Mínima intervención penal en los delitos de bagatela en el cantón Cuenca-Ecuador

Minimum crimin= al intervention in trifle crimes in the canton of Cuenca-Ecuador

¹	Juan Pablo Naranjo Vintimilla	https://orcid.org/0000-0001-5060-2139
	Universidad Católica de Cuenca (UCC), Cuenca, Ecuador abg.juanpablonv@outlook.com
²	José Luis Vázquez Cal= le	https://orcid.org/0000-0003-1809-1601
	Universidad Católica de Cuenca, Cuenca, Ecuador jlvazquezc@ucacue.edu.ec

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	Artículo de Investigación Científica y Tecnológica Enviado: 11/05/2022 Revisado: 26/06/2022 Aceptado: 05/07/2022 Publicado:18/08/2022 DOI: = ;https://doi.org/10.33262/ap.v4i3.1.253

Cítese:		Nara= njo Vintimilla, J. P., & Vázquez Calle, J. L. (2022). Mínima intervención penal en los delitos de bagatela en el cantón Cuenca-Ecuador. AlfaPublicaciones, 4(3.1), 278–297. https://doi.org/10.33262/ap.v4i3.1.2= 53
		ALFA PUBLICACIONES, es una Revista Multidisciplinar, Trimestral, que se public= ará en soporte electrónico tiene como misión contribuir a la &nbs= p; formación de profesionales competentes con visión humanística y crí= tica que sean capaces de exponer sus resultados investigativ= os y científicos en la misma medida que se promueva mediante su intervención cambios positivos en la sociedad. https://alfapubli= caciones.com <= span style=3D'font-size:8.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman",s= erif; mso-fareast-font-family:Calibri'>La revista es editada por la Editorial Ciencia Digital (Editorial de prestigio registrada en la Cámara Ecuatoria= na de Libro con No de Afiliación 663) www.celibro.org.ec
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Palabras claves: delito, bagatela, proceso, estado, fisca= lía, mínima intervención.		Resumen El presente estudio se realizó con la finalidad de analizar críticamente la aplicabilidad del principio de mínima intervención penal en los delitos de bagatela por parte de los operadores= de justicia y su incidencia en la carga procesal de las unidades penales del cantón Cuenca. Para ello desde un enfoque cualitativo, se planteó una revisión bibliográfica complementada datos sobre la judicialización de delitos de bagatela y la carga procesal. Se justificó teóricamente la necesidad de masificación de proce= sos alternativos de solución de conflictos en los delitos de bagatela en aplicación del principio de mínima intervención penal.<= /span>
Keywords:= crime, trifle, proces= s, state, prosecutor's office, minimal intervention.		Abstract This study is conducted to analyze the applicability of the princi= ple of minimum criminal intervention in Trifle crimes by justice operators and its impact on the procedural burden of criminal units in the province of Azuay, specifically in the Cuenca canton. For this, the study will be car= ried out in several phases that allow, in the first place, to provide a theoretical foundation in accordance with the doctrine, examine the statistics of prosecution of Trifle crimes and the procedural burden of t= he Cuenca criminal units, specify the alternative processes of solution of viable conflicts in application of the Principle of Minimum Criminal Intervention to, finally, determine the incidence of the complaints of tr= ifle or minor crimes on the procedural burden of the flagrante delicto criminal units of the province of Azuay, specifically in the Cuenca canton . From = the methodological point of view, it is a mixed study (qualitative and quantitative), descriptive, explanatory, transversal that will conduct a legal analysis and apply the inductive-deductive method. =

Introducción

La presente investigación se refiere al tema de mínima intervención = penal en los delitos de bagatela, incidiendo de forma importante en la carga proc= esal de juzgados y Fiscalía, debido a que su tratamiento actual no se lo realiza= desde el principio de mínima intervención penal sino con la carga punitiva especificada en el Código Orgánico Integral Penal.

En este particular, es necesario entender que los delitos de bagatel= a se caracterizan por ser tipos penales menores, cuyo nivel de afectación no gen= era dańos o lesiones graves ni representan un peligro para la sociedad, por lo = cual pueden ser tratados de otra forma alterna a lo establecido en la norma pena= l en virtud de contribuir con la descongestión del sistema judicial y mejorar los procesos.

Para entender esta situación conviene hacer referencia no sólo a las causas, sino a los efectos que produce. Una de ellas, el resultado de un conjunto de factores relacionados con la educación, la cultura, la economía= , la política y lo social, pues se trata de una realidad donde existe impunidad,= los procesos fiscales no resultan eficientes y prevalece una descomposición soc= ial progresiva que va de la mano con la pobreza, pues provocan el cometimiento = de una serie de delitos menores, quizá con el fin de satisfacer alguna necesid= ad suya o de algún miembro de la familia.

Existen personas que se han dedicado al robo o hurto de objetos y también al abigeato, tipos penales que posiblemente no son de conmoción soc= ial o de gran valor, pero están penados en el Código Orgánico Integral Penal vigente, sin embargo, se cree que demandan otro tipo de salidas que permitan hacer justicia y sobre todo reparen los dańos a la víctima de forma oportun= a y eficiente. Con un Estado punitivo = y el cometimiento de delitos menores se han generado consecuencias para el siste= ma de justicia y sobre todo carcelario, provocando de esta manera el hacinamie= nto en las cárceles y un sistema judicial colapsado por la cantidad de procesos= (Human Rights Watch, 2020).

