preventiva sirve más co=
mo
medida cautelar que punitiva. Este concepto encuentra su lugar en numerosos
instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos. El Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos estipula que la prisión
preventiva de los acusados no debe ser la norma general (artículo 9.3). Se
produce una violación de la Convención cuando se priva de libertad a person=
as
cuya responsabilidad penal no se ha establecido durante un período de tiempo
excesivo. Esto equivaldría a una imposición prematura de la pena, lo que
contraviene los principios jurídicos universalmente reconocidos (párrafo 18=
0).
El
quid del análisis de la sentencia consiste en subrayar que, si se sobrepasan
los plazos establecidos, la privación de libertad sería desproporcionada e
irrazonable. Esto se debe a que aún no se ha refutado la responsabilidad pe=
nal,
lo que hace que el inicio de una sentencia no esté justificado. Es fundamen=
tal
subrayar los conceptos de razonabilidad, plazo razonable y presunción de
inocencia a los que debe ajustarse la prisión preventiva para ajustarse a l=
os
preceptos legales pertinentes que rigen su origen y duración.
Análisis
de la Resolución No. 02-2023 de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador y=
de
la Sentencia No. 2505-19-EP emitida por la Corte Constitucional del Ecuador=
Resolución
de la Corte Nacional de Justicia No. 02-2023
En
el presente apartado se analizará la resolución emitida por la Corte Nacion=
al
de Justicia
Antecedentes
de la Resolución
Esta
resolución surgió como resultado de las cuestiones relacionadas con la
interpretación del artículo 541, párrafo 3, del Código Orgánico Integral Pe=
nal
(COIP) (Asamblea Nacional de la Republica del Ecuador, 2014), específicamen=
te
en relación con la expiración de la prisión preventiva. La cuestión princip=
al
es si se suspenderá la expiración de la prisión preventiva cuando la senten=
cia
se dicte verbalmente o si es necesaria una notificación por escrito a las p=
artes
implicadas. Los jueces y tribunales responsables de las garantías penales e=
n el
país han identificado dos problemas en la interpretación del artículo 541.3=
. En
primer lugar, no está claro si la frase Ťse ha dictado la sentenciať se ref=
iere
a la decisión oral mencionada en el artículo 619 o a la oración escrita
descrita en el artículo 621. En segundo lugar, no está claro si es necesaria
una sentencia ejecutoria para interrumpir las fechas de expiración de la
prisión preventiva. Estas ambigüedades han llevado a los jueces a aplicar de
manera incoherente el artículo 541.3, lo que pone de relieve la necesidad de
que el pleno de la Corte Nacional de Justicia ejerza su facultad de estable=
cer
una interpretación y una aplicación unificadas de la ley a fin de garantiza=
r la
seguridad jurídica (p. 2).
En
respuesta a este conflicto, los jueces de la Corte Nacional de Justicia han
interpretado el mencionado artículo de manera que no exige la notificación =
por
escrito de la sentencia condenatoria. Argumentan que la frase Ťla sentencia
dictadať implica que los períodos de expiración de la prisión preventiva se
suspenderán cuando la sentencia se pronuncie oralmente. Respaldan su posici=
ón
al destacar las ventajas del sistema de procedimiento oral.
Desde
el punto de vista de la hermenéutica jurídica y de conformidad con una
interpretación integral y sistemática del ordenamiento jurídico, se puede
argumentar que el requisito del acto formal de notificación con la sentencia
condenatoria escrita no es necesario para interrumpir las fechas de caducid=
ad
de la prisión preventiva, tal como se establece en el artículo 541.3 del Có=
digo
Orgánico Integral Penal. La norma establece explícitamente que Ťuna vez dic=
tada
la sentencia, estos plazos se interrumpiránť, en referencia a los plazos de
seis meses y un ańo mencionados en los números 1 y 2 de la citada norma. Po=
r lo
tanto, se puede concluir que la decisión oral de condena, que determina la
existencia del delito, la individualización de la responsabilidad del acusa=
do y
la pena correspondiente, tal como se describe en los artículos 619 y 621 del
mismo código, se considera el pronunciamiento y la decisión del tribunal so=
bre
los asuntos o cuestiones de fondo del proceso. Cabe seńalar que el artículo=
88
del Código Orgánico General de Procedimientos, una norma complementaria en
materia penal establece que la sentencia y la decisión oral tienen el mismo
significado legal procesal. En consecuencia, la decisión oral motivada
pronunciada durante la audiencia desempeńa un papel crucial para garantizar=
el
cumplimiento del plazo razonable establecido constitucional y
convencionalmente, así como la aplicación del sistema procesal oral descrit=
o en
los artículos 168.6 de la Constitución y 5.11 y 560 del Código Orgánico
Integral Penal. Por lo tanto, se puede argumentar que este acto jurisdiccio=
nal
debe considerarse el hito en la interrupción de las fechas de caducidad de =
la
prisión preventiva.
