Bienes culturales en riesgo: un estudio desde el marco legal y=
la
comunicación en Ecuador
Cultural assets at risk: a study from the legal framework and
communication in Ecuador
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1 |
Christian Giovanny Miranda Gaibor |
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ps://orcid.org/0000-0002-9974-6018 |
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Carrera de Comunicación, Universidad Nacional de Chimborazo, Rioba=
mba,
Ecuador. |
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2 |
Raúl Guillermo Zambrano Pontón |
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ps://orcid.org/0000-0002-4009-2726 |
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Carrera de Comunicación, Universidad Nacional de Chimborazo, Rioba=
mba,
Ecuador. |
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3 |
José Vinicio Palacios Carrillo |
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htt=
ps://orcid.org/0000-0002-9079-2536 |
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Carrera de Comunicación, Universidad Nacional de Chimborazo, Rioba=
mba,
Ecuador. |
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4 |
Andrés Leandro Rodríguez Galán |
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htt=
ps://orcid.org/0000-0001-5127-3832 |
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| <= /td> |
Carrera de Comunicación, Universidad Nacional de Chimborazo, Rioba=
mba,
Ecuador. |
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Artículo de Investigación Científica y Tecnológica Enviado: 16/09/2023 Revisado: 25/10/2023 Aceptado: 07/11/2023 Publicado:12/12/2023 |
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span
lang=3DEN-US style=3D'font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Time=
s New Roman",serif;
mso-fareast-font-family:Calibri;color:blue;mso-ansi-language:EN-US'> |
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Cítese: |
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Miranda
Gaibor, C. G., Zambrano Pontón, R. G., Palacios Carrillo, J. V. ., &
Rodríguez Galán, A. L. . (2023). Bienes culturales en riesgo: un estudio
desde el marco legal y la comunicación en Ecuador. AlfaPublicaciones, 5(4=
),
98–109. https://doi.org/=
10.33262/ap.v5i4.430 |
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Esta revista está protegida bajo una
licencia Creative Commons Attribution Non Commercial No Derivatives 4.0
International. Copia de la licencia: http://creativecommons.org=
/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
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Pala=
bras
claves:=
Instituto Nacional de Patrim=
onio
Cultural-INPC Tráfico ilícito Bienes culturales Normativa legal Ecuador |
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Resumen Introducción. Es fundamental la comunicación
efectiva de esta realidad, a partir de una revisión general de la normati=
va
que apoya las acciones de combate referente a esta temática, pero también=
de
sus debilidades en cuanto a sanción y conocimiento de los procedimientos a
seguir. Objetivo. Este trabajo académico analiza el tráfico ilícito de
bienes culturales en Ecuador, a fin de visibilizar la problemática desde =
el
ámbito legal. Metodología. En este contexto, se ha
utilizado el enfoque cualitativo a partir del uso de la técnica de revisi=
ón
bibliográfica respecto al tema de la legislación nacional. Así mismo, inc=
luye
la entrevista dirigida a un funcionario del INPC y a un funcionario de la
Unidad Nacional de Investigación de Delitos Contra el Derecho a la Cultura
(Unidcul) Unidad Especializada en Investigaciones de Delitos Contra el
Patrimonio Cultural UEIDCPC. Resultados.<=
/b>
Los hallazgos principales
revelan que la legislación nacional aún presenta vacíos relacionados con
conceptos como flagrancia y también en términos de coordinación entre
entidades para agilizar los procedimientos de sanción. Conclusión.
Se llega a la conclusión de q=
ue,
a pesar de los esfuerzos realizados a nivel nacional e internacional en e=
sta
materia, el tráfico ilícito de bienes culturales continúa siendo una
actividad significativa llevada a cabo por grupos delictivos organizados.
Este es un problema que no solo debe abordarse mediante campañas de
concienciación ciudadana sobre el valor de la preservación de los bienes
culturales, sino también a través del fortalecimiento de la legislación
nacional, entre otras medidas. Área de estudio
general: Cultura. Área de estudio específi=
ca: Derecho
y Comunicación. |
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Keywords: National Institute of Cultural Heritage-INPC Illicit traffic Cultural goods Legal regulations Ecuador |
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Abstract Introduction.
Effective
communication of this reality is essential, based on a general review of =
the
regulations that support combat actions regarding this issue, but also its
weaknesses in terms of sanctions and knowledge of the procedures to follo=
w. Objective.
This academic work analyzes the illicit trafficking of cultural prope=
rty
in Ecuador, to make the problem visible from the legal field. Methodol=
ogy.