El proceso penal ecuatoriano busca ser garante de los derechos de libertad que= no sólo enuncia la Constitución, sino el derecho internacional, especialmente cuando no se ha demostrado la culpabilidad al tiempo que se busca satisfacer los intereses del Estado en la aplicación del ius puniendi, y asegurar el derecho de reparación a la víctima (Cańar, 2010).

El Estado ecuatoriano ha institucionalizado al principio de mínima intervención penal como un medio para garantizar los derechos del ciudadano y así evitar= llegar a instancias mayores ante un delito carente de relevancia. = Los delitos que son de bagatela deben tener un tratamiento especial, ya que no = sólo desde el punto de vista jurídico, sino también social que no representan una amenaza para la ciudadanía, por tanto, no demandan acciones como es el caso= de los delios mayores.

De ahí que, para solucionar este tipo de conflictos que son de poco interés, no se precisa aplicar las mismas medidas que en los casos de delit= os mayores, pues sería oportuno y más eficiente utilizar mecanismos extra pena= les de solución de conflictos, como acuerdos entre las partes y no necesariamen= te con pena privativa de libertad, que en la mayoría de las situaciones no satisfacen las necesidades de la sociedad, donde la mayoría de las veces las personas víctimas de dichos delitos (de bagatela) buscan una restitución del bien sustraído.

Por tanto, la investigación de esta problemática surge del interés p= or conocer el principio de intervención mínima en el marco de su aplicabilidad en el sistema judicial ecuatoriano en los delitos de bagatela, los procesos alternativos de solución de conflictos viables y la incidencia que este tip= o de situaciones tienen sobre la carga procesal de las unidades penales de flagrancia del cantón Cuenca. Esto permitió entender que existen otras form= as de resolver los conflictos que se generan tras el cometimiento de los delit= os menores atendiendo a la normativa ecuatoriana actual y las instituciones jurídicas pertinentes para hacerlo.

En el ámbito profesional, es un estudio que invita a reflexionar ace= rca del uso efectivo de la norma desde el reconocimiento de la situación actual= y lo que significa para el Estado no sólo en carga procesal sino en tiempo y beneficio para las personas afectadas. En este contexto, el Estado y los operadores de justicia son los responsables de establecer los canales pertinentes para sancionar los ataques por la vía penal de acuerdo con el nivel de gravedad y las implicaciones sociales que este genera, puesto que existen delitos no graves en que son aplicables otros mecanismos para proteger los derechos de ambas partes (víctima y procesado).

Por tanto, el presente estudio tiene como finalidad fundamentar teóricamente los delitos de bagatela y el principio de mínima intervención; examinar las estadísticas de la judicialización de los delitos de bagatela y la carga procesal de las unidades penales en Cuenca-Ecuador, especificar los proceso= s facultativos de solución de controversias viables en aplicación del principio de mínima intervención penal, determinar la incidencia de las denuncias de bagatela o= de delitos menores sobre la carga procesal.

Para ello, el trabajo se realiza presentando en la primera parte, los principales enunciados que fundamentan el estudio desde el punto de vista teórico y doctrinario, profundizando en el delito de bagatela, la mínima intervención penal y el principio de insignificancia como aspectos fundamentales de la investigación.

Posteriormente, se hace un enunciado metodológico para dar cuenta de la forma en que será abordado el trabajo considerando el carácter descriptivo de la investigació= n; asimismo, se presentan los resultados del análisis realizado y, finalmente = las conclusiones más destacadas a las que se llegó tras el proceso investigativ= o y analítico.

Los delitos de bagatela, una perspectiva crítica=

De forma general se pueden conceptualizar como aquellas conductas punibles de poca relevancia para el derecho penal, pueden ser de modalidad dolosa o culposa, es decir se trata de un ataque al bien jurídico que posiblemente no necesite intervención penal (Gomes, 2012). En ese mismo sen= tido se puede seńalar que son infracciones cuyos hechos denotan aspectos característicos tales como poco desvalor de la acción y mínima culpabilidad= que le hacen considerar el no merecimiento de la pena, lo cual exige que muchas veces se reconsidere la estrategia procesal debido a que, en la resolución = del conflicto, en muchos casos, pueden resolverse por vía incluso, administrati= va (Quintino, 2021). =

En esa misma perspect= iva se definen como “ataques o conductas de carácter irrelevante a cualquier bi= en jurídico que no necesitan de intervención penal” (Gomes, 2012, p.1). Al respecto, se puede mencionar = que estos tipos penales representan un conflicto, pues deben examinarse junto c= on el principio constitucional de proporcionalidad de las penas, el que obliga= a ponderar y valorar la gravedad de la conducta, el bien jurídico protegido y= las consecuencias jurídicas a imponer (Mancera, 2016).

Cabe recalcar que muchos de los delitos considerados como de bagatel= a, son tan insignificantes que, mal se podría condenar a la persona con privac= ión de libertad, ya que muchas de las veces el agente que recibió la violación = de derechos no está conforme con el encierro del agresor, sino más bien con qu= e se restituya el bien que sufrió el agravio.