Del
mismo modo, la resolución también aborda la cuestión de si la condena por
interrumpir la expiración de la prisión preventiva debe ejecutarse o no. De
acuerdo con lo expuesto anteriormente, se menciona que si la decisión oral
efectivamente suspende los plazos de expiración de la prisión preventiva, s=
ería
ilógico exigir su cumplimiento.
Que
en cuanto al segundo problema, para que opere la interrupción de la caducid=
ad
de la prisión preventiva, debe existir sentencia condenatoria que imponga al
procesado una pena privativa de libertad, sin que aquella necesariamente de=
be
estar ejecutoriada, pues el requisito imperativo de la norma del artículo 5=
41.3
del Código Orgánico Integral Penal es que se haya dictado sentencia, y tal
como manifestamos al resolver el problema jurídico anterior, en este caso
entendemos a esta expresión como la decisión oral motivada de condena emiti=
da
en el juicio, resulta jurídicamente lógico que la ley no exige el requisito=
de
ejecutoriada; teniendo en cuenta además que la condición de la persona
procesada pasó de ser la de presunción de inocencia a la de ser declarada
responsable por una infracción penal y condenado a una pena privativa de
libertad; esto sin perjuicio de los recursos que la ley establece para la
revisión del fallo (p.4).
Es
relevante este punto, ya que este análisis realizado por la Corte se limita=
a
verificar la terminología utilizada en el COIP, y complementando a ello de
acuerdo a la presente resolución le cambia la condición del procesado de
presunción de inocencia a declararlo culpable, aparentemente contraviniendo=
lo
que refiere la CRE (2008), en su Art 76.2 refiere: Se presumirá la inocenc=
ia
de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su
responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada, siendo=
la
única manera legalmente posible de cambiar la condición judicial de una per=
sona
en la legislación ecuatoriana
Resolución
Consecuentemente,
la resolución a la que llega el Pleno de la Corte Nacional de Justicia es q=
ue
los plazos de caducidad de la prisión preventiva de seis meses y un ańo
previstos en el artículo 541 numerales 1 y 2 del Código Orgánico Integral
Penal, se interrumpen desde la emisión de la decisión oral motivada y dicta=
da
en audiencia de conformidad con el artículo 619 del mismo Código, según lo
establecido en el Art. 1 de la Resolución.
En
la misma línea, en el Art. 2 de la Resolución se menciona: Para que opere =
la
interrupción de la caducidad de la prisión preventiva no es necesario que
exista sentencia ejecutoriada, por los motivos ya expuestos con anteriorid=
ad;
situación que resultaría ser inconstitucional dentro de Estado de derechos =
y de
justicia que gobierna la legislación ecuatoriana.
Sentencia
de la Corte Constitucional del Ecuador caso No. 2505-19-EP/21
Antecedentes
del caso
El
30 de enero de 2018, se llevó a cabo una audiencia flagrante y se formularon
cargos contra Marcelo Agustín Delgado Vilela (el demandante) y otras person=
as
por el presunto delito de robo. Simultáneamente, el juez presidente dictó u=
na
orden de prisión preventiva. El 3 de diciembre de 2018, todos los acusados
fueron absueltos y posteriormente puestos en libertad. Tras ello, las partes
implicadas en el procedimiento interpusieron un recurso de apelación, que se
resolvió el 20 de febrero de 2019, con la aceptación de los recursos y la
anulación de la orden de sobreseimiento. En consecuencia, se emitió una
directiva para procesar a los autores del robo, lo que dio lugar a la
imposición de la prisión preventiva a Marcelo Delgado. Posteriormente, el
demandante fue detenido el 2 de abril de 2019 (Corete Constitucional del
Ecuador, 2021).