In this context, the qualitative approach has been used based on the =
use
of the bibliographic review technique regarding the topic of national
legislation. Likewise, it includes the interview directed at an INPC offi=
cial
and an official at the National Investigation Unit for Crimes Against the
Right to Culture (Unidcul), Specialized Unit for Investigations of Crimes
Against Cultural Heritage UEIDCPC. Results. The main findings reve=
al
that national legislation still presents gaps related to concepts such as
flagrancy and in terms of coordination between entities to streamline
sanction procedures. Conclusion. It is concluded that, despite the
efforts made at the national and international level in this matter, the
illicit trafficking of cultural property continues to be a significant
activity conducted by organized criminal groups. This is a problem that m=
ust
not only be addressed through citizen awareness campaigns about the value=
of
preserving cultural property, but also through the strengthening of natio=
nal
legislation, among other measures. |
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Introducción
De acuerdo con un informe
presentado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2021), el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales
(por sus siglas TIBC) a nivel internacional y dentro del marco de la pandem=
ia
del COVID-19 reveló que la problemática se había agudizado a razón del
incremento de excavaciones ilegales “en
yacimientos arqueológicos y el saqueo de museos propiciados por el cierre de
espacios culturales”. Esto, en efecto, conllevó al incremento de la venta en
línea de los bienes culturales, que a decir del mismo organismo “el tráfico
ilícito de bienes culturales se asocia con el blanqueo de capitales, la
financiación del crimen organizado y el terrorismo, en detrimento del
patrimonio cultural de las comunidades víctimas y de su desarrollo” (UNESCO,
2021, p.1).
En este senti=
do,
y según señala la UNESCO (2021), la problemática del tráfico ilícito de bie=
nes
culturales ha propiciado a nivel de la región un espacio para la reflexión,
pero, desde un enfoque del crimen organizado transnacional, entendiéndose
además, la necesidad de incorporar en el ámbito educativo y de la cultura
estrategias de seguridad para el combate al crimen organizado, teniendo en
cuenta que “el desconocimiento del valor la cultura en su dimensión más
profunda es uno de los factores que sustentan el tráfico ilícito de bienes
culturales” (UNESCO[EC1] , 2021, p. 6)=
.
Las acciones =
en
general, a nivel de la región se han dirigido a intercambiar las experienci=
as,
pero, a la vez, “diseñar acciones conjuntas para combatir el tráfico ilícit=
o de
bienes culturales”, enfatizando en la “obligación a los Estados a proteger =
el
patrimonio constituido por los bienes culturales de su país, contra los
peligros de robo, excavaciones clandestinas y exportaciones ilícitas” (UNES=
CO,
2019, párr. 5).
Dentro de este
contexto, en Ecuador, la Dirección de Gestión de Riesgos del Instituto Naci=
onal
de Patrimonio Cultural (INPC) (como se citó en la Agencia EFE[EC2] , 2019); hast=
a el
2020 se busca alrededor de 100 bienes patrimoniales perdidos, dentro de los
cuales se incluyen piezas religiosas, artísticas, arqueológicas y documento=
s;
donde las alertas de bienes desde el 2010 se han incrementado a 20 en total;
por lo que las acciones puntuales se han dirigido a establecer políticas
públicas que se institucionalizó a partir del 2010, mediante decreto ejecut=
ivo
Nro. 277.
Así según el
Ministerio de Gobierno
Metodología
Base legal
ecuatoriana contra el tráfico ilícito de bienes culturales
Según Guerrero (2021), la
situación que el país experimentó en 2009 con el robo de La Custodia de
Riobamba, un objeto religioso icónico de gran valor simbólico y espiritual
generó una señal de alarma que condujo a la creación de una base organizati=
va
entre varias instituciones. Esto, a su vez, dio lugar a la formación de la
Comisión Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales (=
de
carácter político) y el Comité Técnico de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de
Bienes Culturales (de carácter operativo). En efecto, esta iniciativa tenía
como objetivo fortalecer la normativa relacionada con el tráfico ilícito, q=
ue
hasta ese momento se abordaba de manera muy general.
Así, y de acuerdo con la Ley
Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (por sus siglas
LOTAIP), literal a 2) Base legal que la rige; la norma jurídica que apoya l=
as
acciones del combate del tráfico ilícito de bienes culturales en Ecuador ti=
ene
sus bases en la Constitución de la República del Ecuador, en cuyo artículo =
377,
sección quinta, establece lo siguiente:
El sistema nacional de cultura tiene como finalidad
fortalecer la identidad nacional; proteger y promover la diversidad de las
expresiones culturales; incentivar la libre creación artística y la producc=
ión,
difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios culturales; y
salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural. Se garantiza el
ejercicio pleno de los derechos culturales. (Asamblea Nacional del Ecuador,
2008, p. 109)
En este sentido, el país se ha
adherido a varios convenios y tratados internacionales entre los cuales
constan: Convenio Constitutivo de la UNESCO, en el Ecuador; Convenio para
Evitar Transferencia Ilícita de Bienes Culturales, Convenio para la Protecc=
ión
del Patrimonio Mundial y Cultural, Convención sobre la Protección del Patri=
monio
Cultural Subacuático, Convención p=
ara la
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial y el Código Orgánico de la
Economía Social según el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC, 2=
021).