La doctrina establece= que este tipo de delitos se pueden clasificar como: bagatela propia, entendidos como aquellos que carecen de relevancia en el derecho penal porque no hay desvalor de la acción (la conducta no es peligrosa) o en el resultado (esto= es, no se trata de un ataque grave al bien jurídico).<= /p>

También se reconocen = como delitos de bagatela impropia, siendo aquellos que contienen relevancia para= el derecho penal, en el cual se comprueba posteriormente que, en ese caso resu= lta innecesaria la aplicación de una pena, conjugado con el principio de irrelevancia penal= del hecho (Erazo & Narváez, 2020). Según un análisis del COIP, en dicho cuerpo leg= al existen alrededor de 89 conductas antijurídicas calificadas como delitos de bagatela, delitos que no superan los 3 ańos de pena privativa de libertad (= tabla 1).

Tabla 1

Delitos menores de 3 ańos calificados como deli= tos de bagatela

N°	Articulo C= OIP	Delito	Pena<= /o:p>
1	163	Simulación= de secuestro	6 meses – = 2 ańos
2	167	Estupro	1-3 ańos
3	168	Distribuci= ón de material pornográfico	1-3 ańos
4	176	Discrimina= ción	1-3 ańos
5	177	Actos de o= dio	1-3 ańos
6	178	Violación = a la intimidad	1-3 ańos

Tabla 1

Delitos menores de 3 ańos calificados como deli= tos de bagatela (continuación)

N°	Articulo C= OIP	Delito	Pena<= /o:p>
7	179	Revelación= de secreto	6 meses – = 1 ańo
8	180	Difusión de información de circulación restringida	6 meses – = 1 ańo
9	181	Violación = de propiedad privada	6 meses - = 1 ańo
10	182	Calumnia	6 meses – = 2 ańos
11	183	Restricció= n a la libertad de expresión	6 meses – = 2 ańos
12	184	Restricció= n a la libertad de culto	6 meses – = 2 ańos
13	187	Abuso de confianza	1-3 ańos
14	188	Aprovecham= iento ilícito de servicios públicos	6 meses – = 2 ańos
15	190	Aprobación fraudulenta por medio electrónicos	1-3 ańos
16	191	Reprograma= ción o modificación de información de equipos o terminales móviles	1-3 ańos
17	192	Intercambi= o, comercialización o compra de información de equipos terminales=	1-3 ańos
18	193	Reemplazo = de identificación de terminales móviles	1-3 ańos
19	194	Comerciali= zación ilícita de terminales móviles	1-3 ańos
20	195	Infraestru= ctura ilícita	1-3 ańos
21	196	Hurto=	6 meses – = 2 ańos
22	199	Abigeato	1-3 ańos
23	200	Usurpación=	6 meses – = 2 ańos
24	202	Receptació= n	6 meses – = 2 ańos
25	204	Dańos a bi= en ajeno	2-5 meses<= o:p>
26	206	Quiebra	1-3 ańos
27	208	Ocultamien= to y otros actos fraudulentos en beneficio del fallido	6 meses – = 2 ańos
28	211	Supresión, alteración o suposición de la identidad y el estado civil	1-3 ańos
29	212	Suplantaci= ón de identidad	1-3 ańos
30	218	Desatención servicio de salud	1-3 ańos

Tabla 1

Delitos menores de 3 ańos calificados como deli= tos de bagatela (continuación)

N°	Articulo C= OIP	Delito	Pena<= /o:p>
31	222	Siembra o cultivo	1-3 ańos
32	224	Prescripci= ón injustificada	1-3 ańos
33	229	Revelación ilegal de base de datos	1-3 ańos
34	235	Engańo al comprador respecto a la identidad o calidad de las cosas o servicios vend= idos	6 meses a = 1 ańo
35	236	Casinos, s= alas de juego, casas de apuestas o negocios dedicados a la realización de jueg= os de azar	1-3 ańos
36	237	Destrucció= n de bienes al patrimonio cultural	1-3 ańos
37	239	Falsificac= ión o adulteración de bienes del patrimonio cultural	6 meses – = 1 ańo
38	241	Impedimento limitación del derecho a huelga	2-6 meses<= o:p>
39	262	Paralizaci= ón del servicio de distribución de combustible	6 meses – = 1 ańo
40	263	Adulteraci= ón de la calidad o cantidad de productos derivados de hidrocarburos, gas licuad= o de petróleo o biocombustibles	1-3 ańos
41	264	Almacenami= ento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal o mal uso de productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo o biocombin= ados	1-3 ańos
42	245	Invasión d= e áreas de importancia ecológica	1-3 ańos
43	247	Delitos co= ntra fauna y flora silvestres	1-3 ańos
44	253	Contaminac= ión del aire	1-3 ańos
45	254	Gestión prohibida o no autorizada de productos, residuos, derechos o sustancias peligrosas	1-3 ańos
46	255	Falsedad u ocultamiento de información ambiental	1-3 ańos
47	269	Prevaricat= o de las o los abogados	1-3 ańos
48	270	Perjurio o= falso testimonio	1-3 ańos <= o:p>
49	271	Acusación o denuncia maliciosa	6 meses a = 1 ańo
50	272	Fraude pro= cesal	1-3 ańos
51	273	Revelación= de identidad de agente encubierto, informante, testigo o persona protegida	1-3 ańos
52	274	Evasión	1-3 ańos
53	275	Ingreso de artículos prohibidos	1-3 ańos
54	276	Omisión de denuncia por parte de un profesional de la salud=	2-6 meses<= o:p>