El
17 de junio de 2019, el Sr. Marcelo Delgado presentó una petición de hábeas
corpus ante la Sala Única Multicompetente del Tribunal Provincial de
Esmeraldas, en la que afirmaba que su prisión preventiva había expirado. Sin
embargo, el 8 de julio de 2019, su petición fue denegada, con el argumento =
de
que había estado en prisión preventiva durante 11 meses y 28 días (Corte
Constitucional del Ecuador, 2021).
El
14 de enero de 2020, el Tribunal de Garantías Penales del cantón de Esmeral=
das
deliberó y declaró la culpabilidad penal de los acusados. La audiencia de
apelación tuvo lugar el 27 de mayo de 2021, durante la cual la mayoría de l=
os
jueces afirmaron la inocencia de los acusados. Como resultado, se presentó =
un
recurso de casación y, en la actualidad, la admisibilidad de este recurso s=
igue
sin resolverse (Corete Constitucional del Ecuador, 2021).
El
28 de agosto de 2019, se inició una acción extraordinaria para proteger la
sentencia de apelación y el 12 de noviembre de 2020 se llevó a cabo la
audiencia correspondiente.
Consideraciones
y fundamentos de la Corte Constitucional. caso No. 2505-19-EP
El argumento
esgrimido por el demandante afirma que la sentencia no respetó las
disposiciones establecidas en la Constitución con respecto a la terminación=
de
la prisión preventiva. Por el contrario, la Sala de la Corte Nacional de
Justicia únicamente tuvo en cuenta la fecha en que se presentó la solicitud=
de
hábeas corpus (17 de junio de 2019) para calcular el número de días
transcurridos. Este análisis no reconoció que Ťal momento de resolver el ca=
so,
ya habían transcurrido 43 días adicionales, por lo que se concluye que la
prisión preventiva había terminado en dicha fecha (...) y, hasta ahora, la
prisión preventiva se ha extendido por un ańo, dos meses y diez díasť. (pár=
rafo
26)
La
cuestión pertinente que nos ocupa es la metodología empleada para determina=
r el
tiempo durante el cual el demandado estará sujeto a esta medida, y es
imperativo dar cuenta del plazo hasta que se resuelva la petición
correspondiente.
El
Tribunal Constitucional hace hincapié en dos instancias clave. En primer lu=
gar,
estipula que, si la persona procesada ha alcanzado la duración máxima de la
prisión preventiva y no ha sido condenada mediante sentencia, la medida dej=
a de
tener efecto. En segundo lugar, al igual que la primera, si la sentencia no=
es
ejecutable debido a una apelación pendiente, nunca bastará como justificaci=
ón
para no cumplir el plazo constitucional. Esto confirma la necesidad de que
exista una sentencia ejecutoria. En este sentido, la sentencia antes mencio=
nada
establece:
El Tribunal
Constitucional, basándose en su jurisprudencia, ha indicado que, si una per=
sona
ha cumplido el período máximo de prisión preventiva establecido en la
Constitución sin ser condenada, debe ser puesta en libertad sin necesidad de
una orden judicial. Además, se hace hincapié en que la existencia de una
condena inaplicable, debido a una apelación pendiente, no justifica que dic=
ha
persona continúe recluida más allá del plazo máximo establecido en la
Constitución. (párrafo 31)
Voto
concurrente
En
el presente caso, el ex juez del Tribunal Constitucional, Ramiro Ávila
Santamaría, emitió un voto adicional, quien, en su motivación inicial, subr=
aya
la necesidad de mantener la garantía de no sobrepasar el período de prisión
preventiva prescrito constitucionalmente. A este respecto, Ávila Santamaría
emplea un enfoque triple para dilucidar su argumento.
En primer luga=
r,
se destaca el factor contextual de la crisis carcelaria. El Código Penal
Orgánico Integral (COIP) amplía el ámbito de la privación de libertad,
abarcando a un mayor número de personas, durante un período prolongado y a =
una
gama más amplia de delitos en comparación con su predecesor, el Código Pena=
l.