A nivel nacional también se ap=
oyan
las acciones a partir del Código Orgánico de la Economía Social de los
Conocimientos, Código Orgánico de Organización
Territorial COOTAD, el Código Orgánico Integral Penal<=
/span>[EC3]
De acuerdo con Pineira
Tenemos la Constitución, como la ley madre del Ecuador=
, el
COIP desde el artículo 237 al 240 que habla sobre el tráfico ilícito de bie=
nes
patrimoniales y Ley Orgánica de la Cultura. Dentro de eso se realizan
indagaciones e investigaciones respecto a delitos patrimoniales a nivel
nacional, que tiene jurisdicción a nivel nacional. (Pineira, 2021, p. 11)
La Comisión Nacional de Lucha
Contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, establecida en 2010, tiene =
como
objetivo principal la implementación de políticas públicas destinadas a
proteger y preservar el patrimonio cultural de Ecuador. Esta comisión está =
compuesta
por diversas entidades gubernamentales, entre las que se incluyen el Minist=
erio
de Cultura y Patrimonio, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC,
2021), el Ministerio de Gobierno, la Procuraduría, la Cancillería, la Fisca=
lía
y la Aduana del Ecuador.
En este contexto, la Comisión
opera mediante seis programas clave: investigación de la problemática en el
país, supervisión técnica y salvaguardia de los bienes culturales
patrimoniales, fortalecimiento de la legislación existente en esta materia,
campañas de capacitación, sensibilización, difusión y formación para preven=
ir
el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales (TIBC), así como la coordinación en
acciones conjuntas tanto a nivel nacional como internacional.
Así, y dentro del Reglamento d=
e la
Ley de Patrimonio Cultural, artículo 39, sección primera, se establece que:=
El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), e=
s la
entidad responsable de la gestión y administración del Sistema de Informaci=
ón
del Patrimonio Cultural del Ecuador, para lo cual establecerá la norma técn=
ica
para el levantamiento, clasificación, incorporación, desvinculación y difus=
ión
de información referente al registro de bienes de interés patrimonial e
inventario de los bienes y manifestaciones del patrimonio cultural nacional=
. (Asamblea
Nacional del Ecuador, 2017, p. 12)
Conforme a la normativa, la
entidad pública tiene como funciones “investigar, preservar, conservar,
restaurar, exhibir y promocionar” el patrimonio cultural del Ecuador desde =
1973
hasta la actualidad” (Andrade, 2016, p. 14), labor que apoya los convenios a
nivel internacional que, como se mencionó en párrafos anteriores, la intenc=
ión
es fortalecer las acciones entre países para la preservación del patrimonio
cultural y el apoyo para recuperar bienes sustraídos.
Sin embargo, según refiere
Resultados
Breve análisis d=
e la
normativa nacional vigente sobre el tráfico ilícito de bienes culturales
Según un informe presentado po=
r la
UNES=
CO[EC4] (2021), América Latina ha sido
una de las regiones más afectadas por el robo de bienes culturales, situaci=
ón
que se ha agravado debido a los efectos de la pandemia. Esto ha dejado a mu=
chos
museos en un estado de vulnerabilidad, y Europa se ha convertido en uno de =
los
destinos favoritos para los bienes saqueados.
Así, y conforme a los datos
publicados por Diario El Comercio
Así,
y contrario a lo que el artículo 90 establece que sin perjuicio de acción
penal, el ente rector de la Cultura y el Patrimonio en coordinación con las
entidades de apoyo, “adoptará las
medidas administrativas y legales que sean necesarias para evitar que se
movilicen ilícitamente fuera del país bienes pertenecientes al patrimonio
cultural nacional o que ingresen ilícitamente al territorio nacional bienes=
del
patrimonio cultural de otros países” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2016, p. 22); a su consideración, la prá=
ctica
del tráfico todavía se sigue dando a nivel interno imponiendo, de esta form=
a,
“un régimen legal que estaría propiciando el expolio de los bienes cultural=
es”
(Rosero, 2021, p. 151).