Tabla 1

Delitos menores de 3 ańos calificados como deli= tos de bagatela (continuación)

N°	Articulo C= OIP	Delito	Pena<= /o:p>
55	282	Incumplimi= ento de decisiones legítimas de autoridad competente<= /p>	1-3 ańos
56	283	Ataque o resistencia	6 meses – = 2 ańos
57	284	Ruptura de= sellos	1-3 ańos
58	287	Usurpación= o simulación de funciones públicas	1-3 ańos
59	288	Uso de la = fuerza pública contra órdenes de autoridad	1-3 ańos
60	290	Delitos co= ntra los bienes institucionales de la Fuerza Armada o la Policía Nacional=	6 meses – = 1 ańo

Fuente: Ávila (2015), Código Orgánico Integral Pena

Como se puede entende= r, estos delitos se relacionan directamente con el principio de insignificancia, refiriendo que cuando se acude a este principio es por la existencia de un problema de necesidad y proporcionalidad de la pena (Posada et al., 2015), radicando en esta base su importancia para el derecho penal y necesidad de estudio crítico.

El principio de insignificancia en los delitos de bagatela

En esta línea de los delitos leves, se debe hablar sobre un concepto fundamental que entra en ju= ego como es el principio de insignificancia, que permite excluir de la intervención del sistema penal a aquellas conductas que, por = su escasa trascendencia social o insignificante afectación a bienes jurídicos protegidos, no justifican el despliegue del aparato estatal.

Posiblemente este surge como una derivación del principio de prop= orcionalidad, y se nutre de los principios de última ratio, mínima intervención y lesivid= ad. Por lo demás, se ha sostenido que casi todos los tipos penales que admiten<= /span> lesiones graduables permiten concebir actos que= sean insignificantes; lo mismo cabe decir de los tipos de peligro (Zaffar= oni et al., 2006). =

En este sentido, se afirma además que el principio de insignificancia está estrechamente ligado con el de proporcionalidad, ya que si el acto antijurí= dico cometido no tiene cierta trascendencia en la sociedad mal se podría aplicar= una pena restrictiva de libertad, considerando que esta pena afectaría en un ma= yor grado a la persona infractora, castigándole de una manera muy severa. Ademá= s, este principio habla de que, los actos delictivos leves, se pueden excluir = del sistema penal, pero no dejando de corregirlos y utilizando la aplicación de medios alternativos de solución de conflictos (

Investigaciones anteriores han considerado como un punto importante el estudio de la mínima intervención penal en delitos considerados como de bagatela, delitos que qu= izá no tienen su importancia en comparación de otros. Siguiendo esta línea Roxi= n (1997), presentaron un análisis sobre el tratamiento que le otorga el sistema de justicia a los delitos considerados como de bagatela o delitos también considerados como menores, en su análisis se refiere que el sistema de just= icia ecuatoriano da un tratamiento inadecuado a estos delitos, que más allá de u= na pena privativa de libertad no busca soluciones para la terminación del cometimiento de los mencionados delitos.

Por ello, es necesario entender que no es suficiente apegarse a las soluciones dogmáticas desde el resultado de una primera aproximación que circunscriba un hecho en un tipo penal, sino que se requiere de un análisis que sea razonable desde la lesiv= idad concreta, su significancia social atendiendo a la tipificación de conductas= y las reales afectaciones causadas (Morena, 2020). Por tanto, en estos casos = es importante considerar la proporcionalidad entre la lesión que se genera y la pena que le hace justicia, pues muchas veces la consecuencia en la órbita d= el poder punitivo del Estado es desproporcional a la afectación real (Eraso, 2016).

En ese mismo orden de ideas, se puede seńalar que la teoría del principio de intervención mínima está integrada por tres postulados fundamentales, por una parte, el respeto al carácter “fragmentario” del Der= echo Penal; por otro lado, su consideración como “última ratio”, y, por último, = la naturaleza “accesoria” del mismo derecho penal. En este caso, cuando se abo= rda el principio de insignificancia para resolver los delitos de bagatela, se b= usca delimitar los criterios interpretativos de los tipos penales en el marco de= la legalidad y la fragmentariedad (Quintino, 2021). <= /p>
En consecuencia, Bovino (2017) indica respecto a la decisión de priv= ar a un inocente de su libertad que esta persona debe representar un peligro procesal y no “de la verificación de la sospecha sustantiva, en ese mismo sentido Ferrajoli (2001), cuestiona la legitimidad de la finalidad de la prisión preventiva y reconocer que las únicas justificaciones aceptadas por= la doctrina y la jurisprudencia son las de peligro de alteración de pruebas y peligro de fuga” (p.556).