Además, el COIP prolonga los períodos de detención y reduce la probabilidad=
de
excarcelación. Esto se logra mediante el aumento de las penas, la reducción=
de
las medidas y penas alternativas y la restricción de los impedimentos previ=
os a
la libertad. El COIP también promueve las condenas expeditas, que no cuentan
con el apoyo probatorio adecuado, mediante procedimientos como el abreviado,
que recuerda a los aspectos más atroces del sistema inquisitorial, según el
cual el único reconocimiento de culpabilidad por parte del acusado basta pa=
ra
garantizar una condena. En consecuencia, estos mecanismos procesales dan lu=
gar
a un aumento de las condenas sin permitir que se celebren juicios auténtico=
s con
las debidas garantías. La consecuencia de estas medidas legislativas, entre
otras, es el problema del hacinamiento en las prisiones (párr. 10).
Las
declaraciones del Dr. Ramiro Ávila se refieren principalmente a la crisis
carcelaria en Ecuador, motivo de grave preocupación. Esta crisis se manifie=
sta
en la mezcla de personas que han sido condenadas y personas sujetas a medid=
as
cautelares en los mismos centros, sin ninguna separación discernible entre =
las
personas condenadas y las que se encuentran en prisión preventiva. Si bien =
la
ley estipula lo contrario, esta distinción no se aplica. En consecuencia, la
realidad del sistema penitenciario sigue siendo incierta, lo que pone en
peligro constante los derechos de las personas privadas de libertad. Por lo
tanto, incluso una medida cautelar implementada en el contexto de una crisis
carcelaria, como es el caso de Ecuador, puede interpretarse como equivalent=
e a
una sentencia de muerte o a una decisión que compromete gravemente el biene=
star
físico y emocional de las personas privadas de libertad.
Este
análisis se basa en el reconocimiento de que no es solo la medida, la conde=
na o
la pena lo que constituye un impedimento, sino más bien el estado actual del
propio sistema penitenciario, que está sumido en una crisis. En consecuenci=
a,
el Estado no puede garantizar los derechos inherentes de las personas priva=
das
de libertad.
Además,
las últimas reformas introducidas por el COIP agravan la situación al fomen=
tar
la privación de libertad de un mayor número de personas. Estas reformas
contravienen el principio de mínima intervención penal al ampliar las
categorías de delitos penales. También limitan las circunstancias en las que
las personas privadas de libertad pueden acogerse al régimen semiabierto y,=
en
consecuencia, cumplir sus condenas mientras gozan de libertad, entre otras
medidas restrictivas.
En
el caso concreto relativo a la terminación de la prisión preventiva, la
decisión simultánea afirma que una persona, que era inocente, sufrió una
privación de libertad personal durante un período superior a tres ańos. Esto
ocurrió porque, a pesar de haber recibido una condena, no era ejecutable en=
el
momento en que se presentó la acción de hábeas corpus, que se ajustaba a la
norma constitucional.
En
relación con este asunto, se hace referencia a:
El precedente
relativo a la expiración de la prisión preventiva: el caso se refiere a una
persona que fue sometida a prisión preventiva por un presunto delito de rob=
o.
Mientras duró la acción de hábeas corpus, la persona permaneció detenida
durante un total de 11 meses y 28 días. Posteriormente, se le impuso una
sentencia de 9 ańos de prisión, que siguió siendo inaplicable. Cuando el ju=
ez
deliberó sobre el hábeas corpus y lo denegó, había transcurrido un período =
de 1
ańo y 45 días. En segunda instancia, el Tribunal confirmó el estado de
inocencia de la persona. En general, la persona permaneció encarcelada dura=
nte
3 ańos, 7 meses y 27 días. (párrafo 27)
Como
se mencionó anteriormente, según el punto de vista de Ramiro Ávila Santamar=
ía,
la presunción constitucional de inocencia no puede ser socavada a menos que
exista una condena debidamente ejecutada. En consecuencia, si un acusado es
sometido a la medida cautelar de prisión preventiva y no se dicta sentencia
ejecutoriada alguna, nunca podrá considerarse violado su derecho a la
presunción de inocencia.