Añádase
el hecho de que dentro de la misma normativa:
Existen parámetros de comercio sobre algunos bienes
culturales patrimoniales, categorizándolos, en aquellos que pueden ser suje=
tos
de traspaso de dominio y aquellos que no pueden serlo, por lo tanto, algunos
bienes culturales coloniales quedarían a la deriva, mientras los bienes
arqueológicos y paleontológicos por efecto de la titularidad del Estado sob=
re
estos bienes no podrían ser objeto de traspaso de dominio. Esta conclusión
tiene especial concordancia con la no tipificación penal de la conducta de =
tenencia
ilícita. (Rosero, 2021, p. 151)
Esta
situación ya la había evidenciado Ferretti
Según refiere Guerrero
Además, según su experiencia,
cuando se detiene a un posible infractor, se requieren 24 horas para recopi=
lar
los elementos que respalden la comisión del delito o su inocencia. Desde su
punto de vista, en el contexto de la labor que realiza el INPC en cuanto a =
la
entrega de un informe sobre si dicho objeto es o no patrimonio cultural,
resulta imposible cumplir con este plazo establecido. Por lo tanto, una vez
transcurrido ese tiempo, la ley ya no puede imponer sanciones. Esto se
convierte en una cuestión no solo de legislación “es un tema de leyes pero
también de un tema procedimental, puesto que es complejo coordinar tiempos
investigativos con temas técnicos” (L. Guerrero[EC6] , comunicación personal 13 de
septiembre de 2021).
Otras veces es que vamos a entregar el informe de
flagrancia o levantamos información y nos damos cuenta de que no son
originales, y toca hacer un informe para indicar que no es un delito. El te=
ma
es que la contraparte técnica es tan específica que la policía no tiene esa=
experticia
para que haga la investigación, por lo que en este sentido es un tema de
falsificación más que de tráfico (L. Guerrero[EC7] , comunicación personal 13 de
septiembre de 2021).
Se entiende, de este modo, que,
aunque se han obtenido avances en la lucha contra el tráfico ilícito de bie=
nes
culturales, especialmente con la creación de la Unidad Nacional de
Investigaciones de Delitos contra el Patrimonio; existen aún vacíos legales
como de coordinación entre entidades como la Interpol y el INPC en tema de =
procesos
de entrega de evidencias.
De este modo, las cuestiones de
sanción que pese a que es tipificado por el COIP en el artículo 238, con pe=
na
privativa de libertad de cinco a siete año=
s en
tema de transporte ilícito, enajenación, intermediación, intercambio o
comercialización de bienes pertenecientes al patrimonio cultural del Estado=
;
todavía evidencia una débil legislación nacional lo que en palabras de Eraz=
o
Conclusiones
· =
La
lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales no es un tema nuevo. A=
lo
largo de la historia del país, las constituciones han reflejado el interés =
por
abordar este problema, que, según investigaciones realizadas después de la
pandemia, ha aumentado a nivel global. Sin embargo, fue a partir de 2010 cu=
ando
se comenzó a implementar un enfoque estructurado de prevención, sanción y
vigilancia en relación con este tema. Un acontecimiento significativo en es=
te
sentido fue la inclusión de sanciones en el Código Orgánico Integral Penal.=
· =
Sin
embargo, tras la investigación realizada, se ha determinado que, a pesar de=
los
avances logrados con la creación de la Comisión Nacional de Lucha contra el
Tráfico Ilícito de Bienes Culturales y su Comité Técnico, que incluye al
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, y el trabajo llevado a cabo por
Interpol Ecuador, esta problemática sigue siendo motivo de preocupación. Es=
to
es especialmente evidente cuando existen lagunas legales en relación con las
sanciones, particularmente en el contexto de la flagrancia.
· =
Además, se debe tener en cuenta que la práctica del tráfi=
co
ilícito a nivel nacional aún persiste debido a la falta de un marco legal q=
ue
lo frene. Por ejemplo, no existen regulaciones efectivas para prevenir el
saqueo de bienes culturales. Además, no todos los bienes culturales
patrimoniales tienen criterios claros sobre su comercio, lo que deja en una
situación vulnerable a los bienes culturales coloniales que sí requieren
medidas de preservación. Sin embargo, a pesar de la evidente debilidad de la
legislación ecuatoriana en términos de sanciones, la problemática se agrava=
aún
más debido a la falta de conocimiento sobre los procedimientos necesarios p=
ara
imponer sanciones y a la falta de coordinación en cuanto a los plazos entre
entidades como Interpol y el INPC en lo que respecta a la entrega de inform=
es
necesarios para respaldar estas sanciones.
· =
Todo esto, junto con la falta de concienciación ciudadana,
agrava aún más el problema del tráfico ilícito de bienes culturales en Ecua=
dor.
A pesar de los acuerdos internacionales destinados a fortalecer las polític=
as
públicas y las acciones implementadas en el país a través de la Comisión
Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, en conjun=
to
con el Comité del INPC y las sanciones establecidas en el COIP, persiste el
peligro de que el patrimonio cultural de Ecuador siga expuesto a grupos
delictivos organizados que encuentran en esta actividad ilícita una fuente
importante de ingresos económicos.
Conflicto de intereses
Los a=
utores
declaran no tener conflictos de interés.
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Bibl=
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