De esta forma se justifica la relevancia del principio de insignificancia para el derecho penal y para aquellos tipos penales leves c= omo son los de bagatela, los que, desde una perspectiva de derechos, requieren = un tratamiento distinto al resto de infracciones. Razonamiento que se articula= con el de la mínima intervención penal que será abordado a continuación.

La mínima intervención penal y su relación con los delitos de bagatela

El principio de mínima intervención penal implica la intervención mí= nima que tiene el Estado para juzgar los delitos, los mismos que bien se podrían solucionar con acuerdos extra penales entre las partes, evitando el desgaste del sistema judicial (Erazo & Narváez, 2020), es decir el Estado median= te su aparataje jurídico penal debería intervenir solo cuando los mecanismos e= xtra penales no satisfagan las necesidades de la sociedad, cuando los delitos se= an tan graves que merezcan la intromisión del derecho sancionador con penas privativas de libertad, de lo contrario se podrían utilizar vías civiles o administrativas, o medios alternativos de solución de conflictos (Bernal et al., 2019).

Es un término relacionado al ius puniendi oficial que establece la necesidad de dividir la acción pen= al, estimar los bienes jurídicos por resguardar, administrar la sanción hacia l= os dańos graves que se ejerzan sobre importantes bienes jurídicos y actuar sól= o en casos donde otras herramientas jurídicas no sean efectivas (Villavicencio, 2017). Esto, siempre en beneficio = de la seguridad jurídica, la libertad y las paz, todo esto por ser el derecho pen= al una herramienta que priva o condiciona el goce de derechos fundamentales y restringe la libertad (= Erazo & Narváez, 2020)= .

Las personas responsables de la justicia en Ecuador son quienes brin= dan alternativas de solución de forma oportuna enmarcadas en principios de celeridad y mínima intervención penal, por lo tanto, estos encargados de la justicia dicen que no existen delitos de poca importancia, la insignificanc= ia se distingue en hechos que no vulneran el bien jurídico (Erazo & Narváe= z, 2020).

Este principio de mínima intervención insta la necesidad de limitar = la oficiosidad de la ley penal, usándola solo para situaciones graves que no pueden ser in= quiridos por otros mecanismos, para este principio se encuentra para ciudadanos tant= o el ofendido como el procesado logrando con esto un equilibrio a los procesados= (Sambache, 2019).

Conforme a este principio, se debe restringir al máximo la intromisi= ón en la solución de conflictos, únicamente usarlo cuando hay serias vulneraci= ones de derechos, o cuando las leyes u ordenamientos extrapenales no reparen el = dańo causado, es decir, que “no debe actuar cuando existe la posibilidad de util= izar otros medios o instrumentos jurídicos no penales para restablecer el orden jurídico” (Hernández, 2018, p.277).

La Corte Constitucional ha emitido varios criterios sobre la mínima intervención penal en el sistema de justicia, entre ellos el que se seńala = en la sentencia N°2706-16-EP/21 sobre principio mencionando sus dos consecuenc= ias, “la primera al ámbito de acción del Derecho Penal, y la segunda, concerniente a la proporcionalidad de las medidas punitivas” (Corte Interamericana de Derechos Penales, 2005, p.6).

En lo que respecta al ámbito de acción del Derecho Penal, indica que las instituciones del sistema penal con base en este principio sólo pueden activarse a partir de la verificación de inexistencia de otras ramas del Derecho y vías procesales q= ue resulten tan oportunas que las del Derecho Penal para tutelar el bien juríd= ico lesionado. En cuanto a la proporcionalidad de las medidas punitivas, este principio exige que las medidas cuyo efecto sea restrictivo en términos de libertad de las personas procesadas o sentenciadas, o limitar otro tipo de derechos humanos, sean idóneas, necesarias y proporcionales (Corte Interamericana de Derechos Penales, 2005).

En consecuencia, se c= ree que el uso del principio de mínima intervención penal ha sido insuficiente = por parte de los administradores de justicia que generan la impresión de no con= ocer los beneficios que aporta dicho principio no sólo para la sociedad, sino también para el Estado y el procesado. De acuerdo con múltiples investigaci= ones que se han realizado en esta materia, se ha constatado que la aplicación de este principio constituye una salida alternativa al conflicto penal que se = vive actualmente en Ecuador en cuestión penal porque representa una solución ági= l y oportuna, legal y de calidad que favorece a todos los involucrados en este = tipo de situaciones.

La necesidad de alternativas en los delitos de bagatela<= /span>

En Ecuador existen procedimientos especiales que no son más que aque= llos métodos simplificados y abreviados y que los mismos terminan en sentencia, declarando la culpabilidad o ratificando la inocencia del procesado. Estas salidas alternativas tienen como fin flexibilizar, agilizar y economizar el sistema de justicia, ya que permiten gestionar en forma temprana las denunc= ias, dando respuestas inmediatas a las víctimas, por otra parte, racionalizando = el trabajo de los operadores de justicia y diversificando las respuestas del Estado ante la criminalidad.

En ese mismo sentido, también existen las salidas alternativas para brindar una justicia penal efectiva, eficiente, humana para los usuarios del sistema. Entre los medios alternativos de solución de conflictos tenemos a = la conciliación, misma que está establecida en el Art. 663 del Código Orgánico Integral Penal cuya aplicación debe ser analizada junto con el principio de insignificancia, con el de mínima intervención penal y con los delitos de bagatela.