La razón
subyacente a la expiración reside en el reconocimiento de la presunción de
inocencia. Toda persona que carezca de una sentencia ejecutoriada debe ser
considerada y tratada como inocente: la inocencia de toda persona se presum=
irá
y se tratará como tal, siempre que no se declare su culpabilidad mediante u=
na
decisión firme o una sentencia ejecutoriada. (párrafo 35)
Por
lo tanto, lo importante de la sentencia antes mencionada reside en el hecho=
de
que está respaldada por el artículo 76, párrafo 2, de la CRE, que contempla=
que
ninguna persona puede ser declarada culpable sin una decisión firme o una
sentencia ejecutoriada, ya que infringe los derechos fundamentales, incluid=
os
los más importantes: la libertad personal y la presunción de inocencia.
Caducidad
de la prisión preventiva: análisis de la Constitución de la República del
Ecuador y el Código Orgánico Integral Penal
Para
el ańo 2008, la nueva Carta Magna de Montecristi, promulgada por la Asamblea
Nacional ecuatoriana, mantuvo una redacción similar a la de la Constitución
Política de la República del Ecuador de 1998 (Asamblea nacional Constituyen=
te
del Ecuador, 1998). Específicamente, al abordar las protecciones fundamenta=
les
de las personas privadas de libertad, la Carta Magna de Montecristi, en su
artículo 77.9, contempla la siguiente disposición:
En
los casos relacionados con delitos punibles con prisión, la prisión prevent=
iva
no debe exceder de seis meses, bajo la jurisdicción del juez que preside. E=
n el
caso de delitos castigados con prisión, la duración máxima de la prisión
preventiva es de un ańo. En caso de que se sobrepasen estos plazos, se revo=
cará
la orden de prisión preventiva.
El mantenimiento de las limitaciones a la duración de la privación de libertad como medida cautelar se ajusta a los requisitos del derecho internacional.<= o:p>
Del
mismo modo, el COIP (Asamblea Nacional de la Republica del Ecuador, 2014), =
en
referencia a la expiración de la prisión preventiva, establece lo siguiente=
en
el artículo 541.3: La expiración de la prisión preventiva se regirá por las
siguientes normas: El inicio del período de expiración se calculará a parti=
r de
la fecha en que la orden de prisión preventiva haya entrado en vigor. Una v=
ez
que se dicte sentencia, estos plazos se interrumpirán.
Según
Ayala (2019), la prolongación del período de detención se ha justificado c=
on argumentos
como la suspensión de las actividades judiciales, la congestión judicial, la
fuerza mayor en la ejecución de los procedimientos de investigación y juici=
o o
razones que se atribuyen directamente al acusado (p. 136).
Como
destacó el referido autor, dado que la prisión preventiva es una medida
cautelar ordenada por una autoridad supervisora, específicamente un juez
calificado, no se considera una sanción penal. Además, se hace hincapié en =
que
el estado de detención preventiva la diferencia del estado final de una
sentencia. Sin embargo, żqué ocurre si el tribunal confirma la inocencia de=
la
persona?
El
incumplimiento de la expiración de la prisión preventiva y sus consecuencias
constituye una violación de los derechos fundamentales del acusado, incluid=
os
los principios del debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho =
a la
libertad. Este incumplimiento afecta directamente a su bienestar físico,
psicológico y emocional, ya que se encuentran privados de libertad. Además,=
la
situación empeora cuando esta medida cautelar excede el plazo designado y v=
a en
contra de las normas constitucionales y penales. Esto crea una contradicción
legal que requiere una interpretación, que debe basarse en la jerarquía. En
este caso, debe prevalecer el principio de supremacía constitucional.
Metodología
La
presente investigación se llevó a cabo utilizando un enfoque cualitativo.
Específicamente, se empleó una revisión bibliográfica y una fundamentación
teórica de la multiplicidad de contextos. Estos métodos se utilizaron debid=
o a
la utilización de criterios, teorías y leyes legales. Estas herramientas
facilitaron la ejecución de una investigación privilegiada centrada en el
análisis exhaustivo y reflexivo de los significados relevantes dentro del
término de la prisión preventiva.
El
nivel de profundidad de la investigación se caracteriza por ser
descriptivo-explicativo. El aspecto descriptivo permitió describir las
características principales del tema de estudio. La faceta explicativa perm=
itió
una exploración profunda de las causas fundamentales del problema de
investigación.
Se
emplearon varios métodos, incluidos los métodos inductivo-deductivo. Estos
métodos permitían razonar en función de características particulares hasta
llegar a conclusiones generales. Además, se empleó el método
analítico-sintético. Este método consistió en desglosar la información
pertinente sobre el tema para reconstruirla de manera concisa. Otro método
utilizado fue el enfoque dogmático-jurídico, que se centró en el estudio del
derecho positivo y facilitó la organización sistemática de las normas de una
manera clara y lógica.
Resultados
Los resultados obtenidos en este esfue=
rzo
de investigación son los siguientes:
Durante el estudio, s=
e ha
podido determinar o confirmar que la medida cautelar sirve como un mecanismo
procesal destinado a garantizar la eficacia de un proceso en el contexto de
este caso penal, a saber, la prisión preventiva. Esta medida en particular =
se
destaca entre las medidas existentes estipuladas en nuestra legislación deb=
ido
a su naturaleza altamente coercitiva, por lo que impone restricciones a los
derechos de manera cautelar, siempre que se ajuste a los límites establecid=
os
por nuestra legislación y cumpla con los requisitos legales necesarios.
Asimismo, se ha deter=
minado
que la medida cautelar de prisión preventiva está respaldada y justificada =
por
varios principios, a saber, la legalidad, la proporcionalidad, la necesidad=
y
la racionalidad. Además, hay requisitos procesales que deben cumplirse para
imponer esta medida a un acusado del que los jueces presuman responsable
penalmente por un delito.
Mantener la privación=
de
libertad de una persona más allá del plazo establecido en el Código Orgánico
Integral Penal constituye una violación del derecho a la presunción de
inocencia y a un plazo razonable.
Las disposiciones del
Código Orgánico Integral Penal carecen de claridad en cuanto a la caducidad=
de
la prisión preventiva, ya que únicamente determina que una vez pronunciada =
la
sentencia, se interrumpirán los plazos de su ejecución. Por lo tanto, queda=
la
duda de si solo se exige que la sentencia se pronuncie oralmente o si la no=
rma
se refiere al hecho de que la sentencia debe dictarse por escrito y ser
debidamente ejecutable.
Según la forma en que
está formulado el artículo 541, párrafo 3, del Código Orgánico Integral Pen=
al
en relación con la interrupción de los períodos de prisión preventiva, pare=
ce
contravenir el principio de supremacía constitucional. Esto se debe al hech=
o de
que la Constitución de la República del Ecuador establece que se interrumpi=
rán
los plazos de expiración de la prisión preventiva.
La Corte Nacional de
Justicia del Ecuador, así como el Tribunal Constitucional, han emitido
sentencias sobre el alcance del artículo 541, párrafo 3, del Código Orgánico
Integral Penal. Sin embargo, hay una falta de uniformidad en sus criterios.=
La
Audiencia Nacional, por su parte, sostiene que los plazos se suspenderán cu=
ando
la sentencia se pronuncie oralmente, mientras que el Tribunal Constitucional
sostiene que es necesaria una sentencia debidamente ejecutada para que surta
efecto la expiración de la prisión preventiva.
Discusión
La
discusión central de este artículo científico gira en torno a la determinac=
ión
de si el cese de la prisión preventiva debe detenerse únicamente con la emi=
sión
de la sentencia y más aún con la reciente decisión de la Audiencia Nacional,
que afirma que el pronunciamiento oral de la sentencia basta para suspender=
los
plazos de dicha cesación. Este enfoque, que me parece contrario a los Derec=
hos
Constitucionales de los Acusados (CRE), contradice la postura adoptada por =
el
Tribunal Constitucional en las sentencias analizadas, que afirman que la
suspensión o prolongación de los períodos de prisión preventiva es
desproporcionada, ilegal e irracional. Esto se debe a que la persona proces=
ada
aún no ha recibido una sentencia ejecutable, lo que infringe derechos como =
la
presunción de inocencia y la libertad personal.