Como ya se ha mencion= ado, los delitos de bagatela se caracterizan principalmente por el bajo e insignificante nivel de afectación social que estos generan, los cuales no resultan representativos y merecen un tratamiento distinto al que se aplica= en los casos de delitos más graves, pues no resultan ser un acto delictivo violento o que arriesgue la seguridad y vida de otras personas; por tanto, existen vías alternas a la judicialización que se pueden aplicar en estos casos entendien= do que la reparación integral de la víctima y la reinserción del procesado a la sociedad son dos objetivos fundamentales que se deben considerar al momento= de efectivizar los procedimientos que se ejecuten en estos casos.

Por tanto, vale la pe= na hacer referencia a algunos procedimientos que se encuentran especificados e= n el COIP y que pueden aplicarse en los casos de delitos de bagatela como una alternativa efectiva de solución que no afecte el sistema penal actual, es decir contribuyan con la economía procesal, la descongestión de carga de procesos judiciales en la Fiscalía e incluso en algunos casos se abuse de la prisión preventiva (tabla 2).

Tabla 2

Procedimientos para cumplir con el principio de mínima intervención= penal en delitos de bagatela

Procedimiento<= /p>

Artículo COIP<= /p>

Reglas de aplicación<= /span>

Procedimiento Abreviado

Artículo 635

Sanciones con pena máxima privativa de libertad de hasta 10 ańos.<= o:p>

Se puede proponer desde la audiencia de formulación de cargos hast= a la preparatoria de juicio.

La persona procesada deberá consentir su aplicación y admitir el h= echo que se le atribuye

Acreditación del consentimiento por parte del defensor<= /span>

La pena no podrá superar la sugerida por la o el fiscal.

Procedimiento Directo

La conciliación (judicial y extrajudicial)

Artículo 663, 664 y 665

Se realiza en un Centro de Conciliación extrajudicial autorizado p= or el Ministerio de Justicia

Este proceso es llevado a cabo por conciliador extrajudicial.=

La víctima y la persona investigada presentarán ante la o el fisca= l la petición escrita de conciliación

El plazo máximo para cumplir con los acuerdos de conciliación será= de ciento ochenta días

De esta forma se pued= e justificar que hay salidas oportunas a los delitos de bagatela que se cometen a diario, sin embargo, se considera que la más importante opción puede ser la concili= ación que vaya acompańada de una verdadera reparación integral que a más de solve= ntar el conflicto surgido entre las partes, permita en función del principio de insignificancia, y el de mínima intervención penal, que el Estado reconozca= una solución. Esto puede tener un efecto positivo en la carga procesal, sobre la presunta víctima y el victimario en lo que respecta a la reinserción social= y a la privación de la libertad.

La incidencia de las denuncias de bagatela o delitos menores sobre la carga pr= ocesal de las Unidades Penales de Flagrancia del cantón Cuenca. Marco metodológico=

= La presente investigación es de nivel descripti= vo, se desarrolla con enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo) cuyos métodos = de investigación aplicados fueron el inductivo- deductivo, histórico-lógico, analítico-sintético, dogmático y comparativo, además se usaron las técnicas= de fichaje, revisión bibliográfica y observación.

Para el análisis e interpretación de la informa= ción se utilizó el informe de rendición de cuentas de la fiscalía general de Cue= nca en los ańos 2020-2021. Conforme información remitida, durante el periodo del 0= 1 de enero al 31 de diciembre del ańo 2021 han ingresado a la Unidad Penal del cantón Cuenca, un total de 51.964 causas, entre delitos y contravenciones E= stos datos permitieron realizar una interpretación objetiva para llegar a conclusiones.

Judicialización de los delitos de bagatela y la carga procesal en cantón Cuenca<= /i>

A continuación, se presentan los datos obtenido= s de la fiscalía general del Azuay en relación con los delitos más comunes denunciados durante el ańo 2021 en virtud de identificar cuál de ellos representan delitos de bagatela y cuál es la proporción que representan en relación con el total de delitos denunciados (tabla 2). Los aspectos que se consideran para determinar si estos son o no de bagatela son: La lesividad,= es decir, las lesiones o dańos causados, su nivel de incidencia sobre la socie= dad y el riesgo que represente para ella, la condena penal máxima que establezc= a el COIP de acuerdo con el delito que constituye.

Tabla 3

Ranking de delitos denunciados= en la fiscalía general del Azuay 2021

Nombre del delito

Artículo COIP=

Cantidad. de denuncias

Bagatela

Pena máxima

Violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar

157.3

1942

NO

3 ańos =

<= /o:p>

Tabla 3

Ranking de delitos denunciados= en la fiscalía general del Azuay 2021 (continuación)

Nombre del delito

Artículo COI= P

Cantidad. de= denuncias

Bagatela

Pena máxima<= /span>

Robo cuando = el robo se produce únicamente con fuerza en las cosas

189

1395

NO

5-7 ańos

<= /o:p>

Intimidación=

22

1163

SÍ

-=

Estafa<= /o:p>

186

1128

NO

5-7 ańos

Hurto

196

1061

SÍ

6 meses a 2 = ańos

Robo

189

999

NO

5-7 ańos

Dańos materi= ales

380

858

SÍ

-=

Abuso sexual=

170

371

NO

3-5 ańos

Lesiones causadas por accidente de tránsito

379-152=

368

NO

Hasta 7 ańos=

Incumplimien= to de decisiones legítimas de autoridad competente (violencia intrafamiliar)=

282

344

NO

De 1-5 ańos<= o:p>

Dańo a bien ajeno

204

343

SÍ

2-6 meses

Violación

171

301

NO

22-26 ańos

Abuso de confianza

187

276

SÍ

1-3 ańos

Incumplimien= to de decisiones legítimas de autoridad competente<= /span>

282

272

NO

De 1 -5 ańos=

Suplantación= de identidad

212

266

NO

1-3 ańos

Total de del= itos denunciados

11.086

Total de del= itos menores y de bagatela

3.701

Nota. La intimidación no se considera un delito, pero se asocia generalmente a la amenaza, en el COIP se trata como una cond= ucta penalmente relevante por su carácter generalmente coercitivo.

Si bien la fiscalía general reconoce como delitos de bagatela la intimidación,= el abuso de confianza, el abigeato y el dańo a bien ajeno (tabla 3), conviene atender también en este estudio aquellos delitos que, de acuerdo con el COI= P su condena máxima no excede a los 3 ańos ni generan dańos graves a la sociedad. Por tanto, del total de delitos menores denunciados durante el ańo 2021, al menos un 33% son considerados como delitos menores debido a que de acuerdo a lo contenido en el COIP (Código Orgánico Integral Penal), son delitos que no causan graves dańos a la socie= dad tales como el hurto cuya pena máxima privativa de libertad es de seis meses (Artículo 196 COIP); asimismo, se considera como bagatela el dańo a bien aj= eno cuya pena máxima es de seis meses (artículo 204 COIP) y que resulta suscept= ible de transacción.

En este orden de ideas, resulta oportuno hacer referencia a las instancias que llegó el proceso de denuncia presentada en virtud de entender la relevancia= de este tipo de delitos frente a otros más graves, pues la información revisada muestra que la mayoría de los casos fueron resueltos en la fase de investigación previa (tabla 3); asimismo, es de hacer referencia que del to= tal de causas procesadas que alcanzaron las 4.134, sólo 138 tuvieron sentencia condenatoria, lo que evidencia que existe una sobrecarga procesal en la Fis= calía que se puede resolver por otras vías debido a que los delitos no resultan s= er de mayor gravedad (Kraut, 2019).

Tabla 4<= /span>

Estado procesal de los delitos tramitados en el ańo 2021

Estado Procesal

Cantidad

Sentencias condenatorias

138

Archivos aceptados con resolución judic= ial

2.645

Procedimiento abreviado

115

Principios de oportunidad

789

Conciliaciones=

85

Procedimientos directos

89

Sobreseimientos

165

Suspensión condicional

12

Suspensión del proceso a prueba

14

Remisión fiscal

6

Sentencias absolutorias

76

Nota. Del total de conciliaciones, sólo una (1) se trató de un delito de bagatela relacionado con dańo a bien ajeno.

La may= oría de las denuncias realizadas ante Fiscalía por este tipo de delitos de bagat= ela tienen como característica principal el desconocimiento de los hechos por p= arte de quien realiza la noticia del delito, lo cual, según los informantes clav= es de las fiscalías especializadas de soluciones rápidas de la Fiscalía Provin= cial del Azuay proporcionaron, constituye una limitante para que se puedan establecer responsabilidades de las personas que cometen el delito, siendo = una causa significativa para que se genere sobrecarga de denuncias en los servidores de justicia quienes tienen que invertir mayor cantidad de recurs= os (tiempo, personal y dinero) para investigar la causa desde cero (figura 1).=

Figura 1<= /span>

Claridad en las descripciones = de los hechos en los delitos de bagatela presentadas en Fiscalías

= <= /o:p>



En consecuencia, se demuestra que los delitos denominados como bagatela que son sancionados con pena máxima de libertad de hasta tres ańos consti= tuyen un peso importante de la demanda existente en la carga procesal de dichas entidades; al mismo tiempo, permite demostrar que el tiempo impuesto como sanción da lugar a que puedan resolverse a través de mecanismos de solución= de conflicto por cuanto es aplicable el principio de mínima intervención penal= al que hace referencia el artículo 3 del COIP.

Co= nclusiones

·   &nb= sp;     En relación= a la aplicación de mínima intervención penal en los delitos de bagatela sin d= udar alguna la incidencia de los mismos es basta en la justicia, ya que constitu= ye un porcentaje alto de procesos que deben conocer tanto Fiscalía General del= Estado como las unidades penales, este caso de la provincia del Azuay, con la responsabilidad de dar una inmediata respuesta a la víctima, por lo que se encuentra afectando estos delitos no tan graves a otros delitos que si requieren mayor atención, sin menospreciar la conducta delictiva ni el dańo causado a la víctima.