Basándonos
en el contenido presentado en este artículo científico, hemos encontrado una
doctrina y una jurisprudencia legales que refuerzan y contradicen nuestra
posición. La importancia pendiente y los derechos que están en juego son de
suma importancia, ya que la emisión indiscriminada y espontánea de medidas =
de
prisión preventiva genera problemas de hacinamiento en las prisiones y much=
as
otras violaciones relacionadas indirectamente con la libertad personal. En
consecuencia, nuestro análisis se centra en los principios del Derecho
Constitucional relativos a la presunción de inocencia y al plazo razonable.
Según las conclusiones presentadas en este artículo, es imperativo que la
sentencia mencionada en el artículo 541, párrafo 3, del Código de Procedimi=
ento
Penal (COIP) sea ejecutable a fin de suspender los plazos de expiración de =
la
prisión preventiva.
Conclusiones
Al
analizar la doctrina y la jurisprudencia en torno a las normas y principios
procesales nacionales e internacionales de derechos humanos, el presente
estudio centrado en la terminación de la prisión preventiva en Ecuador nos
permite extraer las siguientes conclusiones:
ˇ =
Para que la medida cautelar de prisión
preventiva sea lícita y evite la arbitrariedad, el juez debe emplearla como
medida de último recurso, con el objetivo de salvaguardar los objetivos
procesales para los que se impuso, siempre que cumpla con los plazos
establecidos constitucionalmente. Los principios y requisitos de la prisión
preventiva son principios que tienen como objetivo garantizar la imposición=
de
dicha medida, evitando que viole los derechos y garantías fundamentales de =
una
persona procesada, lo que contradice la resolución emitida por la Corte
Nacional de Justicia del Ecuador (02-2023), que faculta a las entidades
judiciales a suspender las penas de prisión únicamente tras la emisión de u=
na
sentencia oral, justificando esta acción por el cambio de condición de la
persona procesada de presunta inocente a declarada responsable de un
infracción. Esta situación es inconstitucional, ya que la única forma de
infringir el derecho a la presunción de inocencia es la existencia de una
sentencia ejecutable. Cuando se supere el plazo para la expiración de la
prisión preventiva de conformidad con la Carta Magna, la orden de prisión
preventiva quedará sin efecto. Además, según la interpretación de la Corte
Nacional de Justicia, cuando la sentencia se dicte oralmente, se suspenderán
los plazos de vencimiento de la prisión preventiva, lo que prolongará el
trámite y la resolución del caso y, por lo tanto, infringirá el derecho a un
período razonable, la presunción de inocencia y la libertad personal. Esta
situación se debe al hecho de que Ecuador ha sido declarado penalmente
responsable por varios actos denunciados y condenados por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.
ˇ =
La expiración de la prisión preventiva
constituye una garantía constitucional crucial y obligatoria. La disposició=
n de
la CRE establece un período de prisión preventiva, cuyo objetivo es preveni=
r o
eliminar las violaciones de derechos. Esta medida cumple una función
jurisdiccional. Sin embargo, las instituciones y funcionarios responsables =
de
su creación e implementación no pueden garantizar el pleno ejercicio de este
derecho debido a la contradicción que existe entre la CRE y el COIP. La pri=
mera
establece plazos que no pueden superarse, mientras que la segunda introduce=
una
particularidad que vulnera los derechos. Para infringir la presunción de
inocencia es imprescindible que exista una sentencia ejecutoria, como lo
reconoce el hecho de que la CRE constituye un estándar superior y, por lo
tanto, debe resolverse con base en la constitución. Esto no lo establece el
COIP, cuya redacción no está clara, y es la CNJ la que ha hecho tal
interpretación.
Propuesta
de reforma
La
reforma que se propone en el presente trabajo investigativo es incluir la f=
rase
misma que se encuentre ejecutoriada y en firme seguido de la palabra
sentencia.
Art.
541.- Caducidad. La caducidad de la prisión preventiva se regirá por las
siguientes reglas: 3. El plazo para que opere la caducidad se contará a par=
tir
de la fecha en que se hizo efectiva la orden de prisión preventiva. Dictada=
la
sentencia misma que se encuentre ejecutoriada y en firme, se interrumpirán
estos plazos.
Conflicto de i=
ntereses
Los
autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.
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