·   &nb= sp;     Por otro la= do, el resultado de este análisis toca una parte fundamental al arrojar un porcentaje alto sobre los delitos denunciados y que quedan en investigación previa, siendo el principal motivo la falta de interés del denunciante y al trascurrir un ańo desde su denuncia   simplemente lo archivan. Claramente podemos concluir que estas denun= cias formarán parte de la cantidad de casos que quedan solo denunciados e indudablemente alzarán el porcentaje que incide en la sobrecarga procesal y= que está afectando el uso de los recursos por parte del Estado, que podría serv= ir para casos grandes de corrupción.

·&nb= sp;        Si bi= en las personas deben ser debidamente procesadas y sentenciadas por el acto delictivo en que incurren, existen medidas alternativas que contribuyen con= la descongestión procesal. Además, estas acciones también contribuyen con la sociedad al generar vías de reinserción y evitar que esa persona que cometi= ó un delito menor (producto de su situación específica) ingrese a un ambiente inhumano, corrupto y dańado que puede afectar su vulnerabilidad de forma negativa transformando esa situación inicial en las persona con mayores conductas delictivas que le convertirán cuando salga de la cárcel en un delincuente con mayor potencialidad criminal cuya peligrosidad se habrá incrementado.

·   &nb= sp;     Para finali= zar y como conclusión la cantidad de denuncias, la falta de pruebas y requisitos que exige la norma está generando una sobrecarga de procesos en los operado= res de justicia, lo que permite reflexionar respecto a la reforma de la ley en = este tipo de delitos menos graves, encaminados a un posible camino alternativo no judicializado como una mediación o un arreglo extrajudicial y que los operadores de justicia y fiscalía se encargue de otros delitos= más graves que requieren de toda gestión estatal.

·   &nb= sp;     Este reforma que se plantea tendría el mismo fin de un proceso judicializado, siendo este objetivo reparar a la víctima con el objeto que fue sustraído o vulnerado, siendo de importancia que la persona afectada se sienta satisfecha en poder recuperar su bien y por otro lado establecer políticas públicas para que el delincuente garantice la no repetición que contribuya en su verdadera rehabilitación social e reinserción social a la sociedad y que no ocurra lo= que en la actualidad pasa que le delincuente va directo a una escuela para mejo= rar y delinquir con profesión, siendo necesario este aspecto que dichas polític= as públicas garanticen fuentes de empleo, acceso a la educación de toda persona verdaderamente rehabilitada. =

&= nbsp;

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=

=

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&nb= sp;

=

=

Procedimiento<= /p>	Artículo COIP<= /p>	Reglas de aplicación<= /span>
Procedimiento Abreviado	Artículo 635	Sanciones con pena máxima privativa de libertad de hasta 10 ańos.<= o:p> Se puede proponer desde la audiencia de formulación de cargos hast= a la preparatoria de juicio. La persona procesada deberá consentir su aplicación y admitir el h= echo que se le atribuye Acreditación del consentimiento por parte del defensor<= /span> La pena no podrá superar la sugerida por la o el fiscal.
Procedimiento Directo
La conciliación (judicial y extrajudicial)	Artículo 663, 664 y 665	Se realiza en un Centro de Conciliación extrajudicial autorizado p= or el Ministerio de Justicia Este proceso es llevado a cabo por conciliador extrajudicial.= La víctima y la persona investigada presentarán ante la o el fisca= l la petición escrita de conciliación El plazo máximo para cumplir con los acuerdos de conciliación será= de ciento ochenta días

Nombre del delito	Artículo COI= P	Cantidad. de= denuncias	Bagatela	Pena máxima<= /span>
Robo cuando = el robo se produce únicamente con fuerza en las cosas	189	1395	NO	5-7 ańos <= /o:p>
Intimidación=	22	1163	SÍ	-=
Estafa<= /o:p>	186	1128	NO	5-7 ańos
Hurto	196	1061	SÍ	6 meses a 2 = ańos
Robo	189	999	NO	5-7 ańos
Dańos materi= ales	380	858	SÍ	-=
Abuso sexual=	170	371	NO	3-5 ańos
Lesiones causadas por accidente de tránsito	379-152=	368	NO	Hasta 7 ańos=
Incumplimien= to de decisiones legítimas de autoridad competente (violencia intrafamiliar)=	282	344	NO	De 1-5 ańos<= o:p>
Dańo a bien ajeno	204	343	SÍ	2-6 meses
Violación	171	301	NO	22-26 ańos
Abuso de confianza	187	276	SÍ	1-3 ańos
Incumplimien= to de decisiones legítimas de autoridad competente<= /span>	282	272	NO	De 1 -5 ańos=
Suplantación= de identidad	212	266	NO	1-3 ańos
Total de del= itos denunciados	11.086
Total de del= itos menores y de bagatela	3.701

Estado Procesal	Cantidad
Sentencias condenatorias	138
Archivos aceptados con resolución judic= ial	2.645
Procedimiento abreviado	115
Principios de oportunidad	789
Conciliaciones=	85
Procedimientos directos	89
Sobreseimientos	165
Suspensión condicional	12
Suspensión del proceso a prueba	14
Remisión fiscal	6
Sentencias absolutorias	76